Tras quince audiencias informativas y 738 expositores, el debate por la legalización del aborto llega a su recta final y el martes 12 se dará el dictamen en comisiones para que el 13 finalmente sea tratado en el recinto. Ayer se presentó un borrador que incluye nuevas figuras presentes en diversos proyectos y se espera que sumen los votos del grupo de diputados “indecisos”: veintiséis legisladores que serán claves a la hora de la votación.

“En estos dos meses hemos llegado a un consenso”, anunció la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, una de las primeras cuatro firmantes del proyecto presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, antes de leer el predictamen en el plenario de comisiones.

Si bien el eje central es el proyecto presentado por la Campaña, los veintidós artículos que leyó Donda tienen en cuenta algunas propuestas presentadas por los legisladores: cabe recordar que fueron nueve los proyectos con diferentes variables que contemplaban la interrupción voluntaria del embarazo. Las incorporaciones, de cara a una votación reñida, buscan generar más adhesiones para lograr la media sanción el 13 de junio en el recinto de la Cámara de Diputados.

“Los que tienen que actuar y ponerse de acuerdo son los diputados en un dictamen, que es lo que estamos debatiendo y poniendo en juego para lograr más firmas”, explicó a Contexto Jenny Durán, integrante de la Campaña.

“Presentamos un predictamen que toma como base el proyecto de la Campaña, que es el que reúne más cantidad de firmas de diputados y diputadas de todos los bloques. Este tiempo fuimos haciendo un análisis comparativo de esa iniciativa con el resto de los proyectos e incluimos algunas cuestiones que planteaban como necesarias algunos legisladores para acompañar con su voto”, dijo a Contexto la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, firmante como coautora.

Macha, junto con Donda, Brenda Austin (UCR) y Del Pla (FIT), son las cuatro diputadas que figuran como autoras del proyecto de la Campaña, que reúne en total la firma de 72 legisladores y el apoyo de al menos treinta más (ver aparte). Según la referente de Unidad Ciudadana, estos cambios que incluyen las figuras de objeción de conciencia y consejerías, “pueden lograr tener un mayor acompañamiento que nos permita llegar a la media sanción”

El predictamen establece que se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la mujer o persona gestante “hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”, y que una vez solicitado el procedimiento la institución de salud lo deberá garantizar en el plazo de cinco días.

Pasada las catorce semanas, “se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente; b) si estuviera en riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.

Respecto de las menores de edad, uno de los puntos que dio que hablar en las exposiciones, el texto presentado en el artículo 5, pone especial énfasis en “que debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído”. El borrador detalla que si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de dieciséis años, “la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado”, y despejando dudas se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial: en esta normativa se presume que una persona entre trece y dieciséis años “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Si se trata de tratamientos invasivos, el Código Civil establece que “el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores”.

Una de las figuras que se incluyeron en el predictamen es la de “consejerías”, propuesta rescatada del proyecto de Daniel Filmus. Según el texto presentado, esta figura propone que, realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, “el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran” información adecuada, atención médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral antes y después del aborto y “acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos”, así como también garantizar el acceso a los mismos.

Quizá el artículo más reclamado en los proyectos presentados y en las exposiciones informativas fue el de la objeción de conciencia. Al respecto, el borrador establece que las instituciones de salud deben garantizar el derecho al aborto, a pesar de que en la institución haya “objetores de conciencia”. El profesional de salud “sólo podrá eximirse de esta obligación cuando haya manifestado su objeción previamente, de manera individual y por escrito, habiéndola comunicado a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece”. Es decir, se establece que la objeción nunca puede ser institucional y que aquellos médicos que se nieguen deben haberse manifestado en una suerte de registro.

A su vez, se agregaron modificaciones en el Código Penal a los fines de que sean sancionados aquellos que pongan trabas en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pautando de “seis meses a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto”. En el caso de que la mujer o la persona gestante no logre acceder a su derecho, la pena se eleva a cinco años.

Los indecisos, las figuras claves

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llega con los votos contados. A favor se han manifestado 113: 34 diputados de Cambiemos, 52 del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana, 8 de Argentina Federal, 5 del Movimiento Evita-Libres del Sur, 4 de Evolución, 3 del Frente de Izquierda, uno monobloque y 6 del Frente Renovador-Una.

En contra son 117: 64 de Cambiemos, 8 del Frente para la Victoria, 20 de Argentina Federal, 13 del Frente Renovador-UNA, 5 del Frente Cívico por Santiago, 4 de Unidad Justicialista y 3 monobloques.

Queda un sector de veintiséis “indecisos” que inclinarán la balanza. Uno de ellos es el diputado oficialista Mario Negri, quien, si bien no aseguró su voto a favor, sus recientes declaraciones lo llevarían a acompañar el proyecto. “No debe ser visto a la luz de un tema religioso o político”, dijo el radical cordobés, y agregó que “la criminalización” de la mujer “también es un tema que ha fracasado”.

La massista Mirta Tundis, quien aseguró haber tenido “un pasado provida”, sostuvo que decidirá su voto con el dictamen en mano, pero que está “más a favor que en contra”. El otro massista que no se ha definido es Fernando Asensio, quien hasta ayer manifestó estar escuchando las diferentes posturas.

Quienes no se han manifestado aún sobre su posición dentro del oficialismo son nueve: el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, Héctor Stefani (Tierra del Fuego), Hernan Berisso (Buenos Aires), Álvaro González (Capital Federal), Sofía Brambilla (Corrientes), Facundo Garreton (Tucumán), Daniel Kroneberger (La Pampa), Atilio Benedetti (Entre Ríos) y Hugo Marcucci (Santa Fe).

Argentina Federal tiene cinco legisladores indecisos: Javier David (Salta), Sergio Zilliotto (La Pampa), Melina Delú (La Pampa), Veronica Derna (Misiones) y Flavia Morales (Misiones).

El Frente para la Victoria tiene cinco en duda: tres bonaerenses –Fernando Espinoza, María Isabel Guerin y Abel Furlan– y dos formoseños –Ines Lotti y Gustavo Fernández Patri–.

El socialista por Santa Fe Luis Contigiani ha manifestado su postura en contra, sin embargo, un informe de La Nación lo pone dentro de los indecisos. Es que desde su propio partido piden que acompañe el proyecto, por lo que se estipula que podría cambiar de opinión. En tanto, los monobloques de Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago), Gustavo Saadi (Elijo Catamarca) y Alejandro Ramos (Primero Santa Fe) no se han pronunciado al respecto.

El escenario queda con un resultado parejo: 113 a favor, 117 en contra y 26 indecisos que definirán la votación. Con los cambios logrados en comisiones, se espera que algunos de ellos se incline a acompañar el proyecto.

“No votar la legalización implica sostener una situación de clandestinidad y de inseguridad”, dijo Macha, quien llama a los diputados a votar el proyecto. “Si avanzamos con la legalización, podemos tener un espacio de acompañamiento a las mujeres para que puedan tomar sus decisiones, y si su decisión es interrumpir el embarazo voluntariamente estamos salvando la vida de las mujeres”, agregó.