La última semana de mayo y el primer día de junio marcaron una semana “larga” en la cual unos pocos hechos de carácter fundamental, como si fueran una metáfora, representaron al vasto y complejo campo de las disputas de poder en la Argentina actual.

El viernes 25 de mayo, una imponente manifestación popular en la emblemática Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, y con réplicas en las principales ciudades de las provincias, convirtieron la celebración de la fecha patria en una expresión de protesta y repudio contra la política económica de Mauricio Macri y sus devastadoras consecuencias sociales, y contra el gobierno en general. “La Patria está en peligro” fue la consigna que resumió la convocatoria.

En particular, el foco estuvo puesto en repudiar el regreso al país del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución rectora destinada a la vigilancia económica planetaria para garantizar los intereses del capitalismo trasnacionalizado, y a la cual la memoria colectiva sobre la historia reciente argentina relaciona con la decadencia nacional del último cuarto del siglo XX, que derivó en el estallido de diciembre de 2001.

ese activismo de los poderes de facto en el cierre de la semana fue una represalia contra la creciente participación y organización de la sociedad civil para oponerse al avasallamiento de sus derechos y a la devastación del país.

Unos días después, el miércoles 30, en el Senado se alcanzó de forma excepcional en los últimos dos años y medio una mayoría contraria a la voluntad del gobierno de Mauricio Macri. De esa manera, se convirtió en ley el proyecto, que antes había sido aprobado por la Cámara de Diputados, para frenar el último tarifazo. La ley no tuvo efecto práctico: como lo venía anunciando, Macri la anuló a las pocas horas ejerciendo la atribución jurídica denominada “veto presidencial”.

Mientras tanto, ya desde el lunes 28, habían partido desde cinco puntos distintos del país los sectores populares agrupados dentro de los llamados “movimientos sociales”, organizaciones que en general expresan a los sectores del pueblo menos formalizados en su inserción en el sistema productivo, y por lo tanto más empobrecidos y más humillados por la injusticia social.

“Marcha Federal por Pan y Trabajo” fue, en este caso, la consigna colectiva que levantaron las decenas de miles de personas que se trasladaron desde los márgenes de la geografía nacional hacia el centro político del país. Los contingentes se proponían llegar a Buenos Aires el último día hábil de la semana.

Así fue, y el viernes 1º de junio, por segunda vez en ocho días, nuevamente centenares de miles de personas ocuparon el espacio público en la capital argentina. Esta vez la concentración multitudinaria fue en Plaza de Mayo y sus calles adyacentes. Los movimientos sociales que organizaron la marcha tuvieron apoyo de importantes sindicatos, referentes de derechos humanos, representantes políticos y otras personalidades públicas.

Desde el lado de quienes dominan las estructuras de poder tanto en el Estado como en las corporaciones –en resumen, la derecha ideológica que hoy manda en el país–, también terminaron la semana con intensa actividad. Lo hicieron a partir de decisiones de su aparato judicial, sustentado en el submundo clandestino de las mafias del espionaje, y cuyas maniobras son luego amplificadas, legitimadas y propagandizadas por las maquinarias mediáticas que integran el mismo entramado de poderes de facto.

La operatoria del régimen gobernante tomó la forma de dos acciones simultáneas de ataque contra Cristina Kirchner. Uno: emitir un fallo judicial que dice que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron, y que ese crimen se debió a la acusación que él había hecho unos días antes contra la entonces presidenta por el memorándum de entendimiento que el gobierno acordó en su momento con la República Islámica de Irán para esclarecer el ataque terrorista contra la AMIA en el año 1994. Dos: promover, a través de senadores del oficialismo, que le sean quitados los fueros parlamentarios a la líder del kirchnerismo para que vaya presa, como ordenó el “juez” Claudio Bonadio.

Gobierno sin eficacia

Ese activismo de los poderes de facto en el cierre de la semana fue una represalia contra la creciente participación y organización de la sociedad civil para oponerse al avasallamiento de sus derechos y a la devastación del país, fenómeno expresado en las dos grandes movilizaciones antes mencionadas y en la presión que sintieron los senadores de la oposición oficialista para –por una vez– sumar su voto a favor de los intereses generales de la sociedad y permitir así que se formara mayoría para sancionar la ley antitarifazo.

Pero un análisis más detallado del accionar de la derecha comprueba que está obligada a atacar más desde sus poderes corporativos que desde el propio gobierno. Su ofensiva es a través de jueces y fiscales, que a su vez basaron el dictamen en un peritaje de Gendarmería, fuerza federal que depende de Macri (los trabajos periodísticos más rigurosos y esclarecedores sobre la investigación de la muerte de Nisman fueron realizados en estos años por el periodista Raúl Kollmann y publicados en Página/12. Una de sus notas, del 17 de noviembre del año pasado, detalló minuciosamente el contenido de ese peritaje).

La necesidad de acudir a jueces y fiscales para perseguir a la principal figura política de la oposición y provocar un contraataque frente a la movilización social cada vez más intensa y más articulada entre los múltiples sectores que representan los intereses populares es demostrativa de que el gobierno no tiene nada que ofrecer a la población como para ganar adhesiones, apoyos o simpatías. Por el momento al menos, la gestión oficialista carece de “cartas ganadoras” para recuperar respaldos que antes tuvo en la sociedad.

Eso significa que la derecha está representada en el gobierno que preside Macri, pero ese gobierno perdió eficacia. Porque desperdició una parte considerable de su capital político y de su legitimidad en las bases electorales que lo apoyaron cuando ganó en 2015 y en los comicios parlamentarios de 2017.

Sus decisiones se destacan sólo por unos pocos rasgos, todos negativos para su propia estrategia de poder –además de ser tremendamente perjudiciales para la población–: tarifazos, endeudamiento del Estado, rebaja del poder adquisitivo de las jubilaciones frente a la inflación, paralización de obras públicas. Esas son, últimamente, las únicas “medidas” del gobierno nacional.

Si a eso se suma que desde fines de abril la propia clase capitalista –que es el núcleo del bloque de poder dominante, y a cuyos intereses el macrismo y el resto del régimen gobernante representan– desestabilizó políticamente al oficialismo a través de maniobra financieras que provocaron la disparada del dólar y el descalabro de todas las variables económicas, se advierte que en este momento los pilares donde se asientan el control y la dominación sobre la sociedad argentina son las corporaciones.

Con un gobierno debilitado porque los resultados de su accionar de dos años y medio, y encima el ataque especulativo de los “mercados” (o sea, de los grandes capitalistas locales e internacionales), le han quitado legitimidad y consenso, y por lo tanto eficacia para imponer su voluntad, la derecha necesariamente tiene que actuar a través de sus inmensos poderes corporativos.

la derecha está representada en el gobierno que preside Macri, pero ese gobierno perdió eficacia. desperdició una parte considerable de su capital político y de su legitimidad en las bases electorales que lo apoyaron.

En consecuencia, otra vez ataca con la amenaza de cárcel para Cristina. Pero no sólo con eso, sino –en la misma operación política– con algo más inmediato y de carácter propagandístico disfrazado de noticia judicial: la intoxicación de la opinión pública con fantasías afiebradas y delirantes sobre el “asesinato” de Nisman y el carácter criminal del “pacto con Irán”, como le llama sistemáticamente la cadena Clarín, como recurso semántico para connotar un trasfondo sospechoso y truculento al Memorándum de Cooperación para esclarecer el atentado a la AMIA.

La mitad del año se aproxima, y el Mundial de Fútbol ocupará por varias semanas el centro del interés general y los espacios en los medios y en la comunicación digital. Esa situación será transitoria, y lo que después quedará en el estado de ánimo colectivo dependerá de los resultados que logre la selección argentina.

Por fuera de ese fenómeno excepcional y momentáneo, como se ha demostrado una vez más en los últimos días y con perspectivas de seguir así, la tensión principal de la lucha política y social en el país está planteada entre, por un lado, el ataque corporativo para sostener los intereses del bloque de poder dominante y, por otro, un amplio conjunto social que defiende sus propios intereses y sus derechos de una manera que se va gestando sobre la marcha y tiene resultados mejores o peores según los casos, pero que va ganando cada vez más participación popular y organización.