El conflicto desatado en la agencia de noticias estatal Télam tras el despido de dos trabajadores por orden del gobierno volvió a poner el foco en la situación que atraviesan los medios de comunicación y la posibilidad de acceso a la información ante las presiones políticas del macrismo. Tanto el entramado establecido entre el oficialismo con las principales empresas mediáticas de Argentina, como la mismísima persecución a sectores críticos del periodismo, han puesto en jaque la práctica profesional y la posibilidad misma de acceder a información fehaciente.

En el caso de Télam, los despidos de Ángel Jozami y Fernanda Arce (ambos profesionales de amplia trayectoria) fueron justificados por la empresa estatal por difundir información “errónea” en un cable que abordaba el vencimiento de Lebac, hecho que pondría en riesgo la “credibilidad del medio”. Según informaron a Contexto, el cable había sido aprobado por las autoridades que realizan estos controles.

El plan de lucha y asamblea permanente encabezado por los trabajadores de la agencia se profundizó ayer y desde el gremio coinciden en que estos despidos constituyen una muestra de escarmiento por parte del oficialismo. “Es inexplicable que se hayan realizado estos despidos. Puede ser una provocación, puede ser un intento de parte de las autoridades de la agencia para disciplinar a sus trabajadores”, dijo a Contexto el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Fernando Dondero. El gremialista ratificó que la asamblea decidió profundizar el reclamo y exigir, entre otros puntos, que se retroceda con esta medida “arbitraria e informal”, que se desbloquee la clave de acceso al portal (ya que lo consideran un lockout patronal) y presentar el repudio a directivos que “intentaron romper la medida de fuerza”.

Dondero: “Es inexplicable que se hayan realizado estos despidos. Puede ser una provocación, puede ser un intento de parte de las autoridades de la agencia para disciplinar a sus trabajadores”.

“Este gobierno está claramente direccionado a un achicamiento de voces, fruto de los cierres de medios y el amedrentamiento a medios opositores. Eso tuvo como pata fundamental la represión a la prensa en casos de marchas y manifestaciones. El 18 de diciembre del año pasado quedó muy claro”, expresó Dondero, quien agregó que durante 2017 hubo 45 trabajadores de prensa baleados y trece detenidos durante coberturas, sólo en C.A.B.A.

La sede de SIPREBA fue el espacio elegido ayer por la agencia de noticias ANRed para brindar información sobre los cuatro trabajadores de prensa que se encuentran procesados por cubrir la marcha por el primer mes de desaparición de Santiago Maldonado. La causa fue iniciada por el fiscal Germán Moldes, quien sostenía que “habrían simulado su condición de trabajadores de prensa” pese a que se encontraron cámaras y hasta chalecos que los identificaban como tales.

“Este Gobierno está claramente direccionado a un achicamiento de voces, fruto de los cierres de medios y el amedrentamiento a medios opositores”

Por su parte, la radio FM La Patriada enfrenta una situación similar con algunos de sus cronistas, también detenidos por el mero hecho de ejercer su profesión durante las manifestaciones de diciembre contra la ley de reforma previsional. “Está claro que los objetivos del gobierno combinan un hostigamiento muy grande a los medios no alineados con sus lógicas, con persecuciones directas a las manifestaciones y expresiones multitudinarias de descontento”, dijo a Contexto Francisco Scarzella, uno de los trabajadores de La Patriada detenidos, quienes luego fueron acusados de hechos como amenazas y atentado contra la autoridad, entre otras supuestas infracciones.

“La preocupación es absoluta porque hay un intento de disciplinamiento brutal. A eso se suma que se puede descartar con más fuerza toda información que el gobierno no aprueba, o cuando hay un nexo entre medios de comunicación y militancia”, expresó Scarzella, quien mencionó como ejemplar el ataque dirigido esta semana a miembros de La Garganta Poderosa.

Cabe señalar que estos mismos dilemas motivaron que se realizara hace dos semanas el Foro por el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión, organizado por el bloque legislativo de Unidad Ciudadana en la provincia, en conjunto con un centenar de representantes del campo del periodismo alternativo y contrahegemónico, donde se discutieron diferentes aspectos sobre cómo hacer frente a la situación que atraviesan los medios.