Con cincuenta oradores, destacándose veterinarios, médicos y militantes, se llevó adelante el octavo plenario de comisiones por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, antes de que se tomen los dictámenes, previsto para los primeros días de junio según lo ratificado en la reunión informativa del jueves pasado.

Entre pañuelos, muñecos de plástico, latidos de corazón, cajas de misoprostol y con poca presencia de legisladores, la reunión informativa que tiene como principal proyecto el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito se realizó con la modalidad de testimonios a favor y en contra de manera intercalada, según la decisión de los presidentes de comisión: Daniel Lipovetzky (Legislación General, comisión cabecera), Gabriela Burgos (Legislación Penal), Carmen Polledo (Salud) y Alejandra Martínez (Familia).

Una de las primeras voces a favor fue la de la filósofa y bioeticista Laura Belli, quien argumentó que “la prohibición, lejos de impedirlo, empuja a las mujeres a abortar en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas”. En este marco, la especialista llamó a considerar el debate como un “problema de salud pública”, al tiempo que concluyó remarcando que la interrupción de un embarazo “nunca se toma a la ligera” y “los derechos de las mujeres tampoco deberían considerarse de ese modo”. 

La ginecóloga y obstetra Marisa Leno, subsecretaria de la Mujer por Cambiemos en Caleta Olivia, sostuvo que “al salir del hospital la mujer que se somete a este procedimiento seguirá siendo pobre”. La funcionaria oficialista consideró que “en diez años habremos naturalizado tanto este acto que para los jóvenes será un método más de anticoncepción”, lo que representaría “un serio problema de salud pública, con mayor índice de enfermedades de transmisión sexual”. Con el aborto legal “estaremos cada vez más lejos de decir: ‘Ni una menos’”, lanzó.

Gabriela Vázquez: “El derecho penal ha fracasado en su intento de evitar los abortos. Las mujeres siguen abortando a pesar de la amenaza penal”. 

El derecho penal ha fracasado en su intento de evitar los abortos. Las mujeres siguen abortando a pesar de la amenaza penal”, sostuvo la jueza Gabriela Vázquez, con 36 años de experiencia en derecho. La integrante del Consejo de la Magistratura explicó que el derecho penal es concebido “como el último recurso del que hay que echar mano”. Por lo que afirmó: “Como operadoras de las agencias judiciales, no queremos que nuestra función se convierta en la criminalización de las mujeres pobres que no tienen opción o en un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”

La veterinaria Valeria Zimmerman tuvo una de las intervenciones más polémicas de la mañana. “El único animal que le puede hacer daño a sus crías es el ser humano”, comenzó diciendo la médica residente en Estados Unidos, asidua militante de la campaña conocida como “El Bebito”, encabezada por María Rodríguez Varela, hija de un funcionario de la dictadura, que estuvo presente en los pasillos del Anexo asistiendo a esta oradora. Zimmerman, además de comparar a las mujeres con animales al relatar los cambios en los cuerpos, sostuvo que quienes abortan no pueden hacer el duelo. “No saben el sexo de su bebé, no tienen la fecha de cumpleaños, no han dado la vida por su hijo, no lo pudieron enterrar, no saben qué pasó con él, si está en un tacho de basura o en un laboratorio que lucra con su cuerpito. Su bebé no tiene nombre, no lo pueden nombrar, es un desaparecido”, lanzó la veterinaria, y finalizó su discurso pidiendo a los legisladores que voten en contra, al tiempo que besaba un muñeco de plástico en forma de feto, símbolo de la campaña llevada adelante por Rodríguez Varela. 

Así como durante los plenarios de comisiones anterior hubo fuerte presencia de sectores religiosos para manifestarse en contra, durante la octava sesión participó Wilma Rommel, pastora de la Iglesia evangélica luterana. “Un cristiano o una cristiana no debe oponerse al buen ejercicio de la ley a favor de toda una ciudadanía por estar en desacuerdo con la libertad que ofrece esa ley”, manifestó. “Aborto sí o no no es el debate en este momento, sino la seguridad en la que son llevados adelante los abortos clandestinos”, explicó la religiosa, mostrando la otra cara de la Biblia: “Lo que sería o no pecado no está fijado por Dios en tablas de piedra, sino que fue cambiando a lo largo de los siglos. ¿O no fue aceptada la esclavitud en un momento? Argumentar con la Biblia es por lo tanto muy relativo. Hay gente con fe cristiana en contra y otros, como yo, a favor de la despenalización.”

Laura Arregui, militante secundaria, uno de los sectores claves para impulsar el debate, enfocó su intervención en el incumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). “¿Cómo se pretende decidir sobre cuerpos ajenos si ni siquiera se brinda la información necesaria sobre prevención y cuidados?”, preguntó la presidenta del centro de estudiantes del colegio Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). “Es indispensable que el Estado responda con la real aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, reduciendo las posibilidades de un embarazo no deseado”, agregó.

La integrante de la ONG Vitam de Mendoza Carmen Saraví echó mano al recurso de la conspiración para despoblar el país. Para la activista, “el imperialismo” busca “controlar la población” para explotar los recursos, y en Argentina “han encontrado aliados en grupos feministas de género”. En ese marco, les advirtió a los legisladores que “nuestro país necesita crecer” y que legalizar el aborto es una medida “tan injusta e inhumana como en su momento vimos la esclavitud”.

Silvia Rodríguez, de la ONG Espacio para la vida joven levántate, en contra, consideró ser una “mujer libre” sin haber abortado nunca y manifestó desconocer el origen de las estadísticas (de quienes se manifestaron a favor), al tiempo que lanzó: “Pedir que se legalice el aborto, ¿no es crear una brecha más grande entre las mujeres pobres y las que tienen recursos?”. La activista antiderechos aseguró que “hoy la salud pública tiene otros problemas”, y manifestó su rechazo.

La ginecóloga Teresita Iglesias Cortina habló de “un binomio madre-hijo” en el que “comienza un diálogo sublime e indisoluble físico y espiritual”. Para la médica, “toda mujer, desde que toma conocimiento de que está embaraza, no procesa la información sobre si es vida humana o persona: si es cúmulo de células o un feto con el corazón latiendo. Sabe que alberga en su vientre a un niño, a un hijo”.

La militante feminista Majo Poncino llevó al Anexo de la Cámara de Diputados una caja de Oxaprost, la única empresa que fabrica misoprostol en Argentina, y exigió que sea de fabricación nacional. “El aborto existe y demanda políticas públicas de salud”, argumentó. “El control sobre nuestro cuerpo y la decisión cuando un embarazo es viable o inviable los tiene el Estado, los médicos, los jueces, que despliegan su misoginia sin límite. No somos un envase contenedor de algo que le pertenece a la sociedad y que el Estado debe preservar”, manifestó. “Este debate es una gran oportunidad de estar más cerca de una sociedad más justa. Diputados y diputadas no aceptamos más excusas, el tiempo es ahora”, concluyó con el pañuelo verde la Campaña en alto.

“Aborto sí o no no es el debate en este momento, sino la seguridad en la que son llevados adelante los abortos clandestinos”

Una de las invitadas internacionales fue Danielle Bousquet, activista feminista francesa y presidenta del Alto Consejo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres de Francia, con traducción de Martha Rosemberg. “Los poderes públicos no pueden seguir evadiendo su responsabilidad en negar un hecho que existe”, sostuvo la académica, quien llevó al Anexo el caso de Francia, donde el número de abortos “ha bajado casi un tercio” desde su legalización. “El acceso al aborto seguro es un derecho reivindicado como derecho humano y está ligado a la salud pública”, manifestó.

El veterinario Federico Esteban Mutti de Gravida, una de las principales ONG antiderechos con presencia en casi todas las reuniones informativas, sostuvo que “el aborto atropella los derechos a la igualdad y la libertad. El niño en el seno materno también goza de libertad”. Para el médico veterinario las mujeres que abortan “se sienten inseguras, con miedo, confundidas, con vergüenza, solas, juzgadas”, sin ningún tipo de apoyo, sin la presencia del Estado. En ese marco, pidió acompañar a las mujeres. “Yo como hombre puedo asegurar que el corazón de una madre alcanza para todos”, concluyó.

Una de las últimas voces fue la del licenciado en psicología Gabriel Rolón, quien hablo del trauma que acarrea la clandestinidad. “Desde el punto de vista psicológico, la clandestinidad del aborto no hace diferencia de clases, el trauma psicológico que tiene que ver con la clandestinidad del aborto es para todas”, aseguró. “No hay nada más cruel que condenar a alguien a vivir sus pérdidas en soledad y en silencio. La ausencia de esta ley obliga a la mujer a atravesar esa situación en la más absoluta soledad, a escondidas”, sostuvo el especialista, y llamó a los legisladores a votar a favor del proyecto.