El lunes 7 de mayo se cumplió un mes desde que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se transformó en un preso político, una condición que ya había vivido durante su lucha contra la dictadura y que muestra un nuevo paralelo entre esa oscura época y la triste actualidad del gigante suramericano.

El encarcelamiento arbitrario del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se da en el marco de la persecución desatada desde dos herramientas fundamentales de la derecha: los medios de comunicación (en especial la Rede Globo) y una parte del Poder Judicial (con el juez federal Sergio Moro como actor principal). Todo ello articulado por la embajada de Estados Unidos y los sectores del poder económico y financiero concentrado nacional e internacional.

Es necesario remarcar a cada momento que el propio juez Moro, al condenar a Lula, admitió que no había conseguido ninguna prueba en su contra, pero aseguró tener “la convicción” de que el expresidente era culpable y que él consideraba que eso era suficiente para condenarlo.

La decadente democracia brasilera ha entrado en una espiral de la cual le resulta cada vez más difícil salir.

En diálogo con Contexto, Oscar Laborde, parlamentario argentino del MERCOSUR y coordinador del Comité Argentino de Solidaridad “Lula Presidente”, señaló que “lo primero que hay que decir es que, luego de que se ha cumplido un mes con Lula preso, no se ha agregado ninguna prueba a la causa, lo que afirma, cada vez más, que se trata de una persecución política”.

Laborde: “Ya está intervenido el estado de Rio de Janeiro y la Ley plantea que si hay cinco estados intervenidos las elecciones se suspenderían. En el contexto actual, todo es posible”.

“El ensañamiento que han tomado con él en prisión es tremendo. No le han permitido la visita de los familiares. No han permitido que lo visite su médico personal. No han permitido la visita de los diputados del Parlasur que solicitamos verlo. Ni siquiera le han permitido la entrada al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel”, remarcó Laborde.

El parlamentario sostuvo que “se viola uno de los derechos fundamentales que le corresponden a cualquier detenido, que es el de recibir visitas. Ni siquiera hay que mencionar que no se trata de cualquier prisionero, sino de un expresidente”.

“Todo esto deja en claro dos cosas: no hay pruebas en contra de Lula y su encarcelamiento es parte de una persecución política, lo que genera una imagen internacional muy negativa de Brasil, de su gobierno y del Poder Judicial”, aseguró.

Laborde explicó que “las encuestas siguen demostrando que Lula es el principal candidato para las elecciones de octubre y la derecha no consigue un candidato que pueda dar pelea. Por ese motivo también está vigente la posibilidad de que se suspendan las elecciones. Eso se podría dar si el gobierno interviene cuatro estados más. Ya está intervenido el estado de Rio de Janeiro y la ley plantea que si hay cinco estados intervenidos las elecciones se suspenderían. En el contexto actual, todo es posible”.

Respecto de la posibilidad de que el expresidente sea liberado, Laborde concluyó que “la Sala II del Tribunal Superior Federal puede decidir en pocos días liberarlo, pero es evidente que no hay una razón jurídica, sino política detrás de su encarcelamiento. Por lo tanto, no será una razón jurídica, sino una razón política la que puede liberarlo. En ese sentido, el rol de la solidaridad internacional es fundamental”.