El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata decidió por unanimidad no prorrogar la prisión preventiva que estaba cumpliendo el genocida Juan Miguel Wolk en la causa en la que se investigan los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield”. El acusado está detenido con domiciliaria en su casa de Mar del Plata desde el inicio del macrismo, cuando comenzaron a soplar vientos de impunidad en la Argentina, pese a estar acusado por 235 casos de secuestro y tortura y al menos cinco apropiaciones de bebés durante la dictadura cívico-militar.

En el fallo, que tiene fecha del viernes pasado pero que trascendió este miércoles, los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega decidieron no prorrogar la preventiva y excarcelar a “El nazi” a partir del pasado martes 24 de abril.

La decisión despertó las críticas de los organismos de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo repudió la decisión de los magistrados. También criticaron lo que a las claras aparece como una arbitraria decisión de impunidad: “El motivo principal que esgrimieron los jueces del TOF 1 de La Plata para hacer cesar la prisión preventiva de Wolk es el tiempo que lleva esperando juicio oral. Pero, justamente, de esa omisión es responsable el propio Tribunal, ya que la causa se encuentra radicada allí desde el año 2012”.

De todas formas, no será liberado porque tiene prisión preventiva en otra causa y cumple su arresto domiciliario en su casa de calle Benedeto Crocce Nº 3.045, Mar del Plata.

El TOF 1 de La Plata ya había beneficiado con la domiciliaria a Miguel Etchecolatz, que tras pasar el verano en el Bosque Peralta Ramos volvió a prisión cuando la Cámara de Casación revocó el beneficio.

La causa por el Pozo de Banfield comenzó hace más de una década, tras la caída de las leyes de impunidad. Wolk fue detenido en octubre de 2009 y en mayo de 2012, cuando se elevó la causa a juicio y estaba con domiciliaria controlada por su hija policía, escapó y se mantuvo prófugo por un año.

Ese historial fue el que el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, y la de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Guadalupe Godoy, señalaron en el incidente para exponer que el beneficio pone en riesgo la presencia del genocida en el debate.

Pero, como advirtió el juez Esmoris, las opiniones de los querellantes no condicionan la decisión. Sólo la del Ministerio Público Fiscal puede hacerlo. Pero los fiscales pidieron que se fije fecha de juicio sin oponerse.

Esa actuación les valió a los fiscales una dura crítica de Abuelas: “Lamentamos, asimismo, la actuación de los Fiscales actuantes en la jurisdicción de La Plata -los doctores Rodolfo Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira-, quienes contestaron la vista ya vencido el plazo legal y no se expidieron sobre el fondo de la cuestión pese a la gravedad ya mencionada, sino que únicamente requirieron fecha de debate. Esta actuación llevó al Tribunal a desistir de la presentación del Ministerio Público Fiscal”, señalaron.

El prófugo que fingió su muerte

Castelli, Vega y Esmoris beneficiaron con la excarcelación al jefe de la Brigada de Investigaciones de Banfield, donde funcionó el Pozo entre 1976 y 1979. La mayoría de los detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro (se calcula que fueron más de doscientos) no salió con vida.

Según precisó Abuelas, Wolk está acusado por secuestros y torturas de detenidos desaparecidos, entre ellas, de catorce mujeres embarazadas, y por la sustracción, retención y ocultamiento de ocho niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, en hechos ocurridos entre el 11 de marzo de 1974 y el 13 de julio de 1976, y entre el 30 de diciembre de 1976 y el 10 de mayo de 1979.

Por el Pozo de Banfield pasaron los estudiantes secundarios detenidos en La Plata en la denominada “Noche de los Lápices”, Pablo Díaz, Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Fue, además, un enclave del Plan Cóndor para detenidos uruguayos y chilenos y una maternidad clandestina: hubo al menos veintidós embarazadas.

La persecución judicial de Wolk comenzó en los años ochenta, de la que se liberó por las imposición de la impunidad con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. En el año 2000 fue requerido por el juez español Baltasar Garzón para su extradición y juicio en la Audiencia Nacional de Madrid por la desaparición de la ciudadana española Ángela López Martin, pero el entonces presidente Fernando de la Rúa no concedió la extradición.

Cuando fue convocado por la Cámara Federal de La Plata para los llamados “Juicios de la Verdad”, que no tenían consecuencias penales, Juan Miguel Wolk hizo llegar un acta de defunción suya que fue convalidada por el tribunal.

Fue Marta, la hermana del estudiante desaparecido en la Noche de los Lápices Horacio Ungaro, quien descubrió que el represor vivía en su chalet de Mar del Plata y aún cobraba su jubilación de comisario retirado. Es decir, que seguía vivo.

Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno comenzaron a tejerse los hilos de la impunidad en la el Poder Judicial. Fracasado el intento de aplicación de la derogada ley del 2×1, los genocidas buscaron irse a sus casas con el beneficio de la domiciliaria. Wolk lo consiguió en los primeros dos meses de gobierno de Cambiemos: desde febrero de 2016 está en su chalet marplatense.