Por Candela Luquet y Victoria Valdez*

En el año 2005, cuando todavía se estaba discutiendo el modo en que iba a ser reformulada la política estatal para los jóvenes que habían sido acusados de infringir la ley penal, la Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Cristina Tabolaro se planteaba la construcción de Centros para jóvenes a disposición del Sistema Penal Juvenil bonaerense en los Departamentos Judiciales de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora y Mar del Plata. Las autoridades buscaban dar respuesta a la necesidad de contar con lugares de alojamiento en función de la prohibición del ingreso de niños y jóvenes en comisarías. Llamativamente, y en contradicción con lo que se venía discutiendo en el campo denominado por entonces “de la minoridad”, se trataba de un edificio capaz de albergar a poco más de un centenar de jóvenes. Se cerraba así, de manera pragmática, una vieja disputa acerca de la magnitud adecuada de las instituciones. Discusión iniciada diez años antes, con la reforma de la Constitución y la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño en su art. 75 inc. 22.

En la década del noventa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había logrado reaccionar rápidamente a los principios de un nuevo paradigma para la niñez que se venía gestando. Durante los años siguientes a la reforma constitucional se implementó un modelo de instituciones penales llamadas “Centros de Contención”, de régimen abierto que alojaba hasta doce jóvenes que desarrollaban sus actividades escolares y recreativas en las instituciones de la comunidad. Sin embargo, a mediados de 2008, cuando comenzó a funcionar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, de manera escalonada, ya estaban terminadas las obras de los cuatro institutos, tres de los cuales ya estaban funcionando: el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y el de Malvinas Argentinas, con una capacidad para 118 jóvenes cada uno, y el Centro Cerrado de Mar del plata, de 24 plazas. 

El Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de La Matanza, con una capacidad para 120 jóvenes, comenzó a funcionar meses más tarde, de manera improvisada, para dar respuesta a la falta de lugares para alojar jóvenes con medidas judiciales de privación de libertad. Pocos días duró inaugurado el edificio de Virrey del Pino. En noviembre de 2008, a menos de un mes de abierto, fue cerrado “de manera preventiva” por el entonces ministro Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo a raíz del suicidio de dos jóvenes ocurrido el mismo día, con una diferencia de pocas horas. Fue reabierto tres años después con una propuesta de administración mixta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, y el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Baldomero Álvarez de Olivera, de quien dependía el área de Niñez provincial, ahora denominada Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, con Pablo Navarro a la cabeza.

Dirigido por Alberto Acosta, licenciado en Trabajo Social y especialista en Ciencia Penal, un empleado de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia jubilado del Servicio Penitenciario Federal, el Centro se propuso desarrollar un “proyecto nuevo”. Según afirmó Acosta en el semanario El digital, en una entrevista realizada por esos días, se tenía “la intención de terminar con la idea de que la cárcel es un depósito de presos y de ofrecerles a los chicos una atención personalizada”. Según el funcionario, el proyecto consistía en reducir el cupo de 120 a 40 plazas, haciendo uso de un tercio de las instalaciones, es decir, dos de los seis módulos. Contaba un equipo de profesionales dependientes de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, conformado por un psicólogo, dos trabajadores sociales, dos médicos, cuatro enfermeros, veinte asistentes de minoridad y veinticinco miembros del Servicio Penitenciario.

En el convenio interministerial, planteado con dos años de vigencia y de renovación automática, se evidencia el predominio del Servicio Penitenciario sobre la Institución Penal Juvenil. Quien inicia el documento es el Ministerio de Justicia y Seguridad. Allí se estipulaba que la Dirección y el personal de custodia y traslado era designado por este organismo, quedando “los recursos humanos para el funcionamiento técnico y de la salud” y los “gastos de funcionamiento interno del establecimiento” bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que, paradójicamente, debería brindar la especificidad y capacitación al personal designado por el primero. No obstante, cabe aclarar que, de hecho, la dirección del Centro ha estado a cargo de personal de Niñez. Se estipula allí también que el cupo del Centro Cerrado para jóvenes adultos es de 120 para varones de más de dieciocho años, con una condena de cinco o más años, alojados en Centros Cerrados del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. De esta forma, según las autoridades, se evitaba que los jóvenes condenados en el Fuero Penal Juvenil terminaran cumpliendo su pena en el sistema de adultos.

Un proyecto a la deriva

Empleados del hoy Organismo de la Niñez y la Adolescencia, de donde dependen los establecimiento penales del Fuero penal juvenil consultados, marcan un punto de inflexión que sitúan de manera recurrente. “Después de 2014, por una cuestión de vacantes, comenzaron a trasladar a jóvenes, mayores de dieciocho años, que tenían problemas de conducta en otras instituciones cerradas. Al principio se acordaba con el joven y con el juzgado su traslado para que cumpla ahí toda su condena, evitando ser trasladado al Servicio Penitenciario. Esto sucedió así durante más de un año, cuando eran veinte chicos. Paulatinamente fue creciendo el número de alojados y ya no se respetaba el acuerdo ni con el chico ni con el juzgado, sino que se hacía más frecuente que la razón era o haber promovido incidentes convivenciales, que en la jerga se dice ‘ser muy tumbero'”. Ya no estaba centrado en la situación de los jóvenes y sus perspectivas procesales sino en la gobernabilidad de las instituciones, con el agravante de ir constituyéndose como “el peor lugar” a donde derivar a un joven. Así, las formas de abordaje sobre los internos, propias de los centros pertenecientes al sistema de responsabilidad juvenil, fueron diluyéndose. Esta cuestión se tradujo en la instalación de lógicas propias de los penales comunes, “empezaron a aparecer muchas peleas con faca, aparición y consumo de drogas, escaso control y cierta complicidad en el manejo interno, como existe en una cárcel”, coinciden en señalar. Situaciones como peleas por la ropa, la resolución de liderazgos a partir del uso de la fuerza y la poca intervención de los adultos en las cuestiones internas de los grupos se hicieron habituales y rompieron con el sentido del espacio.

A comienzos de 2014, la agencia de producción de información y noticias ANDAR de la Comisión por la Memoria advertía el inicio de las obras para instalar la Alcaidía de mayores dentro del Centro. Sin información de parte de ninguna autoridad, se cerraron tres módulos. El coordinador educativo del Centro, Maximiliano Oviedo, mostraba en una de esas publicaciones su preocupación porque allí funcionaban talleres de formación profesional para los jóvenes, de carpintería y electricidad conveniados con el Ministerio de Trabajo y la UOM de La Matanza. En esas publicaciones aparecía la postura de quien era director del Centro en ese momento, Pablo Marcone, quien realizó una serie de notas oficiales oponiéndose a la entrega de tres pabellones del Centro para el manejo de Servicio Penitenciario bonaerense. La respuesta no se hizo esperar: rápidamente fue corrido del cargo. 

Para agosto de 2014, el Centro Cerrado quedaba a cargo de José Da Silva, quien además, en paralelo, dirigía el otro Centro de Recepción de Lomas de Zamora que funciona como Centro Cerrado. Para ese momento, ya había cierto avance en las modalidades de trabajo con los jóvenes propias de la lógica del tratamiento penitenciario de adultos, además de la vulneración de derechos que supone la inhabilitación de espacios educativos y formativos. En una de las notas de la agencia ANDAR se daba cuenta de un “sistema de tratamiento” en tres fases. Se fue perdiendo lo que Luis Marcelo Giacoia, juez de Garantías del Joven del Juzgado N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes de la provincia de Buenos Aires define como la exigencia de establecer una mirada especializada propia de la Justicia Penal Juvenil que contemple un trato que la ley entiende diferenciado y respetuoso de sus derechos reconocidos como adolescente o joven. En la transcripción de una capacitación realizada a operadores de Aldea Jóvenes para la Paz y Justicia de la Fundación Servicio Paz y Justicia, en 2014, publicada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juez afirma “la especialidad del fuero (me) ubica fuera de lo punitivo estrictamente. Poniendo el eje en lo educativo”, y en otro fragmento refuerza: “la intervención no es meramente punitiva. Toda sanción que se aplique a un joven va a estar fundada en derecho en tanto y en cuanto tenga una finalidad educativa […] El artículo 33 de la ley del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil establece cuáles son principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal juvenil, la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración a su familia y a la comunidad, la mínima intervención, la solución de conflictos y la participación de la víctima; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”. Claramente esto parece imposible en un sistema que, por omisión, refuerza la mirada tutelar tan arraigada en las prácticas habituales en estos ámbitos donde aún rige como legislación “de fondo” el Régimen Penal para la Minoridad firmado por el dictador Videla en el año 1980. 

Agravamiento de las condiciones de detención

Así las cosas, para junio de 2014 el Centro ya no contaba ni con las aulas de los talleres de formación profesional ni el espacio original del área de sanidad. En el Informe de monitoreo de los dispositivos de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria llamado “El Sistema de la Crueldad IX” se concluye que “el avance del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sobre la jurisdicción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia se expresa en la avanzada construcción de un muro que dividiría el centro Virrey del Pino en dos espacios físicos, en uno de los cuales se supone funcionaría una alcaldía dependiente del SPB”. De hecho, el muro dividió la mitad del edificio y comenzó a funcionar allí la alcaldía dependiente del SPB. 

En agosto de 2014, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza por las condiciones de detención de los jóvenes alojados en el Centro Cerrado de Virrey del Pino. Según lo expuesto en el informe, “A partir de las entrevistas con los jóvenes, se constataron relatos coincidentes respecto de hechos de represión y torturas en el centro efectuados por las fuerzas de seguridad que en este instituto son los agentes del SPB. En el mes de mayo de 2014 se produjo, según manifestaciones de los jóvenes, una fuerte represión por parte de los agentes del SPB. Luego de la fuga de dos jóvenes y el intento de un tercero, agentes del SPB retuvieron a este último y lo ingresaron al módulo con golpes de puños y patadas”. La situación derivó en la irrupción violenta del SPB, “estos reaccionaron disparando balas de gomas, desde las ventanas en un primer momento, para luego comenzar a ingresar entre 7 u 8 penitenciarios, disparando a las piernas de los jóvenes a menos de 2 metros de distancia”, se describe en el informe presentado por la CPM y se confirma en las vivencias de los jóvenes narradas por los trabajadores del Centro.

En noviembre de ese mismo año, el Comité Contra la Tortura de la CPM realizó una nueva denuncia en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza a raíz de la reducción temporal de permanencia en espacios recreativos y la falta de acceso al centro educativo y a los talleres como consecuencia de la prestación de tres pabellones al SPB. Esta situación, que se trató de una vulneración de derechos que están establecidos en las leyes de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, derivó en una huelga de hambre llevada adelante por los jóvenes alojados en la institución.

A finales de 2016, Da Silva renuncia al cargo, quedando la administración a cargo del subdirector, Néstor Gudici, por unos meses hasta que se hizo cargo el actual director, Julio Irurieta, quien se había desempeñado al inicio de esta segunda etapa como enfermero.

Con el paso de los años, y a pesar de las denuncias e informes presentados por distintos actores del Sistema, la situación no solo persistió, sino que se fue agravando. De hecho, hay constantes presentaciones judiciales referidas a las situaciones de jóvenes en particular que se resuelven trasladándolos a otros Centros Cerrados de la provincia de Buenos Aires. 

A principios de marzo de 2017 se registró un intento de motín que tuvo como resultado una gran cantidad de jóvenes lesionados por el accionar desmedido de la custodia del lugar. En el mes de septiembre de ese mismo año, la Agencia ANDAR publicó una nota en la que relata un episodio de violencia “en donde un joven recibió 28 puñaladas por las cuales tuvo que ser intervenido en el hospital más cercano”. Las fuentes consultadas advierten que ese episodio sorprendió por lo sangriento de la agresión y la modalidad que mostraba, “si bien uno ve que los chicos resuelven sus disputas en peleas y estas se pueden poner feas, en este caso como en el que le da muerte a Federico, se trata de un grupo que ataca a otro de manera inesperada y con una virulencia que no deja de sorprender. A ese otro chico le perforaron un pulmón, quedó al borde de la muerte pero logró recuperarse”. 

En agosto de ese año, los trabajadores del Centro Cerrado de Virrey del Pino, pertenecientes al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) y nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizaron una jornada de protesta, junto diversos organismos de derechos humanos, sindicatos y familiares, en la que denunciaban las situaciones de violencia y precarización. Entre otras cuestiones, exigían la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes, el aumento de personal, un acuerdo de trabajo entre el OPNyA y el SPB y la recuperación de espacios perdidos. Miguel Federico, secretario general de ATE La Matanza, decía por aquel entonces que “hubo casos de violencia. Necesitamos que se discuta con los trabajadores y con la organización, pensando lo que pasa con los chicos y con los trabajadores. Tenemos que resolver el problema, que funcionen talleres para que esos chicos se inserten en la sociedad. No son casualidad los hechos de violencia que están ocurriendo acá adentro”. 

En un diario local, Diario NCO, se publicó un comunicado donde los trabajadores denunciaban: “tenemos 59 jóvenes alojados y para atender a los mismos contamos con 6 a 7 asistentes de minoridad por guardia que deben asistir a la totalidad de los jóvenes y tres profesionales en el equipo técnico (dos trabajadoras sociales y un psicólogo), una abogada y un profesor de educación física que realizan talleres, lo cual es absolutamente insuficiente”. Respecto de las condiciones de vida de los jóvenes, decían: “pasan 18 horas al día alojados en sus habitaciones debido a que los talleres disponibles son escasos. No contamos con los recursos humanos suficientes que nos permita realizar un trabajo real con ellos, en donde prime la palabra y la contención. Nuestra tarea cotidiana está reducida a trabajar con la urgencia y la demanda inmediata, lo cual genera un distanciamiento con el joven y la imposibilidad de generar vínculo estables y sólidos”.

Finalizando el año, como consecuencia de la inacción de las autoridades del Organismo de Niñez y Adolescencia, según trascendió en el portal digital Diario NCO, la CPM denunció que dos jóvenes intentaron suicidarse debido a que “habían realizado pedidos por situaciones familiares, pero no fueron contemplados por las autoridades del Centro”. Además, otros quince chicos se produjeron autolesiones. En charla con Contexto, un trabajador del Centro relató una breve anécdota que pinta un poco el panorama en el que trabajan: “tres o cuatro días antes de lo que pasó con Federico, se acercó Felipe Granillo (actual subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil) a visitar la institución con un juez y una defensora. Alguien le preguntó cómo veía a la institución y el respondió que ‘bien’, que ‘estaba todo bien’ y que, ante el gesto de sorpresa de uno de los espectadores, el funcionario afirmó tener ‘una mirada positiva de las cosas’”.

Una muerte evitable

Alrededor de las cuatro de la tarde del lunes 9 de abril, veinte jóvenes de los 54 alojados en el Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de Virrey del Pino se encontraban repartidos en los distintos sectores del módulo dos, tres de ellos tomando mate en una de las mesas del comedor. Dos operadores de los cinco que conformaban la guardia de ese día estaban detrás del policarbonato que permitiría ver el sector donde están las mesas y los bancos de cemento desde un lateral. El comedor, de unos treinta metros cuadrados, tiene salida a un patio interno de poco más de diez metros de largo que se extiende entre los dos pasillos que dan a las celdas individuales. A ese sector abierto no llega la mirada de los operadores. Tampoco, a los pasillos y a las celdas que permanecen abiertas. Las disputas habituales entre los jóvenes, el cuidado de sus pertenencias y el resguardo de su intimidad queda a merced de la falta de control o permisividad de los adultos.

Federico Zalazar había ingresado en noviembre de 2017, tenía diecinueve años, llevaba cerca de dos años alojado en Centros Cerrados y pesaba sobre él una condena mayor a cinco años. Estaba tomando mate en el comedor junto a dos compañeros cuando tres jóvenes se abalanzaron sobre él y le acertaron tres heridas profundas que le provocaron la muerte cuando era trasladado a un hospital. Sólo dos de los tres que estaban allí fueron atacados, el otro joven tenía varias heridas pero ninguna de la gravedad de las que recibió Federico. El agresor estaba armado con lo que en la jerga carcelario se denomina “faca”, un arma blanca de fabricación casera, de las que se hacen rompiendo el mobiliario de la celda hasta llegar a cortar los fierros amurados. 

Consultados por Contextos, trabajadores del Centro afirmaron que, después del hecho, ninguna de las autoridades del OPNyA se hizo presente en la institución, “sí jueces, fiscales, defensores y organismos de derechos humanos”. Además, agregaron que se trasladaron varios jóvenes por “pedido de sus defensores o de los jueces” para resguardarlos físicamente, ya sea porque estuvieron presentes en la pelea o tenían algún tipo de vínculo con Federico. Pero que, desde las autoridades no se tomó ninguna medida. “Yo creí que se iba a implementar una especie de equipo de emergencia para trabajar con los pibes y con los trabajadores, pero no”, afirmó un trabajador. Desde el área de Niñez, los operadores plantean la necesidad de “poder sentarnos con las autoridades para repensar la institución, cómo seguimos de ahora en más, repensar las propuestas de talleres, el rol del servicio penitenciario, el rol nuestro. Pedimos que nos den respuesta a ver cómo vamos a seguir, que nos den un protocolo de intervención, un régimen de vida, pero hasta ahora nada de esto pasó”.

La inacción de las autoridades de Niñez ante las denuncias de los trabajadores del Centro y de los organismos de derechos humanos, sumada a la ausencia de propuestas acordes a las edades y trayectorias de los jóvenes alojados que demanden un adulto que medie y ordene las formas de vincularse entre sí y con las normas, así también como la falta de claridad en la dinámica de niñez y el SPB, son factores que contribuyeron a esta muerte.

En un contexto en donde hay una mirada punitiva cada vez más fuerte que recae sobre estos jóvenes, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables, y donde el Estado no desarrolla políticas públicas adecuadas para el abordaje integral de las problemáticas que atraviesan sus vidas, parece que las instituciones de encierro terminan siendo depositarias de cuerpos que, para el sistema, no importan.


* Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, FPyCS, UNLP.