Mientras se encuentran en campaña electoral o fuera del gobierno, los líderes neoliberales se muestran democráticos y se distancian de las nefastas dictaduras que asolaron a sus países y del terrorismo de Estado que las caracterizó. Pero, apenas se sientan en el sillón presidencial, dejan de lado las máscaras democráticas y tanto desde el discurso como desde las medidas concretas comienzan a favorecer a los antiguos represores.

En Argentina, ni bien asumió como presidente, Mauricio Macri puso en duda la cifra de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983). En línea con el mandatario, gran parte del Gabinete tomó la misma actitud. El propio jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, es un exsocio del abogado del dictador Galtieri.

El gobierno de Cambiemos y la Corte trataron de impulsar una ley conocida como “2×1” para favorecer a los miembros de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad. Se le concedió prisión domiciliaria (aunque luego se le revocó) al represor Miguel Etchecolatz, uno de los peores criminales de la última dictadura, condenado por delitos que van desde la desaparición, la tortura y el asesinato hasta el robo de bebes.

Como consecuencia directa del aval explicito e implícito a los dictadores, los militares, policías y gendarmes se sintieron cada vez más libre de desatar sus ansias represivas. Aumentaron la represión policial y los crímenes denominados “gatillo fácil” (asesinatos a sangre fría realizados por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad). La desaparición y posterior muerte del joven Santiago Maldonado durante una represión de la Gendarmería es el más claro y triste ejemplo de ello.

“Ni bien asumió como presidente, Mauricio Macri, puso en duda la cifra de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983)”

En Brasil, el golpista Michel Temer, principal socio regional de Macri, emitió un decreto (que luego anuló) para que las Fuerzas Armadas pudieran participar en la represión a la protesta social; intervino militarmente el estado de Río de Janeiro, puso a un general al frente del Ministerio de Defensa (algo que no pasaba desde la dictadura de 1964-1985), y avaló con el silencio y la inacción la amenaza de golpe de Estado con la que militares retirados y en función extorsionaron al Supremo Tribunal Federal (STF) para que apoyara el encarcelamiento del exmandatario y principal candidato a las elecciones presidenciales de octubre, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El asesinato político ha vuelto a ser una marca de la realidad brasileña. La muerte de la concejala Marielle Franco, masacrada con balas que –se comprobó– pertenecen a la Policía, se transformó en el caso testigo de esta nueva etapa.

En ese marco, el candidato de la derecha que más mide para las elecciones es Jair Bolsonaro, un reivindicador de la dictadura que se refiere a esa etapa oscura de la historia de Brasil como “una maravillosa época”. Bolsonaro también ha avalado los crímenes realizados por los represores, aseguró que el “único error” de la dictadura “fue torturar y no matar” y durante el impeachment (juicio político) que materializó el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff voto a favor de la destitución y dedicó su voto el coronel Alberto Brilhante Ustra, jefe del grupo que secuestró y torturó a Rousseff durante la dictadura.

“(Temer) avalo con el silencio y la inacción la amenaza de golpe de Estado con la que militares retirados y en función extorsionaron al Supremo Tribunal Federal (STF) para que apoyara el encarcelamiento del exmandatario y principal candidato a las elecciones presidenciales de octubre, Luiz Inácio “Lula” Da Silva”

Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a solo un mes de iniciado su segundo mandato, anuló el proyecto de ley (presentado por su antecesora, Michelle Bachelet) para brindar una reparación económica a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Piñera se manifestó a favor de “enviar a su casa a los represores” encarcelados por delitos de lesa humanidad y también descartó el proyecto de reforma presentado por Bachelet para modificar la Constitución que data de la dictadura.

Las raíces que unen a los líderes neoliberales con las dictaduras genocidas se encuentran en sus modelos económicos, sus conceptos sociales, sus declaraciones, su alineamiento con los intereses de Estados Unidos y sus acciones y omisiones. Las máscaras les sirven para las campañas políticas y son sólo sostenidas por los grandes grupos mediáticos, pero, ni bien entran en la Casa de Gobierno, el disfraz desaparece.