El ultraje contra las libertades democráticas puede tocarle a cualquiera

Desde que gobierna la derecha, las víctimas de la violencia física o jurídica del Estado fueron luchadoras/as populares, la comunidad mapuche, kirchneristas y otros opositores, y participantes de protestas populares. Ahora le tocó a un ex gobernador peronista e inclusive a un ex miembro del gabinete de Macri.

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Hechos tan graves como la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala y otras/os integrantes de la organización Tupac Amaru no conmovieron a la dirigencia política en general -excepto la izquierda, el kirchnerismo y algunas expresiones aisladas en otros sectores-. Menos aún los habituales ataques represivos de diferentes policías, Gendarmería o Prefectura contra militantes populares y otros/as ciudadanos/as que protestan en las calles.

Tampoco los reiterados asaltos contra domicilios de referentes de derechos humanos, del sindicalismo opositor, del periodismo crítico a la derecha, etc., hechos que sufrieron durante 2016 o 2017, entre otros/as, personalidades públicas como Hebe de Bonafini (a quien una madrugada le cortaron las comunicaciones telefónicas mientras desde la puerta de su casa la amenazaban a insultaban); el dirigente de ATE-Capital Daniel Catalano (a cuyo hogar entraron delincuentes no para robar sino para causar destrozos y llevarse documentación); la periodista Cynthia García (similar al caso anterior); y el concejal de San Martín Hernán Letcher, también militante kirchnerista, economista y director del centro de estudios CEPA (quien fue golpeado y herido una noche en su casa, delante de un hijo y otras personas).

Ni siquiera reaccionó la dirigencia política en general (aunque valen las mismas excepciones antes citadas) cuando empezaron a meter presos a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas. Y peor aún: una mayoría de diputados facilitó la saña contra uno de sus pares, Julio De Vido, al aprobar un desafuero que fue el paso anterior a ser encarcelado por decisión de jueces y fiscales antidemocráticos y ultra-antikirchneristas. Y hablando de esto último: los simulacros de investigación judicial contra Cristina Kirchner, su hijo y su hija; más el espionaje telefónico del que fue víctima junto con el dirigente Oscar Parrilli, provocaron en el conjunto de la clase política una repercusión cercana al “nivel cero”.

El único hecho, atroz e irreparable, que provocó cierta reacción generalizada del ambiente político, de periodistas de los medios más poderosos –muchos, aunque otros/as militaron y militan a favor del aparato criminal del Estado y de la impunidad de los asesinos- fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero cuando su cuerpo apareció 78 días después en aguas del río Chubut, la mayoría de esas voces momentáneamente preocupadas adoptó la versión oficial de que “se ahogó”, y retomaron su habitual indiferencia o banalización frente a situaciones atroces.

Luego, y por tomar solo el caso más grave, volvieron a callarse ante asesinato por la espalda  del chico mapuche Rafael “Rafita” Nahuel, muerto por los disparos de miembros de la Prefectura Naval que en noviembre pasado atacaron una protesta de esa comunidad originaria en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Ese crimen provocó una reacción apenas mínima. La de las/los luchadoras/es de siempre, y poco más.

Desde que la derecha controla totalmente el Estado –antes de 2015 tenían de su lado a la corporación judicial, las mafias del espionaje y sectores peligrosos de las reparticiones armadas, pero al menos no dominaban el gobierno, el Parlamento y gran parte de las gobernaciones-, se hicieron habituales las acciones de violencia estatal, y el ultraje a las garantías constitucionales y las libertades democráticas. 

Otros episodios del mismo carácter violento y atentatorio contra el Estado de Derecho, en general ocultados  por los canales de televisión y en general las cadenas mediáticas que trasmiten a todo el país (y el mundo) pero registrados por videos ocasionales o a veces filmados por camarógrafos o fotógrafos profesionales del periodismo, fueron las agresiones contra personas de toda condición social y edad, incluso legisladoras/es, que protestaban en diciembre frente al Congreso cuando fue perpetrada la ley de saqueo a las jubilaciones. 

A raíz de aquella brutalidad de personal armado del Estado bajo las órdenes del gobierno de Mauricio Macri, varias de las víctimas perdieron un ojo por los ataques con balas de goma que recibieron, o sufrieron otro tipo de heridas, y además muchos/as estuvieron presos/as durante días o semanas, y su libertad futura quedó amenazada por causas judiciales que les inventaron. Pero de eso, casi nadie habla.

Lo que ocurrió recientemente

Poco o nada de lo anterior -que es apenas un esbozo de una realidad constituida por hechos múltiples y tremendos causados por el régimen gobernante- conmovió al conjunto de la dirigencia política (aunque aquí es necesario volver a dejar a salvo las excepciones antes mencionadas). 

Sin embargo, los ultrajes contra las libertades democráticas le pueden tocar a cualquiera, y en lo que va de abril las víctimas no pertenecen solamente a sectores sociales u organizaciones que, por tener intereses contrarios al bloque de poder dominante, son considerados enemigos y combatidos como tales.

Recientemente, también fue humillado por personeros judiciales del régimen gobernante el ex gobernador peronista de Jujuy Eduardo Fellner, quien estuvo preso y luego fue liberado, todo por imposición violenta del poder abusivo que detentan jueces  y fiscales del régimen de derecha que encabeza Macri y que en aquella provincia dirige el gobernador Gerardo Morales.

Pero incluso figuras del propio oficialismo de la alianza Cambiemos, en este caso un ex integrante del gabinete nacional, pueden llegar a ser afectados por la violación de las normas jurídicas y la desintegración del Estado de Derecho. Le pasó hace pocos días a Mario Cimadevilla, un dirigente radical que Macri designó al comenzar su gestión como titular de la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA (que no es la Unidad Fiscal AMIA, la que en su momento dirigió Nisman, sino que es un organismo del Poder Ejecutivo), y que renunció al cargo hace poco tiempo.

Según él mismo denunció el 14 de este mes, delincuentes encapuchados entraron a su casa, le robaron documentación, destrozaron todo objeto que estuviera a su alcance, y en particular le rompieron su computadora. Al dar a conocer él mismo la información,  el dirigente y ex funcionario atacado dijo lo siguiente: “Encapuchados entraron a mi casa, se llevaron documentación y me rompieron la computadora. No fue un robo.  (…) No descarto que detrás esté el gobierno y los servicios de inteligencia”. 

La noticia quedó perdida en la programación de las grandes cadenas mediáticas, o fue apenas difundida y luego ocultada. Aun así, medios que tienen una ideología similar a la del gobierno como el portal Perfil, pero que siguiendo lo que le indican sus investigaciones de mercado cultivan una imagen de “periodismo independiente” y no quieren quedar demasiado “pegados” a los desquicios del gobierno, divulgaron el hecho. Un ejemplo es su nota del día 14-04: http://www.perfil.com/noticias/policia/encapuchados-ingresaron-a-la-casa-de-cimadevilla-no-fue-un-robo.phtml).

Durante las presidencias de Cristina Kirchner, Cimadevilla era senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut, y fue un furioso opositor no solo a las políticas del gobierno de entonces, sino que combatió con saña a una de las figuras públicas que más ennobleció el sistema judicial argentino, que fue la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (quien tenía una estabilidad en el cargo similar a la de un juez, pero renunció en diciembre pasado luego de resistir años de presiones políticas, desgaste propagandístico de la cadena Clarín y del resto de la maquinaria mediática, acoso de la corporación judicial, y amenazas e intimidación contra ella y su familia).

Si el asalto contra la vivienda de Cimadevilla hubiera ocurrido durante el kirchnerismo, la derecha pondría este tema las 24 horas de cada día en las pantallas de los televisores, en la programación de sus radios, en sus portales de noticias y en su insidioso accionar planificado en Twitter y demás redes digitales. Pero como ellos mismos están en el gobierno y controlan toda la estructura del Estado  -dentro de ella, el Poder Judicial y los servicios secretos-, además tienen de su lado al aparato comunicacional, el hecho queda reducido a casi nada.

Por otra parte, a hechos atentatorios contra la libertad y/o la integridad y seguridad personal de los ciudadanos, como fueron el encarcelamiento de Fellner y el ataque al domicilio de Cimadevilla, se le suma la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) y la designación como autoridades de dos dirigentes de la derecha peronista, Luis Barrionuevo y Julio Bárbaro, aliados al gobierno y a los intereses locales a internacionales cuya prioridad en esta etapa histórica es impedir una nueva acumulación de fuerzas de los sectores populares y democráticos, para que nunca más puedan volver a gobernar lo que ellos llaman “populismos”.

A raíz de ese cuadro, en el que cualquier persona o incluso cualquier organización -como el PJ- puede ser objeto de la violencia física, jurídica o política del régimen gobernante, los burócratas de la política y del sindicalismo también han empezado a preocuparse. Gobernadores, legisladores y gremialistas que antes solo atendían a sus conveniencias para preservar una cuota de poder, y permanecían indiferentes o convalidaban por acción u omisión los atropellos, se han pronunciado críticamente y exhibieron algún tipo de reacción en contra. 

Todos están anoticiados de que las víctimas no solo pueden ser luchadoras/es populares como Milagro Sala, ciudadanos/as de la comunidad mapuche, ex funcionarios kircheristas o dirigentes o militantes de ese espacio, o personas de cualquier edad y condición social que protestan en las calles y plazas contra una masacre social feroz, y luchan por sus derechos y por la dignidad de todo el pueblo argentino.