Al iniciar una jornada de protesta por más de sesenta despidos desde el inicio del año, ayer trabajadores de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se encontraron con la sede custodiada por un robustecido cordón policial para “prevenir disturbios”, una clara respuesta intimidatoria ante la medida de fuerza.

La Municipalidad de La Plata elevó una denuncia penal para que se investigue el accionar de un grupo de representantes gremiales de UPCN, quienes, según denuncian, “protagonizaron ‘hechos de violencia’ al realizar de forma ilegal la toma del edificio de la Secretaría de Convivencia y evitar el normal funcionamiento de la dependencia”.

“Ha habido despidos injustificados. este mes fueron 28 y se suman a otros 35 en enero, en la anterior renovación de contratos”

En tanto, en la entrada de la sede ubicada en 20 y 50 se apostaron efectivos de Infantería, Policía Local y de la Provincia y DDI, tras la declaraciones del titular del área, Roberto Di Grazia, quien había denunciado el “bloqueo del edificio” durante una manifestación anterior.

“Ha habido despidos injustificados. Este mes fueron 28 y se suman a otros 35 en enero, en la anterior renovación de contratos. Los contratos ya de por sí son precarios y en cada renovación van dando de baja a grupos”, dijo a Contexto Emiliano Anglat, trabajador del sector y delegado de UPCN. El área de Control Ciudadano –ex Control Urbano– cuenta con un total aproximado de doscientos trabajadores que realizan tareas de inspección de comercios y obras particulares, tránsito y estacionamiento medido.

En simultáneo con la asamblea permanente realizada por los trabajadores, los delegados gremiales tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde coordinaron una mesa de diálogo para el próximo miércoles. Hasta entonces, continuarán la medida de fuerza.

“Esto viene aparejado de varios reclamos de nuestro sector. Ahora bien, muchos de los despedidos curiosamente han estado vinculados con esos reclamos. Esto es un claro mensaje de amedrentamiento por parte de la gestión a cualquier protesta”, expresó Esteban Della Pietra, también delegado de UPCN dentro del organismo municipal.

Según expresó Anglat, el problema de cesantías en el área se inició “en simultáneo con el inicio de la gestión de Julio Garro”. En algunos casos, hay empleados que en los últimos dos años han sido despedidos cuatro o cinco veces y luego recontratados. “En promedio, la mayoría de los despidos es de compañeros que tienen una trayectoria de entre cinco y ocho años, en otros casos aún más, lo que los pone en condición de pasar a planta permanente”, agregó.

Según los trabajadores, muchas de las plantas permanentes obtenidas poco antes de la llegada de Garro a la Intendencia fueron dadas de baja para “revisiones” al asumir la actual gestión. En los últimos dos años, nunca fueron otorgadas nuevamente.

En declaraciones durante una entrevista radial, Di Grazia había adjudicado los despidos a “inasistencias”, hecho que consideraba “injusto para con quienes sí cumplen sus funciones”. “Todas esas afirmaciones son falsas. Él utiliza como referencia la cantidad de actas que hacemos en el mes, como si eso significara algo en sí mismo. Nosotros no somos un organismo de recaudación, sino contralor”, expresó Della Pietra.

“En promedio, la mayoría de los despidos es hacia compañeros que tienen una trayectoria de entre cinco y ocho años”

“Él nos dice ‘el que no cumple se va’. Ahora, nosotros nos preguntamos: ¿él en qué cumplió? Él jamás atendió nuestros reclamos, pero ese balance de gestión no cuenta evidentemente”, agregó.

Cabe destacar que Roberto Di Grazia es uno de los principales actores de la gestión municipal envueltos en el caso de Emilia Uscamayta Curí, la estudiante de periodismo fallecida durante el desarrollo de una fiesta clandestina en enero de 2016.