El plan de Estados Unidos para que no vuelvan los “populismos”

La condena a prisión de Lula es parte de la estrategia norteamericana y de las derechas locales en contra de líderes que, en los primeros años del siglo, condujeron procesos políticos a favor de los intereses populares. La ofensiva tiene variantes en cada país, pero el objetivo antidemocrático es el mismo.

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“Populismo” ha pasado a ser uno de los términos del discurso político internacional más importantes en los últimos años, porque las derechas del mundo lo han resignificado para denominar particularmente a los gobiernos, fuerzas políticas y/o líderes de Sudamérica –o América Latina; allí también existe una polémica terminológica– que durante los primeros tres lustros del siglo XXI alcanzaron el control del Estado y llevaron adelante políticas públicas y gestiones gubernamentales que desafiaron el poder de las clases sociales privilegiadas y el dominio imperial de Estados Unidos en el sur del continente.

Como bien saben los estudiosos, el concepto de populismo no nació en esta centuria, sino que tiene largos desarrollos teóricos en el campo de la ciencia política y  las ciencias sociales en general. Pero su sentido actual fue determinado por esa novedad histórica: para el discurso dominante, hoy equivale a todas aquellas referencias políticas que las derechas locales e internacionales necesitan denigrar, es decir, Hugo Chávez y el chavismo actual, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner y Lula Da Silva.

(El maestro Ernesto Laclau, entre otros, se ocupó de repensar el término y quitarle su carga semántica negativa, dando una magnífica batalla de ideas. Pero esta nota no se refiere a esos extraordinarios aportes de saber crítico, sino a la utilización de la palabra en la estrategia de los poderes hegemónicos)

Cabe aclarar que el antagonismo planteado por los poderes dominantes contra lo que ellos llaman populismo no alcanza a los procesos liderados por Michele Bachelet en Chile y José “Pepe” Mujica y el conjunto del Frente Amplio en Uruguay. Esas experiencias históricas tienen, para los intereses populares, el valor de ciertos avances sociales y ampliación de espacios democráticos, pero no constituyeron un riesgo para los intereses privilegiados locales y la geopolítica norteamericana.

A lo largo de gran parte del siglo XX, las clases dominantes de cada país y las estructuras corporativas que las representaban se valieron del uso de la violencia física directa, mediante golpes de Estado o amenaza, para derrocar o bien extorsionar y presionar a gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos que ejercían o intentaban plantear distintos grados de cuestionamiento al orden social establecido.

Cuando en los años ochenta un proceso de democratización generalizado puso fin a las dictaduras basadas en el poderío militar, los gobiernos surgidos del voto ciudadano –con algunos honorables intentos de soberanía económica que no lograron consolidarse– adoptaron mayormente las políticas genéricamente llamadas “neoliberales”. Esos modelos prevalecieron durante los noventa, pero provocaron consecuencias devastadoras en la economía y en la sociedad, a tal punto que no pudieron sostenerse políticamente.

Sobrevino así la etapa histórica que abarcó aproximadamente los primeros quince años de este siglo, caracterizada por gobiernos de izquierda o centroizquierda, o que, según cada situación nacional específica y distintas formas de conceptualizarlos, pueden ser denominados nacional-populares, o reformistas, o progresistas, o revolucionarios en algún caso.

Nuevos enemigos

Una vez que Estados Unidos y las oligarquías locales, cuyos intereses son representados por distintas variantes de la derecha, definieron a sus nuevos enemigos, el primer blanco de ataque fue Hugo Chávez, fundador de la Revolución bolivariana de Venezuela. En 2002, cuando llevaba cuatro años en el gobierno, fue derrocado por un golpe de Estado clásico, sostenido por militares derechistas, grandes empresarios y las cadenas de medios de comunicación. Pero los golpistas fueron derrotados por la presión popular y por la decisión de sectores militares que respondían al presidente.

Desde entonces, la nueva etapa de la ofensiva imperial-oligárquica contra el chavismo tuvo las más diversas formas, hasta hoy. No obstante ello, y aun habiendo sufrido la muerte de su líder insustituible, y además teniendo en contra la caída de los precios internacionales del petróleo, el chavismo resiste en el poder. Lo hace con consecuencias tremendas para el pueblo, que sufre la hiperinflación y el desabastecimiento, y por ello con un fortísimo deterioro del consenso social hacia el gobierno.

El otro caso de un régimen democrático y popular que se sostiene es el de Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales. Pero el acoso de los poderes fácticos y de Estados Unidos contra el presidente boliviano es permanente, y más lo será a medida que se aproxime la elección del año próximo, cuando se postule por cuarta vez gracias a una interpretación a su favor que hizo el Tribunal Constitucional respecto de si estaba o no habilitado para ser candidato.

Volviendo a los comienzos del milenio, el fracaso del golpe militar-empresarial-mediático contra Hugo Chávez dio lugar años después al surgimiento de la nueva estrategia norteamericana y de las derechas locales para combatir los populismos. La primera consecuencia en América Latina de los novedosos métodos antidemocráticos fue el derrocamiento en 2009 de Manuel Zelaya en Honduras mediante un fallo judicial. De origen liberal pero con proyección progresista y popular, el presidente hondureño estaba dando pasos concretos para que su país se incorporase al ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América), una de las grandes creaciones de Chávez para construir cooperación continental por fuera de los intereses del Imperio norteamericano. Los estrategas de Estados Unidos advirtieron claramente el peligro que eso conllevaba para sus intereses y activaron la respuesta correspondiente.

Posteriormente, en 2012, el Parlamento de Paraguay, avalado por el Poder Judicial, derrocó al presidente Fernando Lugo, quien desde una acumulación de fuerza política e institucional muy débil constituyó un intento democratizador en su país.

Los demás populismos fueron desplazados de distinto modo en los años posteriores. En Brasil, mediante el golpe judicial, mediático y parlamentario de 2016, fue derrocada Dilma Rousseff. Posteriormente, como continuidad de la ofensiva y al ver que no podrían impedir una victoria de Lula en elecciones libres, llevaron a fondo la opción de privarlo de su libertad.

En Argentina les resultó exitosa la vía electoral. Al ganar en 2015 el candidato y la coalición política que vino a desmontar los logros del gobierno nacional-popular, la embestida derechista prescindió hasta el momento de otras alternativas más drásticas, como sería meter presa a Cristina Kirchner.

Ecuador expresa una variante diferente de la estrategia para desalojar los populismos. Allí la oligarquía local y los mandos estadounidenses encontraron a un tránsfuga que hace la tarea: Lenín Moreno. El actual presidente ganó la elección hace un año en representación de la Revolución Ciudadana fundada y liderada por Rafael Correa –y cuya expresión organizativa electoral fue la Alianza PAIS–, pero de inmediato cambió la orientación de su gestión y empezó a gobernar en alianza con los poderes de facto que habían combatido al correísmo. Como un paso complementario del copamiento del control del Estado por parte de la derecha ecuatoriana, y meses después de llegar al cargo por voto ciudadano, el vicepresidente Jorge Glas, leal a Correa, fue destituido por decisión judicial y además encarcelado.

Poderes judiciales y mediáticos

La etapa actual se caracteriza por la aplicación de los nuevos métodos de ataque del Imperio norteamericano y las corporaciones locales contra los procesos populares. Por múltiples razones vinculadas con cambios en la estructuración de las diversas fuentes de poder que interactúan en las sociedades, hoy las derechas necesitan menos del instrumento militar y más del judicial articulado con las maquinarias mediáticas.

Aun así, y como dejaron en claro días atrás distintos jefes de las Fuerzas Armadas brasileñas, ellos pueden actuar cuando haga falta. El plan de Estados Unidos y las clases dominantes de cada país los mantienen como “último recurso”. Dictaduras no, pero sólo mientras no hagan falta.

En cualquier caso, el accionar antidemocrático consigue la fuerza que tiene por el papel gravitante de las corporaciones de grandes medios de comunicación que, mediante mentiras, censura y estafas informativas, más la manipulación y distorsión de ciertos hechos y el ocultamiento de otros, conforman potentes dispositivos de acción psicológica sobre la opinión pública durante las veinticuatro horas.

Los hechos de los últimos días confirman que la democracia ha dejado de existir en Brasil. Además, como tendencia, el peligro se extiende a todo el subcontinente, si se considera ese régimen político como se lo pensó en América Latina desde comienzos de los años ochenta. Desde entonces, las nociones de democracia más generalmente admitidas en las sociedades occidentales del mundo, aun por parte de corrientes ideológicas muy diversas, estuvieron asociadas a la libre elección de los gobernantes mediante la competencia por el voto ciudadano, las libertades públicas en general, las garantías individuales, los derechos constitucionales, el debido proceso en las actuaciones judiciales. En resumen, la vigencia del Estado de derecho. Eso se terminó.

En Argentina, por ahora, una condena y un eventual encarcelamiento de Cristina Kirchner se encuentran en etapa de amenaza. Los poderes de facto sometidos a los intereses norteamericanos y del capitalismo trasnacional saben ser “gradualistas”. La expresidenta sigue siendo la líder política más importante del país y tiene un respaldo sólido ratificado electoralmente hace pocos meses, pero quizás en la elección venidera –sólo quizás– no tenga virtualidad mayoritaria.

¿Qué quiere decir esto último? Que, observando virtualmente el escenario nacional, con la información de encuestas más otros indicadores que son públicos, y a diferencia de Lula, ella no podría obtener una mayoría de votos en 2019 –sobre todo en un eventual balotaje– y, por lo tanto, no asoma como ganadora segura en los comicios presidenciales dentro de un año y medio.

La decisión de encarcelar al expresidente de Brasil es el resultado de una estrategia planificada en Estados Unidos para desgastar en todas las formas posibles a las fuerzas políticas y líderes populares que el Imperio y las derechas consideran como enemigos, y tratar de que no puedan volver a gobernar. Si este último objetivo se va a cumplir o no, es un enigma imposible de responder con certeza y que escapa a las posibilidades del autor de esta nota.

Lula fue sentenciado por inmundos jueces y fiscales antidemocráticos ejecutores del plan imperial. Al mismo tiempo, empieza a ocupar en la historia universal un lugar entre los heroicos líderes políticos que sufrieron la crueldad de una condena a prisión injusta por defender los intereses y derechos de su pueblo. Y su figura será, por esa fuerza moral invencible, un faro que ilumine las nuevas luchas.