Por Ramiro García Morette

“Todas las voces, todas/ todas las manos, todas”, cantaba la entrañable Mercedes Sosa. Pero la cintura cósmica del sur parece más apretada que nunca y las voces hegemonizadas de manera inédita en democracia en la región, y especialmente en nuestro país. Así lo alertaron diputados nacionales y provinciales en conjunto con comunicadores sociales en una reunión en la cual se discutió la concentración de medios, la precarización o despidos de profesionales, el blindaje y la manipulación de información privada y pública que se ha desatado en los últimos dos años. Cabe recordar que el derecho a la comunicación está avalado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En el marco de un blindaje innegable, los diputados nacionales Máximo Kirchner y Rodrigo Rodríguez y la diputada provincial Florencia Saintout se reunieron con periodistas y comunicadores populares con el fin de delinear iniciativas en defensa del derecho humano a la comunicación. Esta mesa de diálogo, que no sólo denunció el silenciamiento sistemático a la oposición sino también los casi 4.000 despidos de trabajadores de medios registrados durante la gestión de Cambiemos, queda abierta para reuniones futuras.

Contrariamente al alerta de desaparición que años atrás fogoneaba TN, los medios por entonces opositores no sólo se fortalecieron sino que las pocas voces disidentes al gobierno actual se redujeron a la expresión mínima dentro de los medios masivos. La avanzada se efectivizó desde el cambio de titularidad en C5N, la abnegación a los medios populares o alternativos y el vaciamiento de medios públicos.

Semanas atrás, el SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y delegados gremiales de TELAM, Radio Nacional y la TV Pública, apoyados por un amplio arco político, señalaron a Hernán Lombardi y denunciaron el vaciamiento que también ocurre en canal Encuentro, PakaPaka y DeporTV: reducción salarial, persecución gremial, despidos, recorte de contenidos y secciones.

Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), define la situación de las radios y los medios comunitarios o populares como “muy difícil. No se trata de idealizar lo anterior, pero el retroceso ahora es notable”.

“La situación de las radios y los medios comunitarios o populares es muy difícil. No se trata de idealizar lo anterior, pero el retroceso ahora es notable”

Antonini señaló el endurecimiento de los requisitos y criterios para la asimilación de medios alternativos, rechazando proyectos por razones “ridículas, como una radio mapuche rechazada por una fotocopia mal hecha”, y a la vez cerrando radios “con un clima enrarecido, con entradas y ataques”.

Según Antonini, “la distribución de pauta es más arbitraria” y se viven “condiciones de trabajo precarias, censura e intimidaciones”, agregando que han hecho presentaciones ante organismos internacionales. En la base de esta situación está el desmantelamiento de mecanismos que garanticen el derecho a la comunicación, como ocurrió con la Ley Nacional de Medios y Servicios Audiovisuales.

Deshecha la ley…

Una de las primeras medidas apenas asumido Macri fue, mediante el DNU 267/15, la modificación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones sancionadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso implicó la disolución de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que fue reemplazada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que también regula las telecomunicaciones, sector que estaba regulado desde 2014. Entre otras modificaciones, se suprimieron topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable y restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y TV abierta, así como la extensión del plazo de las licencias. Fueron beneficiados –según señala un vasto informe de Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas– Clarín, Vila-Manzano y los grandes operadores de cable.

Otra medida estratégica fue reducir la pauta oficial en un 25%, pero con un detalle: el 21% de la partida estuvo destinado a medios de Clarín. Al año siguiente se incrementó la pauta y los beneficiados fueron Telefe, Indalo, el Grupo América y La Nación S.A.

Lázzaro: el derecho a la comunicación está “en riesgo y violentado desde el punto de vista jurídico” desde el momento en que se implementaron tales modificaciones de “leyes que habían atravesado todos los procedimientos constitucionales”.

Luis Lázzaro, especialista en educación, lenguajes y medios, asegura que el derecho a la comunicación está “en riesgo y violentado desde el punto de vista jurídico” desde el momento en que se implementaron tales modificaciones de “leyes que habían atravesado todos los procedimientos constitucionales”. Afirma que hay una “desprotección de la sociedad en su derecho a acceder a la diversidad” y coincide con Antonini respecto del “deliberado retraso en los fondos de fomento” para medios comunitarios.

Red de influencia

Lazzaro no niega, a su vez, que “vivimos un momento de alianza entre el poder mediático y  el político, pero también atravesamos una transición de las plataformas tecnológicas donde aún no hay regulación concreta”. Es que la preocupación por controlar la opinión pública no se reduce a los medios tradicionales.

La Jefatura de Gabinete tiene un área específica que destinó 80 millones de pesos en los dos años de gestión para comunicación en redes sociales. A su vez, Marcos Peña tiene bajo su dominio la Dirección de Protección de Datos Personales de la ANSES, base de datos que incluye historial laboral, familiar y de ingresos. Se sabe que este tipo de información puede ser usufructuada por encuestadoras y campañas políticas.

Recientemente, un escándalo internacional incluyó al gobierno de Macri cuando trascendió que la empresa inglesa Cambridge Analytica había utilizado datos de 50 millones de cuentas de Facebook para manipular las elecciones en Estados Unidos en 2016, y las acciones de la empresa de Zuckerberg bajaron un 7%. Luego se reveló que entre otros países también había trabajado a través del SCL Group en Argentina desde 2013.