Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil, en una ajustada votación de seis contra cinco, rechazó el pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Luiz Inacio “Lula” da Silva. La decisión, que abre el camino para el encarcelamiento del exmandatario, se dio en el marco de una enorme presión de los medios de comunicación y de la amenaza de golpe militar por parte de un sector de los militares que exigen que Lula sea encarcelado.

El fallo representa un nuevo retroceso en la democracia brasilera y esconde el verdadero motivo de la condena que recibió el líder del Partido de los Trabajadores (PT): la intención de impedir que participe de las elecciones presidenciales de octubre de este año y de poner un freno al posible regreso de un gobierno popular en Brasil.

La decadencia de la democracia brasilera comenzó cuando los medios hegemónicos (la Rede Globo), los poderes económicos y financieros y la embajada de Estados Unidos, con el aval de un sector del Poder Judicial, se complotaron con los referentes del PMDB, principalmente, con el entonces vicepresidente Michel Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (hoy preso por corrupción), para dar un golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff.

Ni bien el golpista Temer se hizo del poder, dio un giro de 180 grados, traicionando el programa de gobierno votado por la mayoría de los brasileños. Desde ese momento, todas las medidas fueron a favor del capital económico y financiero concentrado, de los intereses de las multinacionales y de los sectores más reaccionarios vinculados con el Poder Judicial, el Ejército y la Policía.

El golpista Temer decidió la intervención militar de Rio de Janeiro y nombró a un general al frente del Ministerio de Defensa, algo que no pasaba desde la dictadura. En ese marco se produjo el asesinato de la concejal Mariele Franco, quien cayó acribillada por las balas de la Policía.

La segunda parte del golpe implicaba impedir que un gobierno popular volviera a tomar las riendas. Para ello era fundamental evitar que Lula pudiera ser candidato. En función de ese objetivo, se desató una persecución mediática y judicial sin precedentes. Tras la demonización mediática, el juez Federal Sergio Moro, sin prueba alguna, condenó a Lula a nueve años y medio de prisión y dieciocho años de prohibición para ejercer un cargo público.

La condena no melló la imagen del expresidente, y la intención de voto hacia él siguió creciendo a cada momento.

Tras la apelación de Lula, el Tribunal Regional Federal N° 4, que comúnmente tarda más de un año y medio en dar sus sentencias, resolvió en sólo seis meses ratificar la condena y aumentar los años de cárcel a doce. En ese marco, con un Lula lanzado en su campaña presidencial, cada vez con mayor respaldo, con cerca del 40% de intención de voto y más de veinte puntos de diferencia sobre sus rivales, el Supremo Tribunal Federal debía decidir por el pedido de habeas corpus presentado por la defensa para que Lula quede en libertad y pueda seguir su campaña electoral hasta que la última instancia de apelación sea agotada.

Pocos días antes que el STF diera su fallo, representantes de la Rede Globo visitaron a los magistrados para hacerles saber cuál sería su postura si fallaban a favor del expresidente, y sólo veinticuatro horas antes de que el Tribunal haga pública su resolución, representantes del Ejército lanzaron un nuevo elemento de presión al asegurar que si Lula era liberado darían un golpe de Estado (un golpe dentro del golpe).

En ese contexto, el STF, en una ajustada votación, rechazó el habeas corpus de Lula, dio un nuevo golpe a la democracia brasilera y, en clara violación de la Constitución de Brasil, abrió el camino para que el expresidente sea encarcelado. Ahora queda ver cuál será la nueva estrategia de la defensa de Lula y del Partido de los Trabajadores para defender el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y el derecho del expresidente a ser candidato.

Brasil vive las horas más oscuras desde el fin de la dictadura. La lucha popular será la única que pueda parir la luz que marque el retorno del gigante sudamericano a la vida democrática y al Estado de derecho.