Con la pantalla de la “democratización”, nuevo avance contra el sindicalismo

El diputado Fernando Iglesias, acompañado por otros legisladores de Cambiemos, presentó un proyecto de “Democratización de las Asociaciones Sindicales” que propone quitarles el manejo de las obras sociales a las organizaciones que no se ajusten a los parámetros de esa norma. El abogado laboralista y exdiputado nacional del FpV Héctor Recalde manifestó que “el hecho de que la pena sea la quita de obras sociales muestra cuál es la verdadera intención”.

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Por Pablo Pellegrino

“Vivimos en un país democrático con asociaciones sindicales que no lo son, que aparentan serlo pero no lo son y que han servido para crear verdaderas mafias que se apropian del dinero de los trabajadores”, dijo el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias en el programa de TN “Los Leuco”, en el que explicó los alcances del proyecto de “Democratización de Asociaciones Sindicales” que presentó esta semana.

Si bien todavía no se conoce el texto de la iniciativa, Iglesias dio a conocer algunos de los puntos más destacados: mandato de cuatro años con una sola reelección, tutela de la Justicia Nacional Electoral de los procesos electorales, elección directa de las autoridades de la CGT por parte de todos los trabajadores y no de los delegados, y presentación de las declaraciones juradas de los dirigentes. Pero lo que se apunta como instrumento para transparentar el funcionamiento del movimiento obrero esconde otras intenciones: la pena por no cumplir los “requisitos” de Iglesias es la quita de las obras sociales, instrumento con el que las asociaciones brindan servicios de salud a millones de trabajadores.

“Si vos querés manejar eso, tenés que someterte a algunas reglas”, dijo el diputado, y manifestó que “las obras sociales han pasado a ser manejadas por los sindicatos en el año 1966 gracias a un dictador, Onganía, que se las dio como agradecimiento a la colaboración que tuvieron para el derrocamiento de un gran presidente que fue Arturo Illia”.

Otro de los puntos que resaltó es que “no pueden nombrar en los sindicatos a familiares de primer grado ni contratar empresas de familiares de primer grado”, llamativa exigencia que, más que los sindicatos, varios funcionarios del gobierno, incluido el presidente, debería respetar.

“El hecho de que la pena sea que no administren obras sociales está dejando claro cuál es la intencionalidad del proyecto”, dijo a Contexto el abogado laboralista y expresidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, y sostuvo que las declaraciones de Iglesias con respecto al espíritu antidemocrático de los sindicatos “niega la historia más rica que tiene el movimiento obrero organizado”.

El exdiputado recordó que “la ley de asociaciones sindicales nació en 1968 como un acuerdo del radicalismo y el peronismo, y por supuesto que, como cualquier obra humana, es perfectible, pero no creo que la perfección sea este proyecto”, y añadió: “Una de las cosas más notables del proyecto es el desconocimiento de la realidad: ya la primera afirmación que hacen los presentantes dice que el sindicalismo no es democrático; hay un prejuicio a priori y se desconoce la historia”.

En este sentido, contraargumentó las sentencias de Iglesias: “En 1977, la dictadura cívico-militar dictó un decreto, que se lo llamó el “decreto plebiscito”, que cancelaba todas las afiliaciones a sindicatos y obligaba a reafiliarse al trabajador que quisiera pertenecer a uno. En pleno proceso de represión, secuestros, asesinatos y desapariciones, la reafiliación de trabajadores a los sindicatos dio como resultado un padrón mayor al preexistente, por eso se llamó decreto plebiscito […] El 27 de abril de 1979 hubo una huelga general contra la dictadura cívico-militar. En la Semana Santa de 1987, cuando Rico quiso dar un golpe contra Alfonsín, la CGT se movilizó a favor del gobierno radical y, es más, dispuso que si la asonada de Rico continuaba el domingo de Pascua, a partir de las cero horas había un paro por tiempo indeterminado”, continuó Reclade, y agregó que “negarle estas cosas al sindicalismo es negar la historia”.

Otra de las críticas que hizo a la iniciativa de Cambiemos fue a la propuesta de darle mayor participación a las listas que resulten perdedoras en las elecciones, y dijo que “la participación de las minorías se da siempre a través de las filiales, las asambleas y los congresos”. “Las minorías participan en los órganos que no son Ejecutivos: acá tenés un presidente y un vicepresidente, pero las minorías no cogobiernan con el Ejecutivo”, analizó.

Con respecto a las obras sociales, el exdiputado consideró que “implica desconocer que los sindicatos están prestando servicios de salud a más de la mitad de la población”, y afirmó que, “si hay patologías, se las tiene que corregir y punto, pero no se cura la patología matando al enfermo”.

Finalmente, Recalde opinó que “Cambiemos votó en contra de todas las leyes que se sancionaron a favor de los trabajadores. Habrá una sola excepción. Entonces uno no puede pensar que Cambiemos quiera mejorar la situación de los trabajadores”, y concluyó: “Churchill decía que la democracia era un mal sistema pero era el único que conocía para representar los intereses de los ciudadanos. Los sindicatos pueden ser un mal sistema, pero yo no conozco otro sistema mejor para representar a los trabajadores”.