Por Ramiro García Morete

Un proyecto de solicitud de informes en relación con la violencia obstétrica fue elevado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de que existe una Ley de Parto Humanizado (la N° 25.929, sancionada en 2004 y promulgada recién en 2015) que garantiza el acceso a un parto natural y no invasivo, la cifra de cesáreas que se practican en nuestro país supera ampliamente la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en muchos de estos casos es una práctica innecesaria. Y como núcleo demográfico central, la provincia no es ajena a un tema que exige concientización y políticas públicas activas.

“Es la violencia más común y la más generalizada, porque está avalada por el sistema médico hegemónico”, asegura Lorena Ribot, integrante de Vos podés (Asociación Civil por los Derechos del Parto, el Nacimiento y la Crianza). Según la Ley N° 26.485, la violencia obstétrica es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

“Es la violencia más común y la más generalizada, porque está avalada por el sistema médico hegemónico”

Lucía Portos , diputada provincial por Unidad Ciudadana, fue quien presentó el proyecto y habló de “vaciamiento del sistema de salud pública” en contraposición a empoderamiento de las mujeres. La solicitud, entre otras cosas, exige información concreta sobre canales de recepción de denuncias de violencia obstétrica, mecanismos de seguimiento, investigación y sanción al respecto, así como módulos de sensibilización y capacitación.

También incluye estadísticas alarmantes que ubican a nuestro país entre los que más cesáreas practican. La OMS afirma que no puede justificarse que ningún país tenga más de 10 o 15% de cesáreas y no más de 10% de inducciones. En Argentina la tasa de cesáreas es del 25-30% en el sector público, y entre el 45 y el 50% en el sector privado (datos de 2005. Se estima que los porcentajes aumentaron).

Según Ribot, la problemática no está tanto en el seguimiento sino en la instancia de sanciones: “El Observatorio de Género es un canal que a nivel provincial funciona bastante bien. Hace seguimientos y apoyaturas. Pero no tiene capacidad de sancionar. Todo se eleva al Ministerio de Salud, y es ahí donde se ingresa en una zona más pantanosa”.

“El Ministerio puede sancionar sólo si es un delito. Pero la violencia obstétrica aún no se considera un delito”

“El Ministerio puede sancionar sólo si es un delito. Pero la violencia obstétrica aún no se considera un delito. Si hay mala praxis, sí, porque ese daño si está contemplado. Pero, por ejemplo, una cesárea innecesaria es algo que se avala a pesar de las consecuencia múltiples que tiene”, explica. La imposibilidad del bebe de tener el estímulo pulmonar adecuado o adquirir las bacterias sanas de la madre al nacer, así como la limitación de la autonomía de la mujer, en un proceso donde a la vez muchas veces es maltratada psicológicamente, son algunas.