Por Pablo Pellegrino

El gobierno de Mauricio Macri presentó el año pasado el proyecto de ley denominado “de Financiamiento Productivo” con el objetivo de mejorar la rentabilidad y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas del país. El propio presidente, durante la apertura de sesiones ordinarias, hace pocas semanas, pidió al Congreso que se apruebe rápidamente para poder ayudar al universo pyme. Sin embargo, sólo 26 de los 219 artículos que contiene el proyecto se refieren a ese sector, los restantes, a la apertura de nuevos canales especulativos.

Fue la senadora Cristina Fernández la que advirtió durante la sesión en la que el proyecto fue aprobado con 54 votos a favor y 10 en contra que “tal como nos tiene acostumbrados el gobierno cuando presenta proyectos, los títulos siempre son plausibles, con principios y eslóganes de campaña dignos de ser aprobados”, y señaló el hecho de que 193 artículos estén destinados a modificar la Ley de Mercado de Capitales sancionada en 2012.

El primer título de la ley, que se refiere justamente a las pymes, fue el único que contó con votos afirmativos de todos los bloques. “Impulso al financiamiento de pymes” dice, y desarrolla la instrumentación en los siguientes artículos una sola medida en favor del sector: las “Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes”.

El exsecretario de Servicios Financieros y actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, explicó el año pasado que esos instrumentos “funcionarán como un cheque de pago diferido”.

La medida alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas que, toda vez que realicen una operación comercial y deban emitir facturas o recibos a empresas grandes, implementarán estas facturas electrónicas que podrán “vender” en bancos o el mercado de capitales y así acceder a financiamiento más barato. Esto sucede porque, en muchas de esas operaciones comerciales, las grandes empresas suelen establecer plazos de pago muy prolongados.

“Nosotros manifestamos, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, la necesidad de financiamiento que tienen las pymes, eso no lo vamos a negar porque es una necesidad objetiva. Lo que sucede en este como en otros proyecto, so pretexto de incluir las pymes, es que no se analiza la conveniencia de los instrumentos y las reglamentaciones que se usan luego para llevar a cabo esa intencionalidad de concurrir, por ejemplo, al mercado de capitales”, dijo a Contexto el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández.

“Tanto las obligaciones negociables como otros instrumentos de financiación y acceso al mercado de capitales en verdad dejan fuera a la inmensa mayoría de las pymes, que por el tamaño y la calidad administrativa que tienen no pueden llegar”, agregó. 

En este sentido, manifestó que “fondearse para invertir es evidente que no va a ocurrir”, y afirmó que “ni siquiera se puede hablar de buenas intenciones, porque se usa a la micro, pequeña y mediana empresa como pantalla porque es imposible acceder”.

“No es una locura pensar en usar la factura de crédito y permitir, sobre todo, que los mercados concentrados, como son los hipermercados y grandes centros de compra, permitan el descuento de esa factura, pero hay que recordar que ese proyecto no es nuevo: ya estuvo en los noventa como descuento de facturas y no se logró ningún objetivo”, expresó Fernández.

“Las empresas que permitirían el descuento de esta factura son empresas concentradas que les exigen precios, y las pymes no son formadoras de precios y el costo del dinero lo fijamos nosotros”, completó.

Además, el presidente de la Apyme opinó que seguirá siendo difícil acceder al crédito, ya que “el que posee un capital, ¿por qué optaría en un mercado por una tasa más barata con lo inseguro que puede ser prestarle a una pyme, que prestarle al Estado con las Lebac por una tasa más alta?”.

Finalmente, recordó que los principales problemas del sector no están determinados sólo por la falta de acceso al financiamiento, sino que “es un cóctel que incluye varios factores”. “Un financiamiento que no es adecuado para el capital de trabajo; se han acotado o directamente anulado las promociones para los créditos de inversión productiva”, enumeró Fernández.

“Por el lado de las importaciones, el problema no es sólo la importación de productos finales que compiten contra las pymes, sino también la clara intencionalidad, lo han dicho, de combatir la inflación a través de esas importaciones que ponen un coto al margen de rentabilidad, que en el caso de las pymes, con aumentos no controlados como logística, servicio eléctrico, gas, agua y el aumento de impuestos sin segmentación, incide directamente en la actividad”, continuó.

“La composición del consumo de los sectores de clase media asalariada se ha alterado totalmente, por lo tanto, es un conjunto de factores que inciden y determinan un modelo económico que privilegia ciertas actividades pero no a las pymes”, concluyó.