Frente la intención de Vidal de prorrogar el estado de emergencia en infraestructura –lo que habilita un nivel bajo de controles en la realización de obra pública- el bloque de diputados de Unidad de Unidad Ciudadana le recordó al oficialismo que ya existe un proyecto listo para ser debatido que permitiría, igualmente, facilitar las licitaciones y trabajos pero sin que permanezca un estado de exepeción.

Es más, la iniciativa fue presentada hace ya dos años por un diputado de Cambiemos, César Torres, y aprobado por unanimidad en comisión hasta con la firma del presidente del cuerpo, Manuel Mosca, hombre fuerte dentro del macrismo bonaerense.

Hace unos días, se conoció que la Provincia buscará una extensión de, al menos, un año de la Ley de Emergencia e Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos, la 14.812/16, la cual fue sancionada en 2016 y alargada hasta 2018 por el Ejecutivo. Pero para tener esa herramienta un nuevo período debe volver a pasar por la Legislatura.

En los fumndentos, la Gobernación explica: “Pese el arduo esfuerzo llevado adelante por las distintas áreas del Gobierno provincial persisten en la actualidad las causales que motivaron tales declaraciones, que fueron consecuencias de los años de desinversión, que provocaron una actuación Estatal deficiente e ineficaz”.

Según Vidal, “se tornan necesarias las herramientas contempladas” porque todavía persiste “la crisis en las materas señaladas” y es necesario dar “respuestas urgentes”.

El objetivo de ampliación también incluye la Ley 14.815, la cual establecía la “emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. En este caso, se buscaban las mismas facilidades que las reclamadas para las obras públicas pero para la compra de “bienes y servicios”.

Como sucedió con dos normativas de la reforma judicial, que Cambienos no pudo debartir en el recinto porque la oposición se negó, Vidal intentará que las emergencias también rápido, con una dicusión exprés.

Desde el kirchnerismo admiten que son necesarias las modificaciones y por eso están dipuestos a acompañar cambios que sean de fondo pero a través de una ley. Ya es raro encontrar un legislador que no se muestre a favor de mejorar la actual ley de Obra Pública, la 6.201, sancionada y reglamentada en 1959