La oposición a Cambiemos logró frenar el tratamiento de dos leyes de reforma laboral que la gobernadora María Eugenia Vidal pretendía que fueran tratadas en forma exprés y sin debate ni análisis en profundidad en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense. Los dos proyectos enviados por el Ejecutivo buscaban la reforma del proceso para enjuiciar a los jueces y crear un mapa judicial. La primera iniciativa intentaba modificar la Ley Nº 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, que pretendía ampliar el poder de la Corte para agilizar el proceso. Desde la oposición sospechan que se trataría de una posible puerta de entrada a una persecución sin límites a los jueces críticos del gobierno.

“El llamado de atención de los legisladores opositores hizo reflexionar a María Eugenia Vidal, quien desistió en su intento de burlar el debate para lograr la reforma judicial”, disparó la presidenta del bloque de senadores de UC-FpV, Teresa García. Y acotó: “Esperamos debatir en comisiones tal como lo decidieron los bonaerenses con su voto”.

Los dos proyectos fueron enviados la semana pasada y la intención del oficialismo era tratarlos de inmediato, sin debate en comisiones y sin dar tiempo a que los diputados y senadores opositores analizaran el texto. Pero para tratarlo sobre tablas Cambiemos debía conseguir una mayoría especial de dos tercios del cuerpo que la oposición, con un rechazo conjunto, logró bloquear.

para tratar los proyectos sobre tablas, Cambiemos debía conseguir una mayoría especial de dos tercios del cuerpo que la oposición, con un rechazo conjunto, logró bloquear.

En el primer análisis, sectores de la oposición advirtieron que el proyecto para avanzar en la remoción de jueces tenía, entre algunos de sus puntos destacados, la propuesta de eliminar la calidad rotativa de los jurados, aumentar las atribuciones del presidente de la Corte y crear un recurso extraordinario para las decisiones de los jurados.

El proyecto buscaba introducir una modificación que habilita al “Presidente de la Corte a permanecer en carácter de presidente del jurado en todas aquellas denuncias presentadas durante su desempeño como tal”. La Constitución establece que el presidente de la Corte dura un año, lo que tornaría inconstitucional que siga como presidente del jurado, pues ya no cumple el requisito para hacerlo.

Cabe destacar que, de aprobarse las modificaciones, la actual presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, mantendría su lugar como presidenta de jury en todos los procesos que tiene a su cargo, a pesar de abandonar su puesto en el mes de abril.

Kogan es quien presidió el enjuiciamiento al juez platense Luis Arias, por lo que se encuentra suspendido de sus funciones. Este es un dato clave de la modificación, ya que, según manifestó la oposición, establece la “necesidad de incorporar una cláusula expresa de no retroactividad: es decir, que la nueva ley no pueda ser aplicada a los procedimientos de enjuiciamiento de magistrados que se hubieran iniciado con anterioridad a su entrada en vigencia”.

La proximidad de la finalización de Kogan cobra especial relación con el carácter expeditivo del proyecto: tal como sucedió en diciembre, Vidal envió la iniciativa a la Legislatura días antes de la sesión, sin dar tiempo a tratarse en Comisión y sin permitir al resto de los bloques asesorarse respecto de los efectos profundos de la medida.

El proyecto, además, incorpora en el artículo 6 mayores facultades a la Presidencia del Jurado y le saca facultades al resto. Por ejemplo, se le agrega a la presidencia la facultad de resolver recusaciones y excusaciones.

Asimismo, establece la continuidad en el jurado de los legisladores en caso de reelección. Ese fue uno de los puntos que la oposición rechazó en base a que, si hubo una elección y cambia la integración del Jurado de Enjuiciamiento, “debería hacerse un nuevo sorteo y no determinarse la continuación de un mandato que por otra parte ha caducado”.

El oficialismo intentó también el tratamiento exprés del proyecto para establecer un mapa judicial de la provincia de Buenos Aires, del que aun no se conocen los criterios específicos, pero cuyo arbitraje prioriza de manera casi exclusiva al oficialismo.

Prórrogas a la emergencia administrativa y en infraestructura

A su vez, el bloque de Cambiemos buscará prorrogar el estado de emergencia tanto en Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos, como en Administración y Tecnología. Con ello buscará mantener vigentes las condiciones de excepción y laxitud en materia de licitaciones, control de organismos del Estado y participación de empresas prestatarias.

Según detallo la gobernadora, la prórroga responde a “la necesidad de seguir dando resolución a la crisis que atraviesa el pueblo de la provincia”.

Aprobada en 2016, la emergencia en Infraestructura reducía los plazos para que se expidan los organismos de control intervinientes y algunos se convertían en no obligatorios, reducía la exigencia de la publicidad de las obras –por ejemplo, exceptuaba su aparición en el Boletín Oficial– y daba un margen de hasta un 35% en el movimiento de los recursos al ente contratante.

En tanto, la emergencia en Administración y Tecnología refería a los mismos criterios en matera de adquisición de “bienes y servicios”.