La resolución 5644/17, a través de la cual el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en diciembre, autorizó la fusión de Cablevisión con Telecom y dio nacimiento a Cablevisión Holding S.A., suma cada vez más críticas. En principio, porque se trata de una vulneración de las propias normas del ENACOM que facilitaron la fusión.

En diciembre de 2017, el organismo que conduce Miguel de Godoy publicó en el Boletín Oficial la resolución que aprueba la fusión de los dos gigantes de las telecomunicaciones con una incorrecta interpretación de los parámetros que se utilizan para medir la incidencia de una empresa en el mercado a fin de ser considerada monopolio o no.

Según la resolución, el 80% de los ingresos totales del mercado es el límite para considerar que una empresa tiene una posición dominante, cuando en realidad los estándares nacionales e internacionales indican que el número que señala una posición monopólica es menor.

“Si más del 80% del servicio está en manos de una sola empresa privada, el direccionamiento y la construcción de opinión a partir de ese poder impide la formación de un pensamiento”

La delimitación que hace el ENACOM, según un artículo del investigador de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, es de una importancia mayúscula, ya que “la fusionada estará exenta de pautas asimétricas excepto donde tiene posición fronteriza con el monopolio (80% o más), y, aparte, porque esa resolución la exime de cumplir condiciones pro competencia en otro servicio donde cuenta con poder significativo con evidencia empírica de que hace uso de él según tenga o no competidores: la tv por cable”.

En la resolución que permite la fusión, el gobierno sostiene que los parámetros de ese 80% para considerar la posición dominante nace nde un informe de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios, dependiente del propio ENACOM. Becerra realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer los datos que elaboró esa Dirección y señaló que esta “no sólo no aporta justificación técnica alguna sobre por qué se adopta el 80%, sino que cita antecedentes normativos que están muy lejos de ese porcentaje”.

El informe que cita el organismo que regula las comunicaciones en Argentina toma datos de un decreto firmado durante el gobierno de Fernando de la Rúa que establece que más del 25% de prestación de un servicio se considerará “prestador con poder significativo”, y cuando el 75% de los ingresos los concentre uno solo será considerado “prestador con poder dominante”. “Huérfano de antecedentes, el 80% surge de una decisión política que no puede justificarse en los papeles”, sostiene en su artículo el investigador de la UNQui.

Pedido a la Corte para desarticular “un monopolio sin antecedentes en Argentina”

“La velocidad administrativa ejecutada con instrumentos de Estado de inferior rango judicial, como una Resolución emitida por un órgano inferior del Estado como es un ente sin rango ministerial, vulnera toda la jerarquía legal e institucional del Estado y la Constitución. A esta subversión del orden jurídico se suma el hecho consumado privado de la fusión entre Telecom y Cablevisión a partir de enero, sin cumplir la autorización previa que obliga la ley de Defensa a la Competencia y al secretario de Comercio”.

Con estos argumentos, y sumado al hecho de que la fusión empresarial se produjo a las puertas de la feria judicial que impidió la interposición de recursos para frenarla, el Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe, representado por Guillermo Robledo, Eduardo Murúa y Clelia Isasemendi, junto con el exjuez federal Carlos Rozanski, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Consultado por Contexto, Rozanski, exmagistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, explicó que el motivo de la presentación ante el máximo tribunal es “porque se trata de una cuestión que tiene que ver con el monopolio de la comunicación, que es el manejo de más del 80% de la información a lo largo del país, que además viola la ley en cuanto a la conformación de un monopolio. Pero en segundo lugar porque tiene una afectación directa sobre lo que es la formación de opinión”, y consideró que, al haberse producido ya la fusión de Cablevisión y Telecom, “la urgencia para que la Corte intervenga es evidente”.

“Si más del 80% del servicio está en manos de una sola empresa privada, el direccionamiento y la construcción de opinión a partir de ese poder impide la formación de un pensamiento que no sea único”, manifestó Rozanski, y agregó que “hay una afectación constitucional muy seria en muchas áreas y aspectos”.

En este sentido, señaló que “hemos presentado esto por razones jurídicas, éticas y económicas, de modo que no veo motivos para que la Corte no lo estudie. Si con eso se avanza, vamos a tener la suerte de que no se convalide una fusión que verdaderamente es nefasta para la sociedad”. “Yo creo que por lo menos es un tema que está sobre la mesa, que está vigente, y eso significa que hay una esperanza”, añadió.

Por otro lado, el ex uez analizó que las políticas que aplicó el gobierno desde el comienzo de la gestión “van en la misma sintonía del modelo económico”, y sostuvo que “para poder implantarlo, como sucedió en la dictadura, son necesarias una serie de medidas en consonancia con ese modelo; esas medidas tienen que ver con que una diversificación de la opinión contraría al modelo, porque si la gente está mejor informada, esto no es viable”.

En esa línea, opinó que el proyecto político que encabeza Mauricio Macri “le va a quitar derechos progresivamente a distintos sectores, especialmente los más vulnerables”, y agregó que “para eso es necesario que estén desinformados y sin capacidad de reacción, y ahí son importantes los medios de comunicación”.

“Hay que considerar que el Poder Judicial históricamente ha ido variando en sus decisiones, y esas variaciones se han producido de acuerdo con el momento político”, afirmó Rozanski, y concluyó: “Si fuera por el momento político actual, la Corte no daría curso favorable a lo que estamos planteando, pero en el último tiempo diría que se ha visto algún tipo de variante en ese sentido en cuanto a que la sensibilidad del Poder Judicial también se va modificando de acuerdo con el futuro que se ve venir”.

la resolución producirá una confiscación al pueblo del derecho político a debatir en temas esenciales para su destino.

La dura presentación que realizó el Observatorio sostiene que la resolución “producirá una confiscación al pueblo del derecho político a debatir en temas esenciales para su destino, quitando a la comunicación, la cualidad de Derecho Humano y Bien Común”, y considera que “semejante desequilibrio comunicacional termina reemplazando los bienes jurídicos protegidos, por un nuevo poder totalitario universal: la teocracia del mercado con simulacro de mercado, que no es ni libre ni mercado, sino captura y saqueo monetario monopólico del aumento exponencial de la riqueza físico-biológica anual”.

Por su parte, Romina Del Pla presentó un proyecto en la Cámara Baja que también busca suspender la fusión. Según la diputada del FIT, la iniciativa ya cuenta con el aval de legisladores de Unidad Ciudadana, del Movimiento Evita y de Libres del Sur.

Mientras tanto, resta esperar la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Poder Ejecutivo, que aunque no se conoce la decisión se espera que sea favorable a los intereses del gobierno y la fusionada Cablevisión Holding S.A.