El asesinato de la concejala y defensora de derechos humanos Marielle Franco no representa un hecho aislado dentro de la actualidad del gigante sudamericano. El crimen político parece ser la nueva marca del oscuro momento generado en Brasil desde que Michel Temer, sus cómplices en el Congreso, la Rede Globo y los poderes fácticos locales e internacionales decidieron dar un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff.

Como si algo faltara para corroborar que se trató de un crimen político, la investigación ya demostró que el fusilamiento de Franco y su chofer se cometió con balas de la Policía.

La concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), feminista, defensora de los derechos de las minorías y de la diversidad de género, socióloga, surgida de una favela, crítica de la intervención militar de Rio y una activa denunciante de los crímenes realizados por las Fuerzas policiales y militares, quedó en la mira de quienes, en el gobierno de Temer, se sienten impunes.

Poco antes de ser asesinada, la concejala denunció en la red social Twitter el crimen de un joven de una de las favelas de Rio a manos de la Policía Militar.

Poco antes de ser asesinada, la concejala denunció en la red social Twitter el crimen de un joven de una de las favelas de Rio a manos de la Policía Militar. “Un homicidio más de un joven que puede estar entrando a la cuenta de la PM (Policía Militar). Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe?”.

La Policía y la Justicia buscarán a quienes apretaron el gatillo (aunque las balas, ya se sabe, pertenecían a esa misma fuerza de seguridad). Sin embargo, el crimen de Marielle Franco tiene sus raíces en el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en 2016.

La decadencia de la democracia brasileña comenzó cuando el entonces vicepresidente, Michel Temer, con sus cómplices en el Congreso (el principal de ellos, Eduardo Cunha, hoy preso por corrupción), sus socios en el multimedio Rede Globo y sus aliados locales e internacionales (la embajada de Estados Unidos, como siempre, jugó un rol fundamental) decidieron interrumpir el proceso democrático y destituir ilegalmente a una presidenta que no había cometido ningún delito.

Tras la toma del poder por parte del golpista Temer y el giro de 180 grados respecto del programa de gobierno votado por la mayoría de los brasileños, se desató la persecución mediática, judicial y política contra el máximo referente del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio “Lula” Da Silva.

La avanzada antidemocrática brasilera tiene como herramienta central la intervención militar del estado de Rio de Janeiro decidida por el mandatario golpista Temer.

El juez Sergio Moro, un magistrado vinculado a la embajada norteamericano y a la Rede Globo, fue el encargado de armar la causa que (sin prueba material alguna) dio la primera sentencia condenatoria contra Lula. El fallo en segunda instancia fue la crónica de una injusticia anunciada. El Tribunal de Apelaciones, que suele tardar más de un año en dar sus fallos, en esta ocasión lo dio en seis meses, y algunos de sus magistrados ya habían adelantado cuál sería su voto.

La derecha brasileña tuvo muy claro que, con miras a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, Lula es el candidato con mayor intención de voto, ya que alrededor del 40% de los brasileros lo apoyaría en una primera vuelta y podría ganar con tranquilidad en un balotaje. Mientras que el segundo, el líder de ultraderecha Jair Bolsonaro, no supera el 18%.

En ese contexto, la condena y el posible encarcelamiento (que se puede definir durante la última semana del mes de marzo) forman parte del intento deproscripción, la estrategia que la derecha ha tomado para sacar del camino a Lula.

La avanzada antidemocrática brasilera tiene como herramienta central la intervención militar del estado de Rio de Janeiro decidida por el mandatario golpista Temer. No es casual que los lugares que se militarizaron fueron las favelas, donde residen los ciudadanos más pobres, los más perjudicados por las políticas neoliberales que ha tomado Temer y los primeros que reaccionarían si se comete la terrible injusticia de arrestar al líder del PT.

El juez Sergio Moro, vinculado a la Embajada norteamericano y a la Rede Globo, fue el encargado de armar la causa que dio la primera sentencia condenatoria contra Lula.

Una de las favelas que primero vio llegar a los militares fue La Rocinha, donde habían aparecido las primeras pintadas que decían: “Si Lula va preso, baja el morro”.

Un golpe de Estado dado por el Parlamento, los poderes mediáticos y económicos y actores locales e internacionales, un gobierno de facto que ataca los derechos de los más vulnerables; una persecución mediática, judicial y política contra el candidato con mayor intención de voto, y la intervención militar de uno de los estados más importantes del país, conforman el contexto político del asesinato de Marielle Franco, fusilada con las balas de la Policía.

En Brasil, la injusticia se ha institucionalizado. La derecha está tensando la cuerda al punto máximo y, si se llega a cortar, como bien señaló el presidente del bloque de diputados del PT, Paulo Pimenta, “la reacción popular será imprevisible”.