Cuatro de los gremios más gravitantes del Estado bonaerense presentaron este lunes una agenda común para frenar el ajuste de María Eugenia Vidal en áreas sensibles como educación y salud, evitar la pérdida de fuentes de trabajo y lograr una mejora salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En la convocatoria estuvieron representantes de SUTEBA, ATE, CICOP y Judiciales.

Según un comunicado de la CTA bonaerense, en un plan de acción de nueve puntos los sindicatos “plantearon la necesidad de abordar la problemática salarial y laboral de los trabajadores del Estado provincial de manera conjunta ante los avances en la implementación de reformas estructurales perjudiciales”.

Los presentes, asimismo, asumieron “el compromiso de ampliar la convocatoria a otras organizaciones sindicales que no formaron parte de esta instancia, con el objetivo de construir el máximo de unidad que permita llevar adelante estas definiciones”.

Desde SUTEBA, Roberto Baradel adelantó que “si el gobierno no modifica esta pauta salarial a la baja, vamos a generar acciones conjuntas”. El dirigente docente denunció que Provincia “no quiere invertir en infraestructura, en salarios y en escuelas, a pesar de tener el dinero para hacerlo”.

Desde CICOP, Fernando Corsiglia, le reclamó a Vidal que “abra la paritaria para discutir no sólo un aumento salarial acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, sino también la necesidad de nombrar más personal y que se invierta en el área”.

Entre las exigencias a Gobernación también se incluyeron “la defensa irrestricta del IPS y del IOMA, rechazando la armonización del sistema previsional con el régimen de ANSES”, “rechazar la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Riesgos del Trabajo” y “afirmar la defensa irrestricta del Astillero Naval Río Santiago 100% estatal”.

El documento completo

1. Defender el salario, exigiendo en las diferentes paritarias una recomposición salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo que viene siendo seriamente lesionado por el ajuste económico. Rechazamos el techo salarial del 15% en cuotas y reclamamos la inmediata apertura de las paritarias de la Ley 10.430, de los profesionales de la salud y de lxs trabajadorxs judiciales.

2. Defender las fuentes de trabajo, reclamando al gobierno provincial la continuidad laboral de todxs lxs trabajadorxs estatales contratados, y exigiendo el pase a planta permanente de todxs aquellxs que no tienen estabilidad.

3. La defensa irrestricta del IPS y del IOMA, rechazando la armonización del sistema previsional con el régimen de ANSES, y exigir la inmediata normalización de las prestaciones de la obra social. Ratificar la oposición a la Cobertura Universal de Salud (CUS), que rompe con el derecho a la salud.

4. Bregar por un Estado participativo, democrático y popular, al servicio de las mayorías populares, donde lxs trabajadorxs estatales tengamos dignificada y jerarquizada nuestra tarea.

5. Rechazar la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Riesgos del Trabajo, por inconstitucional y por significar un negociado entre las empresas y los grupos financieros en detrimento de la salud laboral.

6. Afirmar la defensa irrestricta del Astillero Naval Río Santiago 100% estatal, por la inversión en tecnología y en salud laboral, y por la liberación de las cartas de crédito del Banco Provincia que hagan posible poder cumplir con los compromisos de construcción de embarcaciones.

7. Ratificar la oposición terminante al proyecto de Ley de Reforma Laboral, a la ya sancionada Ley de Reforma del Sistema previsional nacional, y a la tercera reforma del Estado.

8. Rechazar el ajuste en Educación: no al cierre de cursos y escuelas. Reincorporación de lxs despedidxs. Ni un sólo puesto de trabajo menos. Basta de riesgos edilicios y de la caótica implementación del nuevo sistema de licencias. Condiciones laborales dignas para docentes y auxiliares. No al traspaso de los Centros de Formación Profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo.

9. Demandar que se garantice el derecho a la educación de todxs con mayor presupuesto, políticas socioeducativas, SAE (comedores escolares) y materiales educativos.