Convocadas por Unidad Ciudadana, organizaciones trans concurrieron al Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para trabajar una agenda en conjunto con los legisladores y manifestar su preocupación ante la falta de implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans, aprobada en 2015 pero olvidada por la gobernadora María Eugenia Vidal. La Ley Diana Sacayan -en honor a una de sus principales impulsoras- sigue sin cumplirse en la provincia de Buenos Aires.

La normativa plantea que al menos un 1% de la totalidad del personal del sector público sean personas trans y travestis. Sin llegar a ser reglamentada en su totalidad ni cumplida, hoy desde las organizaciones LGBTI señalan que la gobernadora la tiene cajoneada.

Con la presencia de OTRANS, la Asociación Civil Infancias Libres, Putos Peronistas, la Convocatoria Federal Trans y Travestis, la diputada Florencia Saintout, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara Baja bonaerense, consideró que “lo que falta es la voluntad política de aplicarla”, al tiempo que llamó a crear “una estrategia en común hacia adelante para torcer esa voluntad política”.

“Este es un momento difícil y además complejo, porque del otro lado nos encontramos con un silencio abrumador. El gobierno del diálogo jamás nos ha convocado y no nos ha dicho de frente que no se iba a avanzar”, explicó la diputada del bloque Unidad Ciudadana, el cual presentó un pedido de informe sobre la situación de la ley.

“El gobierno del Diálogo Jamás nos ha convocado y no nos ha dicho de frente que no se iba a avanzar. Son ustedes quienes están al frente de esta LUCHA, pero para nosotros es una responsabilidad acompañarlas”, dijo Saintout.

La reglamentación y puesta en funcionamiento de la Ley Diana Sacayán resulta fundamental para la comunidad trans. Según un informe realizado sobre la situación de las personas trans-travestis en el conurbano bonaerense, “el 79% de las personas relevadas en la investigación recurren a la prostitución como medio de vida, a pesar de que la gran mayoría de ellas, si tuvieran opciones, no elegirían esa ‘opción’”.

“La implementación de esta ley tiene que ver con que el Estado repare la vulnerabilidad a la que fuimos confinadas. Para muchas compañeras la prostitución ha sido un destino. Sabemos que deberiamos tener otras oportunidades”, explicó Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travestis.

Por otro lado, remarcó que las políticas neoliberales generan una crisis que terminan con el cierre de emprendimientos productivos, como ocurrió con la peluquería Las Charapas, ubicada en el oeste platense y que no logró sobrevivir a las políticas económicas del macrismo.

Para Vázquez Haro, la implementación de la ley de cupo significa, por un lado, que el Estado las reconozca y que, por otro, les permita encarar “un proyecto de vida como cualquier ciudadana y ciudadano común”.

La referente trans señaló que es un “desafío enorme armar una agenda concreta” con los diputados de Unidad Ciudadana, al tiempo que llamó a construir “una figura jurídica para denunciar a Vidal por la dilación de la Ley. No puede ser que esta gobernadora se lleve una ley puesta”.

Gabriela Mansilla, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, llamó a redoblar la apuesta y empezar por la raíz: incluyendo de forma efectiva en la sociedad a las personas trans desde la niñez, siendo el sistema educativo uno de los lugares donde se las excluye, incluso en los manuales del Programa de Educación Sexual Integral. “No hay que seguir reparando lo que se puede evitar”, sostuvo.

Mansilla destacó que en la provincia se les niega la identidad a los niños y niñas, incumpliendo la Ley de Identidad de Género. “Hacemos responsable a Vidal. Desde junio del año pasado estamos tratando de tramitar un DNI de una niña de siete años y todavía estamos esperando al registro civil”, denunció.

Teniendo un promedio de edad de 35 años, las trans que superan esta edad se declaran sobrevivientes. Una de ellas es la activista Penélope Gutiérrez, quien pidió que dentro de la Legislatura se tengan en cuenta la vejez trans.

“El Estado se tiene que hacer cargo. Hoy tengo hambre, tengo problemas de salud, no tengo un HOGAR, Me falta la COMIDA, porque el Estado está en ausente”

“El Estado se tiene que hacer cargo. Hoy tengo hambre, tengo problemas de salud, no tengo un hogar, me falta la comida, porque el Estado está en ausente. Tengo título y nunca pude trabajar. Nosotras merecemos una vejez digna”, exigió Gutierrez.

Paula Arraigada, de la Corriente Nacional de la Militancia y del Partido Justicialista CABA, convocó a que también sean los intendentes de la provincia quienes se comprometan con la Ley Diana Sacayán.

“Si la gobernadora no tiene la voluntad política de reglamentar el cupo, exijamos a nuestros intendentes e intendentas que tengan la voluntad de aplicarla”, propuso Arraigada.

“Con la ley de inclusión laboral no nos alcanza. Tenemos más de veinte compañeras asesinadas en lo que va del año. Estamos en una situación de emergencia”, advirtió en tanto Diana, de Putos Peronistas. “Hay que redoblar la apuesta, no solamente exigir que se cumpla ley, sino incluir el resto de las demandas”, exigió.