Diana Sacayán fue asesinada en octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores. Gabriel David Marino -quien había conocido a la activista trans un mes antes- está imputado por la causa bajo el delito de homicidio triplemente calificado: por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía.

Mientras que por fuera de los tribunales se realizaba una radio abierta con la participación de organizaciones LGBT y de derechos humanos, en la primera audiencia, se leyó el resultado de la autopsia (la cual evidencia que Diana fue “asesinada con alto grado de violencia”), se marcaron los pasos a seguir durante el juicio y se leyeron los antecedentes y las pruebas contra Marino. El 19 se espera que declaren los testigos.

Los fiscales intervinientes manifestaron que el acusado actuó con ensañamiento, excediendo la intención de matar, por lo que entienden este caso como un travesticidio e indican que Sacayán fue asesinada por “mujer trans y por su calidad de miembro del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.)”. De igual forma lo entienden las dos querellas: Say Sacayán, hermano de Diana, y el INADI.

“Que la figura sea travesticidio es importante en términos colectivos. Se está esperando que el tribunal se expida y pueda sentar jurisprudencia y precedentes como para empezar a discutir socialmente la especificidad de estos crímenes”, dijo a Contexto Marlene Wayar, activista trans e íntima amiga de Diana.

“Que la figura sea travesticidio es importante en términos colectivos. Se está esperando que el tribunal se expida y pueda sentar jurisprudencia y precedentes”

“Necesito que haya justicia, que la Justicia se pronuncie, que haya un juicio claro que muestre la complejidad del tema y que haya una pena efectiva para tratar de frenar a todas las demás personas que intentan esto”, exigió Wayar.

El de Sacayán será el primer juicio por un travesticidio en la Capital Federal. Sólo se realizaron dos en el país (uno por el crimen de Natalia Sandoval en Mendoza y otro por el de Vanesa Zabala en Santa Fe), pero en ambos casos no se aplicó el agravante de odio de género.

Para Wayar, en este caso la Justicia reconoce que “quien lo hace, lo hace por otros intereses que tienen que ver con los discursos sociales donde se instala el odio y se habilita que las personas tomen estas iniciativas bajo la idea de que no van a llegar a juicio, que van a ser justificados por una Justicia patriarcal”.

“Tiene una importancia histórica para pararnos frente a la sociedad y sentir que se nos da un estatus humano. Cuando la mayoría de las poblaciones están peleando por derechos civiles, políticos y económicos, nosotras las travestis seguimos peleando por nuestros derechos humanos”, sostuvo Wayar, quien destacó que aún habiendo conquistado normativas como la Ley de Identidad de Género, no se pudo “avanzar aún en una inclusión real y verdadera”.

“Este cajonamiento de Vidal de leyes que tienden a la incorporación de todas las compañeras trans y compañeros trans en el mundo laboral lo que hace es fomentar el odio”

“Hablar de crimen de odio, de lo que le  sucedió a Diana en el marco de violencia por la identidad de genero, nos permite seguir para luchar por los derechos de los trans”, sostuvo en tanto Diana Broggi, de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán, quien sostuvo que hay que seguir adelante “luchando por las condiciones de vida”, peleando “como ella nos enseñó”.

Cupo Laboral Trans: el legado de Diana

La Ley de Cupo Laboral Trans de la provincia de Buenos Aires es conocida como Ley Diana Sacayán, siendo una de las autoras e impulsoras de esta normativa, la cual plantea que al menos un 1% de la totalidad del personal del sector público sea ocupado por personas trans y travestis. Sin llegar a ser reglamentada en su totalidad ni cumplida, hoy desde las organizaciones LGBTI señalan que la gobernadora María Eugenia Vidal la tiene cajoneada.

“Que no cumpla Vidal esto genera una fenomenología compleja”, analizó Wayar. “Por un lado, las compañeras son privadas de una política pública inclusiva que podría transformarles mínimamente la manera de gestionar la vida en particular. Pero además es un discurso que se manda a la sociedad, que dice que el Estado no tiene por qué hacerse cargo”, agregó Wayar

“Este cajonamiento de Vidal de leyes que tienden a la incorporación de todas las compañeras trans y compañeros trans en el mundo laboral lo que hace es fomentar el odio, es fomentar estos discursos que dicen que son diferentes y no tienen rango o estatuto estrictamente humano”, completó.