Unidad Ciudadana denunció la distribución de comida podrida en escuelas platenses

Legisladores, gremios y padres de alumnos se presentaron en la Defensoría del Pueblo Bonaerense para hacer visible la problemática, vinculada con la municipalización del servicio que impulsa Vidal.

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El comienzo de clases vino acompañado de una situación preocupante: la municipalización del abastecimiento de alimento a los comedores escolares, impulsado por María Eugenia Vidal, ya generó consecuencias como la falta de provisiones necesarias para los establecimientos o, de manera directa, la llegada de comida en mal estado. La situación fue denunciada ayer en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde padres y consejeros escolares fueron acompañados por legisladores y concejales de Unidad Ciudadana.

“Estamos recibiendo todas las denuncias de los vecinos de La Plata, las mamás y papás, de que en las escuelas está llegando comida podrida, insuficiente, leches vencidas. Ante esto el intendente dice que ‘se están cometiendo algunos errores’. Es una lista muy extensa de escuelas donde está sucediendo”, dijo a Contexto la presidenta del bloque de diputados Provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, al presentarse en la sede de Defensoría del Pueblo junto a sus pares partidarios en el Concejo Deliberante platense, Victoria Tolosa Paz, Gastón Castagnetto y Norberto Gómez.

“Esta irregularidad en el servicio es producto de su municipalización. Esto fue una decisión de la Gobernadora que ya se aprobó en 18 municipios, una directiva que claramente avanza en perjuicio de los colegios. Detrás de esto está el negocio. La municipalización trajo proveedores de otras localidades, de la Capital Federal que no pueden cumplir con la asistencia diaria”, expresó Tolosa Paz a Contexto, quien se explayó sobre algunos de los detalles que se incluyen en el listado que llevaron por escrito al organismo.

Según la denuncia, el Municipio está “cubriendo el 60% de la entrega con proveedores de Banfield y Longchamps, atentando contra los proveedores locales que garantizan la frescura de los productos”. En La Plata, Julio garro tiene la obligación de garantizar el servicio alimentario a más de 55.000 alumnos de 236 escuelas (190 escuelas primarias y 73 secundarias).

Tanto los referentes políticos locales como padres, consejeros escolares y gremialistas fueron recibidos en la Defensoría por Alejandro Garay, responsable del área de Educación del organismo provincial.

En simultáneo, desde la conducción platense de Cambiemos denunciaron a Unidad Ciudadana al responsabilizar la anterior gestión por realizar “negocios fraudulentos” con los fondos para el alimenticios. “Cuando la gobernadora Vidal traspasa la tarea y el municipio no está en condiciones, entonces es responsabilidad del intendente Garro”, agregó Saintout.

Por su parte, desde el sindicato de docentes Suteba de La Plata sostuvieron que el propio traspaso a la órbita municipal es “inconstitucional”, acorde a la legislación provincial. La referente regional Paula Tardón dijo a Contexto: “Así como están tomando esta decisión fuera del marco normativo, también toman otras: la reforma de planes de estudio, cierre de cursos. En este caso la Constitución provincial que el servicio alimentario es obligación del Estado provincial y se ejecuta en los municipios a través de los consejos escolares”.

En la capital bonaerense, Suteba difundió una serie de fotos de frutas y verduras que llegaron en mal estado a las escuelas y jardines. También señalaron que, como situación general en el distrito, el municipio envía yogures desde Banfield habiendo perdido la cadena de frío, y remarcaron que las cocinas reciben en promedio alrededor de 17 empanadas para 61 alumnos, 2 plantas de lechuga para 121 alumnos y frutas en estado de putrefacción.

“Entregan una bolsa para un mes, una bolsa de azúcar para un mes. Los chicos no pueden estudiar si no están bien alimentados”, dijo Ana Díaz, abuela de alumnas del colegio 912, quien denunció que los alumnos ya no tienen acceso al mismo alimento de antes.

Tras la reunión con Garay, las autoridades y los representantes de escuelas, proveedores y legislación acordaron retomar la discusión la próxima semana para que la Defensoría intervenga lo antes posible.