El año pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires trasladó a los municipios la administración de los comedores donde funciona el Servicio Alimentario Escolar (SAE), función que antes estaba a cargo de los Consejos Escolares. El número de comunas se amplió este año y son veinte las que adhirieron al Decreto 2077/16. La medida recibió fuertes críticas por el mal estado y la escasez de los alimentos, en un contexto de aumento de los cupos por la delicada situación social.

Los comedores abrieron sus puertas esta semana y el sistema funciona a partir de la administración de los municipios, mientras la provincia mantiene el presupuesto.

En la capital bonaerense, Suteba difundió una serie de fotos de frutas y verduras que llegaron en mal estado a las escuelas y jardines. También señalaron que, como situación general en el distrito, el municipio envía yogures desde Banfield habiendo perdido la cadena de frío, y remarcaron que las cocinas reciben en promedio alrededor de 17 empanadas para 61 alumnos, 2 plantas de lechuga para 121 alumnos y frutas en estado de putrefacción.

“Para reclamar y consultar se habilitó un correo electrónico al que todxs los directores han escrito reclamando, pero nadie recibe respuesta satisfactoria”, afirmaron desde el gremio.

Con más olor a medida publicitaria que a respuesta ante el cuadro de situación, el intendente de La Plata, Julio Garro, salió ayer a recorrer escuelas junto con sus funcionarios para verificar que en los comedores las cosas marchen bien.

“Ante las graves irregularidades que se pudieron constatar esta semana en el Servicio Alimentario Escolar tras la Municipalización del mismo, nos manifestamos en disconformidad y exigimos que se respete la normativa vigente y sea la provincia a través del Consejo Escolar quien garantice el servicio para lxs alumnxs”, agregaron desde Suteba en un comunicado.

“Ante las graves irregularidades que se pudieron constatar esta semana en el Servicio Alimentario Escolar tras la Municipalización, exigimos que se respete la normativa vigente y sea la Provincia quien garantice el servicio para lxs alumnxs”, reclamó Suteba.

La realidad que atraviesan los comedores es un aspecto más del complejo panorama que vive la educación pública en la provincia, con clausura de escuelas y cursos, cierre del organismo que mantenía la infraestructura de las escuelas (UEP) y una paritaria que se mantiene abierta por el rechazo de los gremios a aceptar salarios que signifiquen pérdida de poder adquisitivo.

A pesar de que Vidal, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, festejó haber aumentado en un 160% los recursos para los comedores, los reiterados golpes al bolsillo que sufren los sectores más vulnerables por los tarifazos y la inflación de la canasta básica hacen que los alumnos y alumnas sean cada vez más a la hora recibir un desayuno, almuerzo o merienda.

En la provincia, el 48% del total de la matrícula escolar (1,8 millones de alumnos) consumen por lo menos una de las cuatro comidas en los establecimientos educativos. El dato pertenece al Censo Provincial de Matrícula Educativa 2017 que publicó la provincia el mes pasado.

“Lo que llega en muchos casos está en malas condiciones y es poco, no alcanza para los cupos. Para dar un ejemplo, a una escuela llevan 250 magdalenas para una merienda cuando son 300 chicos”, dijo a Contexto Patricio Villegas, secretario general de Suteba La Plata.

Durante el año pasado, el desborde de estudiantes en los comedores fue una recurrente, de la mano del deterioro del poder adquisitivo de las familias. “Si se compara el servicio alimentario de este año con el del año pasado, es desastroso”, cuestionó Villegas, para quien el paso del servicio de la provincia a las comunas significa “un paso a la municipalización de la educación, porque este es un servicio que tendría que manejar el Estado provincial”.

Villegas planteó que “los proveedores de La Plata no son los que garantizan los alimentos para las escuelas de la ciudad, ahí hay un error de desarrollo territorial, es una improvisación, porque en muchos casos se reciben alimentos en mal estado y las escuelas no tienen la infraestructura para mantenerlos”.

No es la primera vez que Vidal condiciona a los municipios. Con la última ley de Presupuesto, hizo recaer sobre las comunas el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas a través del Fondo Educativo de los municipios, que los gobiernos locales reciben de Nación por la Ley de Educación de 2006. “Como los municipios recibían esos fondos, Vidal obligó a que sean utilizados en el mantenimiento de las escuelas provinciales”, dijo a Contexto Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE. “El gobierno busca desentenderse de responsabilidades que son indelegables para el Estado, como es el sostenimiento de la educación pública”.

La Ley de Pacto Fiscal para los municipios que la Legislatura le aprobó a Vidal a fines de 2017 es otro modo de la gobernadora de controlar a las comunas, ya que les condiciona el manejos de sus fondos. El congelamiento de la planta municipal fue uno de los puntos que establece la ley.

Rechazo y justificación legal

La nueva administración de los comedores empezó el año pasado con una prueba piloto con doce comunas, y este año se sumó La Plata, entre otros distritos. Hasta ahora, los municipios a los que la provincia les pasó el control del SAE son La Plata, Lanús, Quilmes, Almirante Brown, Escobar, Ezeiza, Hurlingham, José C. Paz, Junín, Lomas de Zamora, Morón, Pilar, Pinamar, San Isidro, Campana, Tres de Febrero y Vicente López.

El “Bloque sindical de Educación” que conforman Suteba, FEB, ATE y UPCN junto con otros sectores de la comunidad educativa de provincia hicieron un petitorio para juntar firmas y solicitar que “se respete lo establecido en la Constitución provincial en su artículo 203”.

Allí expresaron su desacuerdo con que los municipios administren los comedores y fundamentaron desde lo legal que “la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital estará a cargo de los Consejos Escolares, como así también en la Ley Provincial de Educación en el artículo 147, asimismo en el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas, determina que el Servicio Alimentario Escolar es responsabilidad de los organismos provinciales específicos”.

El recurso humano

Desde ATE advierten que, tal como dice el decreto de Vidal, la provincia también podría desentenderse de aportar el recurso humano en los comedores y así también municipalizarlo.

El tercer artículo del decreto afirma que “el municipio aportará y será responsable de proveer los recursos humanos para la implementación del SAE”. ATE pidió explicaciones sobre este punto y desde la provincia dijeron que el recurso humano seguirá siendo provincial, aunque todo quedó en palabras y es otro punto que genera temor en los gremios.

La justificación del gobierno

Uno de los motivos por el que la provincia descentralizó el servicio fue para darle mayor transparencia al manejo de los fondos en los Consejos Escolares, que mediaban entre el gobierno y los comedores.

Sobre este punto, el secretario general de la CTA Autónoma Buenos Aires y ATE, Oscar de Isasi, sostuvo en diálogo con Contexto que “no hay garantías de transparencia si sólo cambian el circuito de ingreso de los fondos, del Consejo Escolar a los intendentes; es cambiar de responsables pero el mecanismo es el mismo”.

El titular de la CTA pidió crear una comisión mixta entre los sindicatos, el gobierno y organizaciones de la comunidad (padres y madres, cooperadoras), para “democratizar el espacio”. “Cuantos más ojos estén en el tema, menos posibilidades de que haya desvíos de fondos”, afirmó.