El listado de 96 represores que el gobierno nacional incluyó entre los 1.111 detenidos que podrían acceder a excarcelaciones anticipadas son más de la mitad de los presos en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar: busca beneficiar a seis de cada diez genocidas, según se desprende de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundido ayer. En paralelo a ese dato, una docena de organismos de derechos humanos emitieron un duro documento con el que repudiaron la “maniobra” del gobierno para beneficiar a los genocidas. Además, advirtieron que se trata de una señal para que la Justicia continúe otorgando domiciliarias, como ya hizo con más de la mitad de los detenidos por crímenes de la dictadura.

A través de un informe, la Procuraduría dependiente de la Procuración General de la Nación informó que, según sus registros, los cien represores que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal incluyó en la lista de candidatos “para acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado” constituyen el 62% de las 156 personas de setenta años o más que se encuentran alojadas en las dependencias de esa agencia gubernamental.

Según los datos de la Procuraduría, sólo el 30% del total de personas condenadas o procesadas por crímenes contra la humanidad que se encuentran detenidas está alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Es decir que, según esos números, de los 1.083 presos por terrorismo de Estado, 325 están alojados en el SPF.

Con el objetivo de las domiciliarias

Este miércoles una docena de organismos encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el CELS e H.I.J.O.S., entre otros, repudiaron “el intento de beneficiar a los genocidas con domiciliarias con el pretexto de la superpoblación carcelaria”. En el documento también denunciaron el listado como una “maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas”.

El documento responde al listado que se conoció el martes y que fue elaborado por el SPF, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que conduce Germán Garavano, que fue enviado a finales de enero al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que funciona en el ámbito de la Casación Federal, a cargo del juez Gustavo Hornos.

Se trataba de un extenso documento compuesto por ocho listados con los nombres de 1.111 detenidos con distintas categorías. Uno de esos listados incluía a los 96 represores bajo el rótulo: “Internos de lesa humanidad mayores de 70 años”. Pero también hay presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones.

El listado fue enviado en momentos en que la domiciliaria a Miguel Etchecolatz puso de manifiesto que, luego de que la resistencia popular frenara la amnistía del 2×1 y pusiera de manifiesto que no hay marcha atrás con los juicios, la estrategia de impunidad del poder sería el otorgamiento masivo del beneficio de las prisiones domiciliarias.

En el listado enviado por la gestión de Garavano a la Justicia figuran asesinos de la talla de Jorge “Tigre” Acosta, jefe del Grupo de Tareas de la ESMA y de los también miembros de esa patota, Antonio Pernías y Adolfo Donda. Están además el exagente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y Julio “El Turco Julián” Simón, exagente de la Policía Federal. Hay dos civiles, como el exfiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado a perpetua por su rol en la organización de ultraderecha CNU en Mar del Plata, y el cura Cristian Federico Von Wernich, excapellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires condenado en 2007 a perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Todos ellos, asesinos, torturadoes, secuestradores, ladrones de bebés, fueron propuestos por el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que sean excarcelados y vuelvan a su casa.

La excusa fue la necesidad de descomprimir las cárceles federales. Pero para los organismos de derechos humanos, los 96 represores “no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”, repudiaron.

En ese sentido, en el documento remarcaron que el hacinamiento en las cárceles “no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos”.

El documento remarca que la situación de las cárceles es producto de la política de mano dura que impulsa el Poder Ejecutivo. “Las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020”, indicaron.

En ese camino, señalaron que sin diseñar una política eficaz para abordar el problema, el Ministerio de Justicia dispuso que el SPF envíe los listados al Sistema de Coordinación, “sabiendo que esa instancia no puede tomar decisiones porque éstas dependen de los jueces de cada causa”. “Es decir que la medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas”, resaltaron.

En ese sentido, marcaron la paradoja que significa promover la liberación de torturadores, violadores, asesinos y ladrones de bebés que, cuarenta años después, continúan defendiendo sus crímenes. “Se aconseja liberar a los peores criminales de nuestro país para generar espacio en las cárceles y continuar con una política que encarcela pobres”, dijeron.

“Rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados por delitos de lesa humanidad”, culmina el documento que también firman Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria y la APDH La Matanza.