-¿Qué concepción de la educación pública subyace en la decisión del gobierno provincial de cerrar escuelas rurales y del Delta?

-Hay un objetivo claro de achicar, de ajustar la cantidad de escuelas en todos sus niveles y modalidades, y también lo hacen para que hayan escuelas de primera y de segunda, pero también de tercera. Hacen una gran estratificación, con propuestas diferenciadas por composición social y zona geográfica, con criterios meritocráticos, atados a esa lógica. De ahí que una escuela en la isla es un gasto para ellos y no hay razón para sostener una estructura escolar para sostener pocos alumnos; lo mismo con las escuelas en el campo. Plantean que si los chicos quieren educarse, que hagan el sacrificio y se trasladen más kilómetros, que hagan mérito.

-¿Cómo enfrentan desde el gremio esta situación?

-Lo hacemos con organización y haciendo circular la información. Eso nos parece importantísimo porque tenemos un cerco mediático desfavorable.

-Los cierres de escuelas en el Delta y en distintas zonas rurales de la provincia no son medidas aisladas. ¿Qué ocurre en La Plata con la clausura de escuelas?

-Hay una decisión de cerrar muchísimas secciones en La Plata. Ellos hablan de seiscientos módulos, que nosotros estimamos en trescientos cargos docentes y cuarenta cursos. Es un número altísimo y en líneas generales pertenecen a la periferia de La Plata, como Altos de San Lorenzo y Echeverry.

-¿Cómo son las instancias establecidas en el sistema que debería haber seguido la gestión provincial antes de cerrar los colegios?

-Deberían reconocer la participación de los actores generando diálogo, pero eso no es una cuestión voluntariosa o que quede solamente a su criterio. El gobierno habla de reorganizar un curso, pero para nosotros fue una decisión unilateral, porque estamos de acuerdo con cambios en los recursos de acuerdo con su impacto en la comunidad, pero acá lo que hay es que ellos lo cierran a poco de empezar las clases.

Lo podrían haber hecho en la llamada etapa de tratamiento de planta orgánica funcional, una mesa en la que se sientan las secretarias de asuntos docentes, los inspectores de las escuelas y los gremios, y ahí se decide en conjunto de acuerdo con lo que sea lo mejor para la escuela, el barrio y el sistema en general. Están desconociendo este paso.

-Con respecto a las paritarias y teniendo en cuenta que la provincia es favorecida por el pacto fiscal con la nación, ¿el gobierno no puede pagar como reiteró ayer el ministro Hernán Lacunza, o no existe la predisposición para hacerlo?

-Entendemos que no quiere, porque vemos que hay muchas decisiones que confluyen en el ajuste: ir por un salario a la baja, cerrar escuelas, institutos de formación docente, como también las líneas de capacitación y formación permanente y gratuita que tenemos establecida por ley. Cuando atamos todas esas decisiones, decimos que acá hay un gran objetivo que es ajustar, achicar el sistema. En el caso del salario a la baja, se disciplina a los sindicatos docentes y es una medida ejemplificadora para el resto también.

-En la negociación, ¿por qué el gobierno insiste con el plus por presentismo?

-No nos negamos a tratar el tema del ausentismo, entendemos que tiene una multiplicidad de aristas para considerar. Pero no ponen sobre la mesa datos concretos, y eso hace difícil el diálogo, porque todo se asienta sobre el prejuicio y el estigma. Al fin, es para fortalecer el estigma contra los docentes, para tildarlos como faltadores. Esa es la finalidad, operar en el sentido común con la ayuda de los grandes medios.

-¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los gremios sobre el funcionamiento de la educación en la provincia, más allá del aspecto salarial?

-La infraestructura es un tema importante, las condiciones de trabajo no están garantizadas en las escuelas. Se caen los techos, hay baños que no funcionan y baños de docentes cedidos porque los de los alumnos no tienen agua. Vemos mobiliario escolar en malas condiciones o faltante, escuelas en las que crece la cantidad de alumnos y no tienen donde sentarse, faltan las netbooks que ya no llegan a las escuelas, al igual que los libros que no recibimos, los programas socioeducativos que se recortaron. Todo esto es arbitrario y lo seleccionan sin establecer criterios. Entonces es muy difícil participar así.

-Como viene la negociación, ¿prevés un inicio de ciclo lectivo conflictivo como el año pasado? ¿Considerás que el gobierno busca ese conflicto basándose en la buena imagen de Vidal?

-El gobierno está concentrado en cumplir su objetivo de salarios a la baja, y ahí va a poner toda su energía. A su vez, una Dirección General de Escuelas que a poco de empezar las clases les comunica a las familias que va a cerrar los cursos donde iban a enviar a sus hijos, es un gobierno que no le importa la educación, que no piensa en esos sujetos de aprendizaje y sus procesos educativos. Estamos dispuestos a hacer cumplir nuestros derechos y lo vamos a hacer con el apoyo de la comunidad, una variable que según ellos no tenemos, pero estamos convencidos de que los padres de los alumnos acompañan nuestros reclamos.

-El Suteba denunció las jubilaciones de oficio que llevó a cabo la DGCyE. ¿Cuántos docentes son, cómo fue ese proceso y cómo los afecta?

-Es un perverso mecanismo lo de las jubilaciones de oficio. Lo comunicaron a través de la página de la DGCyE. Son 3.000 jubilaciones de este tipo. Todos los casos fueron de la misma manera: sin comunicación explícita, fue uno por uno y de manera sórdida. Cuando empezó a circular esta información, como estamos en estado de alerta permanente, construimos el listado y ahora esperamos la notificación oficial, que va a ser el marco que nos va a dar legalidad para plantear lo irregular de la decisión.

-¿Cómo sigue el avance del gobierno sobre las jubilaciones de los estatales, como hicieron con los bancarios?

-Tenemos información de que han decidido suspender el tratamiento del proyecto en las Cámaras. Hay un proyecto de declarar los fondos del IPS como intangibles, que presentaron los compañeros del bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV. Lo celebramos porque consideramos que ese dinero es de los trabajadores, que son quienes lo aportaron. No se puede disponer discrecionalmente de eso y menos para ir en contra de los trabajadores. Así que estamos expectantes y en alerta, tratando de tener rápidamente la información, pero creemos que se les va a ser difícil porque también tenemos las fotos de diciembre del año pasado y tenemos la foto de la marcha del miércoles de un pueblo que está de pie. Esto hace que no esté todo dicho

-¿El resultado de la paritaria puede condicionar el énfasis con el que el gobierno embista contra las jubilaciones de los estatales?

-Sí, seguro. De todas maneras ellos en la paritaria del año pasado también buscaron imponer la idea de que habían ganado y sin embargo cerramos una buena paritaria con cláusula gatillo. Consideramos que podemos estar mucho mejor, obviamente, pero no fue un saldo de derrota o pérdida. Este año va a pasar lo mismo, porque el pueblo no es ingenuo. Los padres empiezan a percibir que todas las medidas confluyen contra el mismo actor y eso al gobierno le puede resultar un boomerang.