Por Ramiro García Morette

Tras una convocatoria que rondó las 400 mil personas el miércoles pasado, con Hugo Moyano y parte importante del sindicalismo copando las calles porteñas, el oficialismo no perdió el tiempo. Impulsado por el diputado radical mendocino Luis Petri, Cambiemos presentó un proyecto de ley para endurecer penas contra sindicalistas en casos de corrupción, equiparando las sanciones con las de funcionarios públicos. A su vez, busca establecer la obligatoriedad para presentar declaraciones juradas para quienes pretendan integran órganos de dirección gremial.

No es la primera vez que el gobierno reacciona de este modo: luego del paro general de abril del años pasado, el Ministerio de Trabajo dispuso una batería de controles a los sindicatos. Pero esta vez va más lejos y el sindicalismo no dudó en repudiar la moción.

Petri, diputado que, entre otras cosas, aboga por la baja de imputabilidad a catorce años de edad, declaró al portal de Ambito Financiero: “Los sindicalistas no pueden estar al margen de la ley cuando se trata de hechos de corrupción. Es necesario que los sindicalistas no sólo rindan cuentas de la evolución de sus patrimonios, sino que eventualmente puedan ser juzgados cuando reciban sobornos o cuando se enriquezcan injustificadamente”. Y sostuvo que el proyecto apoyado por más de veinte legisladores, que propone penas de tres a diez años para delitos de cohecho y de cuatro a diez para enriquecimiento ilícito,  sería “a favor de los trabajadores”. También se busca que no pueda estar al frente de un gremio u obra social quien tenga inhibiciones civiles o penales.

Consultado por Contexto y visiblemente indignado, Pablo Biro (secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) aseguró  que el proyecto “no es asimilable” porque los sindicatos son instituciones “privadas y autónomas”. Inclusive llegó a comparar este tipo de avanzada con experiencias del gobierno de Mussolini. Contra el argumento de que sería favorable a los trabajadores, no reculó: “Ya  bastante estafan a los trabajadores al retener los fondos sociales”. Tampoco escatimó en ironizar y hasta bromear: “¡Espero que el gobierno tome la misma postura con los empresarios. Que Triaca esté en el Ministerio de Trabajo y luego hablen de trabajo en negro es grotesco. Esta gestión es como el tero, que pone huevos en un lado y grita en otro, cuando hablan de corrupción pública y terminan usando el Estado para poner a su gente, para hacer negocios”.

En sintonía, Hugo Yaski se pregunta “por qué sólo apuntan a las organizaciones de los trabajadores y no a organizaciones de empresarios, con el antecedente reciente de un miembro del Gabinete (Luis Etchevehere) que tuvo que reconocer que antes de asumir recibió un extra por parte de la Sociedad Rural de 500 mil pesos”. Yaski definió como “sintomático” el proyecto a 48 horas de una marcha masiva, y no dudó en hablar de “caza de brujas” por parte de un gobierno, “que cuenta con gran parte de su gabinete en situación de tener que explicar por qué tienen cuentas offshore y si detrás de ello hay lavado y evasión”. Para el sindicalista, “al gobierno le duele” lo ocurrido el miércoles y busca atacar “estructuralmente a todo el sindicalismo”.

Para Cristian Vander (secretario general del SOEESIT), se trata de “otra agresión al movimiento trabajador y una estrategia de marketing”. Y en un tiro por elevación, “el ejemplo tiene que empezar por casa.”

Omar Plaini, líder histórico del Sindicato de Canillitas, desestimó cabalmente la naturaleza del proyecto y prefirió avocarse a “otros compromisos”.