Durante la audiencia por el tarifazo de gas desarrollada en Bahía Blanca esta semana, el representante de la Defensoría del Pueblo provincial, Jorge Ruesga, sostuvo que el aumento en la tasa del servicio “no contempla el contexto socioeconómico que atraviesan los bonaerenses”. La sentencia volvió a poner en el centro de la discusión el desequilibrio entre los montos exigidos por las empresas y el bolsillo de los contribuyentes, producto de las políticas económicas del gobierno.

En diálogo con Contexto, Ruesga fue determinante: “El gobierno parece estar más preocupado por la rentabilidad de las empresas que por generar accesibilidad a los ciudadanos que más lo necesitan”.

El aumento de gas, que prevé una suba en promedio del 35 al 43%, será discutido hoy en una nueva audiencia en Capital Federal, donde el organismo replicará la posición sostenida en Bahía Blanca, aún cuando el propio titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, considera que las audiencias apenas son “una mera catarsis”. Por ello, uno de los puntos más destacados que exigió la Defensoría es que las audiencias públicas tengan carácter vinculante. “Necesitamos audiencias con genuina participación ciudadana”, manifestó Ruesga.

Tal como había sucedido con referentes locales que lanzaron severas críticas durante la audiencia con ABSA en La Plata, la audiencia por el tarifazo de gas tuvo la participación de funcionarios de la región que manifestaron un fuerte descontento con la suba.

“Ninguna inversión anunció Camuzzi para nuestra ciudad y mucho menos para nuestra región. Realizará obras en La Plata, Necochea, Tandil y Balcarce. Nuestra región está abandonada y no tenida en cuenta”, manifestó el concejal de Bahía Blanca, Ezequiel Gimeno. Las ciudades de la “zona fría” de la provincia son las más delicadas dentro del consumo de gas. Tanto funcionarios de Bahía como de Mar del Plata intervinieron anteayer.

“Camuzzi pretende financiar los consumos de gas hasta un 25% de la factura, con una tasa de mercado. Comienza un nuevo negocio. Se convertirá en financiera, en perjuicio del usuario”, aseveró Gimeno.

Cabe destacar que la firma distribuidora Camuzzi pidió un 41% de incremento, lo cual implicará más de trescientos pesos extra que cada consumidor deberá desembolsar a partir de abril. El problema es que todavía no impactó de lleno el tarifazo de diciembre, que superó el 45%, porque, por estacionalidad, el consumo de gas de los meses de verano es sustancialmente menor al de invierno.

Camuzzi pidió un 41% de incremento, lo cual implicará más de trescientos pesos extra que cada consumidor deberá desembolsar a partir de abril.

Por su parte, el titular adjunto de la Defensoría del Pueblo, Walter Martello, expresó a Contexto que los aumentos no contemplan el “criterio de razonabilidad” estipulado por la Suprema Corte de Justicia. Esto plantea que las tasas tarifarias deben guardar una relación concreta con los ingresos de los trabajadores.

“Además de faltar al criterio de razonabilidad, no se cumple con el criterio de inversiones. Estamos frente a un esquema de otorgamiento de beneficios a las firmas, actualización de los retrasos de los pagos, pero cero realización de inversiones”, dijo Martello, quien ratificó el pedido de modificación legislativa para que las audiencias sean vinculantes.