El conflicto rural en Uruguay, que se mantiene desde principios de enero, va tomando un carácter cada vez más violento, similar al que instigaron las patronales agropecuarias argentinas en 2008. Este lunes, cuando el presidente Tabaré Vázquez salía de anunciar nuevas medidas en beneficio del sector, se topó con decenas de “autoconvocados” que lo increparon e insultaron en las puertas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero el mandatario no se quedó callado y comenzó una acalorada discusión con los manifestantes que lo rodeaban al grito de “mentiroso” y “delincuente”, hasta que uno finalmente lanzó: “¡Nos vemos en las urnas, Tabaré!”.

“Cuando me dicen ‘nos vemos en las urnas’, esto deja en claro que son un movimiento político-partidario”, respondió el presidente, mientras que otro ruralista vociferaba desencajado: “¡Porque los vamos a sacar, los vamos a sacar, manga de ineptos!”.

No se trata de algo menor, ya que, hasta ahora, los “autoconvocados” se habían mostrado públicamente como un movimiento “espontáneo” bajo la consigna “Un solo Uruguay”, surgido a partir de las “problemáticas del campo”, sin banderas políticas y sólo identificado con el pabellón nacional, si bien en audios de WhatsApp filtrados en los momentos más álgidos del conflicto se los podía escuchar llamando a la guerra civil y al desabastecimiento de las ciudades más importantes.

“Sólo hay dos caminos, le guste a quien le guste. Podemos trancar el país de verdad para que esta gente sienta hambre o el otro recurso es que entren los muchachitos que comandaron en los setenta. No hay otra. No le busquen la quinta pata al gato. Hay que ponerse en pie de guerra porque ellos nos van a colonizar. Ya estamos en dictadura”, decía uno de los mensajes filtrados, y agregaba que las Fuerzas Armadas están “desconformes” y “latentes”, esperando que el “pueblo” les pida ayuda para ponerse en acción.

“El entramado de capitales agrarios no puede resolver sus problemas de rentabilidad sin avanzar sobre el gasto del Estado y el precio de la fuerza de trabajo”

Ya el pasado 4 de febrero en la ciudad de Piriápolis, durante el multitudinario acto por el 47° aniversario del Frente Amplio (FA) con la vicepresidenta Lucía Topolansky, se advirtió sobre aquellos sectores que intentan frenar a como dé lugar el proceso de transformaciones iniciado por la coalición de izquierda en 2005.

Tras recordar que en países de la región, como Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, “han avanzado los restauradores del régimen injusto”, el titular del FA, Javier Miranda, aseguró que “no estamos libres de actitudes desestabilizadoras”.

Son precisamente las actitudes que se van gestando en el variopinto grupo de los “autoconvocados”, integrado por terratenientes, productores agropecuarios, dirigentes de patronales rurales, políticos de derecha, periodistas y medios hegemónicos con intereses en los agronegocios, y cámaras empresariales, sobre todo del rubro inmobiliario.

Los “autoconvocados” comenzaron a cortar rutas ni bien comenzó 2018. Organizaron su manifestación más importante el 23 de enero en la localidad de Durazno (centro del país), encabezados por grandes productores rurales, como Federico Holzmann, Guillermo Franchi, Marcelo Nogué y Álvaro Rivas; Eduardo Blasina, un empresario dedicado a los agronegocios y al cultivo de la marihuana que se vende legalmente en las farmacias; y los periodistas Jorge Landi y Walter “Serrano” Abella, presentados como “las voces del campo uruguayo”.

En el seno del incipiente movimiento también hay actores no tan visibles, miembros de la más rancia oligarquía vernácula, entre ellos Jorge Riani, actual presidente de la Federación Rural y excandidato a intendente del departamento de Artigas por el Partido Colorado; su vice, Miguel Sanguinetti Gallinal, identificado con el Partido Nacional; y Santiago Bordaberry, uno de los hijos del fallecido dictador Juan María Bordaberry.

Otro es el senador suplente nacionalista Sebastián da Silva, quien administra una empresa agropecuaria y arrienda campos; mientras que en Montevideo se alzan nefastos personajes de la talla de Jorge Azar Gómez, embajador ante la ONU durante el terrorismo de Estado y exministro del gobierno neoliberal de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

El acto de Durazno culminó con la lectura de una proclama en la que demandaron rebajas en el precio del gasoil, de la energía eléctrica y de los impuestos que pagan, además de una suba del dólar al considerar que existe un “atraso cambiario”. Y salieron con los botines de punta contra el Estado, al que calificaron de “pesado y derrochador”, reclamando su achicamiento y la revisión de las políticas sociales implementadas en los últimos trece años.

Para poner las cosas en su real dimensión, el senador frenteamplista Leonardo de León indicó semanas atrás en el diario La República que “lo que se cobró por renta de la tierra en 2017 fue de aproximadamente 640 millones de dólares, mientras que los ‘costos del Estado’ fueron en torno a los 200 millones de dólares”.

Por su parte, el director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Fernando Isabella, dijo que entre 2005 y 2015 aumentó en 53.200 la cantidad de funcionarios públicos, aunque aclaró que ese incremento se dio “en áreas clave para el desarrollo el país”, como “educación, salud y seguridad”.

“Prácticamente, el 80% de los ingresos fueron a la educación, el sector que más personal incorporó”, en tanto que “hay una mejor utilización de los recursos humanos”, con una disminución de “5.000 funcionarios” en “reparticiones burocráticas de los ministerios”.

La puja de fondo

Sin lugar a dudas, los “autoconvocados” constituyen un movimiento con miras a 2019, año de elecciones generales, teniendo en cuenta las limitaciones de una derecha que ha sido incapaz de articular una propuesta superadora a la del FA, fuerza que está dispuesta a pelear por un cuarto mandato presidencial para seguir construyendo un Uruguay “integrado, inclusivo, culto, inteligente y, por sobre todo, más justo e igualitario”, según las palabras de Topolansky.

Está “orientado a restituir la unidad sin fisuras entre el Uruguay oligárquico y el Estado”, explica el economista Rodrigo Alonso en un artículo de opinión publicado en el semanario Brecha, pero aún hay más: “El entramado de capitales agrarios no puede resolver sus problemas de rentabilidad sin avanzar sobre el gasto del Estado y el precio de la fuerza de trabajo. Una devaluación, como proponen, que devuelva los márgenes de rentabilidad, haga viable los capitales exportadores más ineficientes y vuelva a levantar los precios de la tierra y los arrendamientos, para que sea efectiva y no provoque una espiral inflación-devaluación-inflación que vuelva a subir el tipo de cambio real, precisa necesariamente de la caída del salario y el gasto estatal, desde allí sale el fondo que recompone su rentabilidad. Ellos lo saben, y con su movimiento quizá nos lo estén empezando a aclarar a nosotros también”.

Lo del salario no fue incluido en la proclama del 23 de enero, pero sí está en la boca de los principales dirigentes de los “autocovocados”. Blasina, por ejemplo, se refirió a la cuestión como “una de las mochilas con las que carga el agro”, pese a que un peón rural cobra alrededor de 14 mil pesos uruguayos mensuales (menos de 500 dólares).

De ahí que cada medida tomada por el gobierno para paliar los problemas concretos del agro sea considerada “insuficiente” desde las patronales que forman parte de “Un solo Uruguay” y los grandes medios de comunicación que operan en contra del FA.

Desde que estalló el conflicto, Tabaré anunció la creación de un fondo de garantía para las deudas del sector lechero por 36 millones de dólares, descuento del 15% en la electricidad y devolución del IVA en la compra de gasoil para pequeños y medianos productores lecheros, arroceros y frutihortícolas, además de poner en marcha mesas de trabajo para buscar otras soluciones a largo plazo.

El lunes, minutos antes de ser atacado, el mandatario había informado en una de esas mesas la extensión de la devolución del IVA en las compras de gasoil a los productores ganaderos de menos de 1.000 hectáreas y el envío al Parlamento de un proyecto de ley para reinstalar una reducción de 18% de la contribución inmobiliaria rural para los pequeños productores.