Por Ramiro García Morete

Ningún hombre es un isla, rezaba un célebre poema. No parece entenderlo así la política de ajuste en materia educativa provincial: en un marco que incluye cierre y fusión de escuelas por parte de la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, la situación parece alcanzar un punto álgido en lugares como San Fernando, donde hubo un masivo repudio. Sin responder a los procedimientos pertinentes, la semana pasada se comunicó a las autoridades el cierre de más de diez jardines y escuelas primarias de las islas.

De cara a la marcha nacional convocada para el próximo 21 de febrero, el escenario incluye también cese de suplentes y provisionales, aulas hacinadas, cierre de secciones que afectan decenas de distritos de la provincia, como La Plata, Miramar, Tres Arroyos y Pinamar, forzadas ejecuciones de pluriaños (juntar dos cursos en uno) y la baja de la Unidad Ejecutora Provincial, organismo a cargo de la reparación y construcción de escuelas.

“La escuela lo es todo”. Silvia Quevedo es directora de la Escuela N° 22 de San Fernando y no puede contener la angustia tratando de explicar el alcance que tienen los establecimientos educativos en el contexto de una isla. “Es el lugar donde se alimentan, pero también funciona como club, como un espacio de integración y participación para toda la comunidad. Los padres también toman cursos de cestería o bordado… E inclusive funciona como núcleo para cuestiones de salud”, cuenta.

La secundaria que dirige comparte edificio con la primaria Nº 11. Las instituciones afectadas son: Jardín de infantes Nº 919 (arroyo Paycarabí), Nº 920 (arroyo Las Cañas), Nº 904 (arroyo Feliciarias), y Jardín de Infantes de arroyo Caracoles. Las escuelas que hasta el momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires ordenó cerrar son la N° 13, (arroyo Paycarabí), Nº 19 (arroyo Las Cañas), Nº 18 y Nº 25 (arroyo Caracoles). Pero como Quevedo comenta, se trata de un “proceso que continuará en 2019” y que, según cree, irá también por las escuelas de planta urbana, pero comienzan con los sectores más “falibles”.

Habitualmente, explica Quevedo, cuando una escuela tiene poca matrícula se discute con los gremios, se dialoga. Existe eso que se llama tratamiento de planta orgánica funcional. “No se puede resolver entre gallos y medianoches”, aclara.

Pero evidentemente la resolución fue planeada solapadamente. Meses atrás, Ignacio García (coordinador regional de Políticas Socioeducativas) recorrió escuelas sin dejar claro su rol, que claramente era efectivizar las medidas. Fue su renuncia la que –según cuenta Vanesa Zaffaroni, delegada de SUTEBA de San Fernando– los ciudadanos de la zona exigieron este lunes en la convotactoria en la Jefatura Distrital.

El conflicto involucra a más de ochenta alumnos (cifra considerable en zonas no urbanas), generando complicaciones de todo tipo. Pedagógicas, en principio: la fusión y traslado de niños en edad de formación implica sensibles complejidades. Pero también económicas y logísticas. En algunos casos, el traslado usual de veinte minutos hacia el establecimiento educativo podría virar en tres horas, y hay casos potenciales de niños que tendrían menor carga horaria de clase que de viaje, que incluye lanchas, por si hiciera falta aclarar.

Quevedo se indigna al referirse al nuevo trazado propuesto, donde las líneas entre puntos habitados y escuelas es recta, “como si no hubiera arroyos o los chicos fueran volando.” Los habitantes y docentes aseguran que, si se cierran las escuelas, se cancela la cadena productiva y social de la zona.

Mapa con los trazados propuestos por la provincia.

Al respecto, y expandiendo el caso puntual a las políticas generales, Miguel Funes (diputado provincial de UC-PJ) declara: “La gobernadora María Eugenia Vidal incumple, como ya es costumbre, con la legislación vigente; en esta oportunidad hace caso omiso a la Ley N° 13.668 en su artículo 5 al olvidar los conceptos de igualdad, calidad e inclusión”.

“Está claro que Vidal y sus ministros no reparan en la cuestión pedagógica, curricular, en las cuestiones geográficas, socioeconómicas y culturales; a todas luces su mirada es economicista. Para el gobierno provincial es gasto, no comprende el significado de inversión. Además, todo es de manera intempestiva y sin conversar con la representación sindical a la que aborrece, persigue, estigmatiza e intenta amedrentar y dividir. El sector gremial educativo y su comunidad toda están siendo atacados hace dos años en forma sostenida”, afirma Funes.

Zaffaroni insiste en que las medidas son inviables e ilegales, ya que “no hubo resolución ministerial”, por lo cual “no hay nada que indique que esas escuelas deban interrumpir sus funciones.” Del mismo modo que Quevedo, no desestima romper la buena costumbre del festejo de apertura del ciclo lectivo, aunque el panorama no sea el más promisorio para aquellos que no pueden aislarse de la realidad.