Mediante un decreto, el mandatario golpista de Brasil, Michel Temer, ordenó la intervención militar del estado de Rio de Janeiro. Las Fuerzas Armadas quedarán a cargo de todos los órganos de Seguridad de ese estado brasileño.

El argumento oficial para tomar la medida es “la ola de delitos” ocurrida desde comienzo del Carnaval. Las versiones extraoficiales indican que las crecientes protestas contra el mandatario golpista y la proximidad de la fecha en que el Poder Judicial puede determinar el encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, lo que generaría el aumento de las protestas sociales, es el verdadero motivo de la decisión de Temer.

La medida pone a la Policía Civil, la Policía Militar, los Servicios de Inteligencia policial y el Sistema Penitenciario bajo el control del jefe de Ejército, quien también pasa a tener el poder de reformar las estructuras de esas fuerzas.

El decreto presidencial debe ser aprobado por el Congreso brasileño en los próximos diez días y estará en vigencia hasta que el nuevo presidente asuma, el 1° de enero de 2019. Sin embargo, dado que mientras la medida esté vigente el Congreso se encuentra impedido de tratar la Reforma Previsional, se especula que el mandatario ordenará su suspensión cuando sepa que tiene los votos necesarios para aprobar la normativa que tanto lo obsesiona.

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo que “la situación de seguridad (en Río de Janeiro) es grave, pero hay que estar alertas sobre la represión que puede venir contra movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales”.

La intervención se da en el marco del creciente aumento de las protestas contra el mandatario golpista. Durante el comienzo del Carnaval, la escuela de samba Paraíso de Tuiutí representó al presidente de facto como un “Vampiro neoliberal”. El grito “Fora Temer!” (¡Fuera Temer!) se escuchó en gran parte de Rio y hubo manifestaciones masivas en centros comerciales y shoppings para reclamar el fin del gobierno de facto.

La medida se tomó a pocos días de que el Poder Judicial pueda dictar el encarcelamiento del expresidente Lula. El líder del PT es el candidato con mayor intención de votos para las elecciones presidenciales de octubre. Su encarcelamiento y posterior proscripción generarían la protesta de los sectores populares que lo apoyan, gran parte de ellos pertenecientes a las favelas de Rio. Por ese motivo, muchos evalúan que la medida tiene como excusa “la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, pero su verdadero fin sería la represión de la protesta social.