“Yo quisiera que se fueran lo antes posible, así causan menos daño”. Esas palabras pertenecen al exjuez de la Corte Suprema y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni. Las lanzó en una entrevista con la emisora de Internet Radio Caput. La frase se replicó en diversos medios oficialistas y desde el gobierno nacional la plantearon como una amenaza. Fiel a su estilo, el abogado PRO Santiago Dupuy de Lome denunció al exmagistrado del máximo tribunal de Argentina por apología del crimen, causa que cayó en manos del juez Ariel Lijo.

El mes pasado, el presidente Mauricio Macri cuestionó las declaraciones del exmagistrado en una entrevista a un medio ruso: “Zaffaroni debería ser el primero en defender los valores de la democracia, máxime participando de una corte internacional”, sostuvo por entonces el presidente, dejando así la puerta abierta para que varios de sus funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidieran la renuncia del magistrado a la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Lijo hizo sus deberes y ayer avanzó con la causa de Dupuy de Lome, allanando Radio Caput.

“Estaba un operador técnico a las 8:10 de la mañana, cuando llegó la policía de civil sin identificar. Le dijeron ‘abrinos la puerta o la tiramos abajo, te vamos a meter en cana’, más un grupo de policías con computadoras y toda la parafernalia. Esto no puede ser interpretado de otra manera que un apriete”, relató en diálogo con Contexto Juan Martín Padilla Ramos, director de Radio Caput, quien brindó su apoyo a Zaffaroni.

“Él fue muy claro y alertó que el rumbo económico que está tomando este gobierno es inviable y que si genera una modificación en el rumbo económico esto va a generar un colapso”, dijo Padilla Ramos, quien sostuvo que si a Zaffaroni “por esto lo tratan como un delincuente, entonces hoy existe en Argentina el delito de opinión”.

Siendo noticia todos los días y punto de ataque de diversos funcionarios, el juez Zaffaroni se ha convertido en un vocero contra el ajuste que lleva adelante Cambiemos, por lo que los pedidos de renuncia, la denuncia de Lijo y el posterior allanamiento fueron evaluados por el magistrado como un acto de persecución. “Quieren matar al mensajero, pero eso no neutraliza la mala noticia”, aseguró ayer en declaraciones radiales, donde ratificó sus dichos, al tiempo que advirtió que no va a renunciar a la CIDH.

“No soy golpista en lo absoluto y es imposible hoy en Argentina producir un golpe de Estado”, sostuvo el jurista, y agregó: “Cuando digo que se vayan lo antes posible, hablo en un sentido constitucional. Si llegan a 2019, mucho mejor, y que se vayan como resultado de una elección”.

Según la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el pedido de renuncia de Zaffaroni a la CIDH ha sido acompañado por una “intensa campaña a través de los medios de comunicación hegemónicos, una denuncia penal efectuada por un denunciador serial irresponsable, y la afirmación del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires de que ese deseo del Dr. Zaffaroni ‘es una declaración antidemocrática, contraria a la Constitución y desestabilizadora’”.

La AAJ, que nuclea a juristas de todo el continente, respaldó al juez de la CIDH y remarcó que sus declaraciones son “de una honesta opinión política, exenta de la hipocresía de quienes, sosteniendo ser opositores, dicen desear el éxito del gobierno cuando este en sus dos años de mandato ha implementado un programa claramente beneficioso para el gran capital en perjuicio de los trabajadores, la clase media y las pequeñas y medianas empresas nacionales”.

“puede no gustarle las Críticas, pero no significa que sea un atentado contra la institucionalidad”

Maria Julia Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal, señaló en tanto que “puede no gustarle las críticas, pero no significa que sea un atentado contra la institucionalidad”.

“Zaffaroni es un individuo con una profunda vocación democrática y lo ha demostrado a lo largo de su vida. En todo caso, lo que está diciendo es: cambien de línea o vamos a tener un problema mucho más grave”, agregó la magistrada.

El delito de opinar

Radio Caput es una radio que todos los días sube a su web las entrevistas realizadas al aire. La de Zaffaroni ya se encontraba online, sin embargo, Lijo avanzó con un intimidante accionar hacia el medio, por lo que su director señaló a Contexto que esto es parte de “un apriete, de un amedrentamiento”.

“Nuestra preocupación pasa por ahí: porque una patota se nos metió en la radio. Pasa porque estuvimos transmitiendo durante más de cuatro horas con policías en la radio y parece ser que uno le tendría que decir a los entrevistados ‘cuidado porque si decís una declaración que molesta mucho al gobierno mañana me van a llenar la radio de policías’. Esto claramente está enmarcado en un atentado más a la libertad de expresión y lo que se pretende instalar acá es el delito de opinión”.