En un fallo que los organismos de derechos humanos catalogaron de “escandaloso” y que los familiares de las víctimas van a intentar modificar en Casación, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata absolvió a 14 de los 17 penitenciarios que estaban siendo juzgados por la muerte de 33 internos en la Masacre de Magdalena. Los tres condenados quedaron en libertad porque sólo se trató de un adelanto del fallo: no hubo delitos ni argumentos.

“Si ninguno quedó detenido, imaginamos que la condena será mucho menor a la que nosotros hemos reclamado”, señaló Sofía Caravelos, integrante de la querella del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). “Vamos a intentar revertir esa decisión en Casación, como ya hemos hecho otras veces”, agregó. El 9 de marzo se conocerán las sentencias y explicaciones.

Los encontrados culpables son el exdirector de la Unidad, Daniel Oscar Tejeda, el entonces jefe de guardia Raimundo Héctor Fernández y el oficial a cargo, Rubén Alejandro Montes de Oca. Todo ocurrió en 2005 en la Unidad Penal Nº 38.

Roberto Cipriano, CPM: “Lo único que hicieron hoy es tomar posición de la tortura, de la muerte, de la impunidad”.

La fiscal Florencia Budiño había imputado a 15 de los 17 juzgados por el delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte”, mientras que al director del penal y al exjefe de seguridad los imputó por “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.

Ese día, en la previa del Día de Madre, un grupo de guardiacárceles buscó reprimir la pelea entre dos reclusos pero todo fue peor y varios colchones se prendieron fuego. Los uniformados estaban acusados de no haber permitido la correcta evacuación del pabellón.

Durante las audiencias, declararon ante los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena unos cuatrocientos testigos, entre ellos, dos sobrevivientes de la tragedia: Juan Domingo Blanco Recalde y Ángel Eduardo Quintana Ramírez.

Sofía Caravelos, CIAJ: “Si ninguno quedó detenido imaginamos que la condena será mucho menor de la que nosotros hemos reclamado”.

Por su parte, Roberto Cipriano, titular de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tildó  de “vergonzosa” la decisión de los magistrados. “Lo único que hicieron hoy es tomar posición de la tortura, de la muerte, de la impunidad”, consideró. El dirigente también se quejó de que no se haya investigado a los responsables políticos. En ese momento, el gobernador era Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador.

Cipriano se mostró además preocupado por “lo que hace la Justicia en este momento, que es de regresión en materia de derechos humanos, de incremento de la violencia institucional, con un sistema penitenciario que está colapsado, con más de un 100% de sobrepoblación”.

Junto a la CPM y el CIAJ, también fue querellante el CELS. Según las marcas en los cuerpos de las 33 víctimas fatales, durante un tiempo prolongado inhalaron humo y gases tóxicos, estuvieron expuestos a altas temperaturas y respiraron aire con un porcentaje muy bajo de oxígeno. Para el CELS, el personal encargado de la seguridad fue el que no permitió la huida.