Por Rossana Viñas

La Universidad es un espacio de formación profesional, de ascenso social y de sueños e ideales para la transformación social, pero también representa proyectos políticos, ideológicos y económicos de los gobiernos nacionales. Lo mismo ocurre con la educación en su conjunto.

Y que esta sea pública y gratuita, lisa y llanamente, es una decisión del Estado nacional.

Desde la frase acuñada por nuestro actual presidente, Mauricio Macri, en 2015, “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura”, la Universidad pública argentina ha asistido a una serie de ataques mediáticos (por el acceso, por la graduación, por la calidad, entre otras) que han llegado a poner en debate en estos últimos días la gratuidad de la misma.

Cuando hablamos de posicionamiento mediático en relación con cualquier tema, se debe tener en cuenta una distinción teórica básica: entre “acontecimiento bruto” y “acontecimiento mediático”.

El acontecimiento bruto es algo que produce o ha producido una modificación del estado del mundo fenoménico que se manifiesta físicamente, pero todavía sin significación. Para que signifique, es necesario que sea percibido. Charaudeau, en su libro El discurso de la información. La construcción del espejo social (2003), plantea que el acontecimiento debe cumplir con tres principios: de modificación, de realce y de impregnación.

El acontecimiento mediático es el resultado de discursos que transforman el hecho bruto en un acontecimiento susceptible de ser percibido y entendido por los receptores. Sin embargo, la transformación no se ejerce de cualquier manera: depende de las propiedades del hecho bruto y del contrato de comunicación que la vincula con el consumidor de la información. Por lo tanto, el acontecimiento mediático se construye a partir de tres criterios: actualidad, ya que la información debe dar cuenta de lo que ocurre en una temporalidad co-extensiva con el sujeto-informador-informado; expectativa, porque la información mediática debe captar el interés-atención de los sujetos; y, por último, sociabilidad, debido a que la información mediática debe surgir en el espacio público y asegurar que esto pueda compartirse y ser visible.

Asimismo, y sin lugar a dudas, es condición sine qua non tener en cuenta el contexto de producción de la información: quién la produce, cuándo la produce, cómo la produce, por qué la produce y cómo la instala.

Hace algunos años, y con un claro objetivo de estigmatizar a los jóvenes ingresantes a la Universidad, la noticia de los aplazos y bochazos en la educación superior se convertía en un acontecimiento mediático de actualidad en febrero –sucedía en la temporalidad específica de cursada y toma de exámenes de los cursos de ingreso–; de expectativa –la comunidad educativa, profesores, autoridades, padres y estudiantes dirigían su atención-interés a las noticias vinculadas a ello–; y de sociabilidad –la información era visibilizada, compartida y generaba opiniones a favor y en contra–. Es decir que se cumplía con la tríada necesaria para ser considerado acontecimiento mediático.

En la actualidad, en estos tiempos que nos tocan vivir de un gobierno ultraneoliberal, que aumenta por decreto los servicios que hacen a nuestro cotidiano (transporte, peajes, luz, gas, prepagas), que despide cientos de trabajadores todos los días por WhatsApp, que avasalla derechos a cada paso que da, retomó –como desde que aquella frase de 2015– su arremetida de desprestigio contra la Universidad pública.

De la misma manera en que en el año 2001 el diario La Nación publicaba “Los estudiantes universitarios tardan cada vez más en graduarse”, argumentando que “en muchos casos, el tiempo dedicado al estudio se extiende por la necesidad de salir a trabajar” (12/10/2001), en 2016 Clarín afirmaba “Universidad: terminan pocos y en carreras que no son estratégicas” y denunciaba que de “cada 10 estudiantes que se anotan, 7 no se reciben” (23/6/2016), mientras que La Nación se preguntaba “Educación: ¿Vale la pena ir a la universidad?” (18/3/2016) y debatía acerca de la “Empleabilidad de los graduados universitarios” (3/4/2016).

En ninguno de los ejemplos planteados se argumentaba acerca de las razones por las que cada uno de los jóvenes estudiantes decide o no abandonar su carrera y/o extender su graduación. Porque, huelga decir, esos estudiantes –heterogéneos y diversos– viven diferentes contextos socioeconómicos y provienen de trayectorias diversas.

En 2018, en el último día de enero, nos encontramos con Clarín –el monopolio argentino por excelencia– atacando nuevamente con dos artículos: “Arancelar la universidad, ¿sigue siendo un tema tabú?” y “Una expansión desigual: en 20 años se cuadruplicó la cantidad de graduados en las universidades privadas”. Un editorial (el primero) que pone en discusión la gratuidad y una nota (la segunda) en la que se argumenta la supremacía del egreso en las Universidades privadas y cuya fuente justamente es un estudio de una de ellas: la de Belgrano. Mientras que desde el Ministerio de Educación de la Nación, el 2018 es el “Año del Centenario de la Reforma”, vale preguntarse cómo se condice el espíritu de la Reforma con este embate a la educación superior gratuita. “¿Será el homenaje a dicha reforma querer arancelar nuevamente la universidad?”, manifiesta Ana Jaramillo en Página/12 del 6 de febrero, en respuesta al editorial de Clarín.

El análisis es simple: en un contexto de ajuste a la educación, es claro que este gobierno –y nos lo dejan claro la no apertura de paritarias, la baja de presupuesto en educación y en ciencia y tecnología, los cambios en las becas Progresar, entre otras– no apuesta a la educación pública y la decisión es ir contra ella. Y los medios se muestran como constructores de este discurso concreto que se esparce entre los individuos de esta sociedad: la calidad, la meritocracia, el título universitario sólo para unos pocos, la necesidad de trasformación porque “lo que está no sirve”.

Sin embargo, tal como afirma Jaramillo en la citada nota de Página/12: “Por supuesto que no es un tabú, es un derecho social constitucional para todos los habitantes estudiar gratuitamente en las universidades públicas, como lo es la salud gratuita”.

Asimismo, el diseño de los rankings y/o estudios que se difunden son de corte netamente neoliberal. No se evalúa la condición socioeconómica de los estudiantes, no se discrimina si son o no trabajadores ni sus trayectorias sociales y educativas, se comparan estadísticas de nuestro país con otros, cuyo sistema de educación no es público (por lo que el porcentaje de población que estudia es mínimo), entre tantas otras.

En este contexto, es necesario mencionar que gracias a la creación de nuevas Universidades públicas en el período 2003-2015 –sobre todo las del conurbano, pero también se debe destacar que en la actualidad hay una, al menos, por provincia–, y las políticas educativas implementadas (PROG.R.ES.AR., Conectar Igualdad, AUH), miles de jóvenes accedieron a la educación superior y se convirtieron, en incontables casos, en la primera generación de sus familias con acceso a ella. Este dato se debe remarcar, ya que el aumento de quienes acceden e ingresan reduce el promedio general de la tasa de graduación tan discutida, que sin embargo, en el mismo período, comenzó a crecer, llegando en 2012 al 42% y continuando su crecimiento en los años siguientes. De todos modos, el dato de la baja graduación universitaria sólo puede leerse de manera negativa si se oculta y/o se tergiversa la información. Y esa es justamente la intencionalidad.

La Universidad pública argentina es de todos. Acceder a un título universitario otorga posibilidades, significa justicia social y permite soñar. Y la Universidad, como la educación toda, debe ser gratuita y un derecho al que todos puedan acceder. Esa es la verdadera soberanía y la verdadera justicia social.