En una pequeña localidad del departamento de Orán, provincia de Salta, la economía y la vida social de prácticamente toda la población giran en torno de la actividad del ingenio donde se produce azúcar. A tal punto, que tanto el pueblo como el ingenio llevan el mismo nombre: El Tabacal. Días atrás, la empresa azucarera despidió a 180 trabajadores. En el lugar viven unas 1.300 personas, incluidas niñas, niños y adultos mayores.

Otra localidad también salteña pero más grande es Campo Santo: tiene unos 5.800 habitantes. Está situada en el departamento de Güemes, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Allí acaba de cerrar el ingenio San Isidro, el más antiguo del país, y 730 personas se quedaron sin trabajo.

En la provincia de Jujuy, en diciembre, 400 trabajadores corrieron riesgo de despido en el ingenio La Esperanza, ubicado en la localidad del mismo nombre, departamento de San Pedro. El 20 de ese mes, los afectados protestaban sobre la ruta 34 y fueron atacados brutalmente por la Policía del gobernador Gerardo Morales. La situación entró luego en una fase de negociación y presumiblemente una parte del personal seguiría en la empresa, que quedaría a cargo de nuevos accionistas, y otros empleados serían absorbidos por el Estado. Aún no se sabe cuántos serán los despedidos finalmente.

En el punta más austral del país, en Santa Cruz y al lado de la Cordillera de los Andes, la localidad de Río Turbio es el lugar donde viven unas 9.000 personas. El frío es extremo en esa zona y en invierno las temperaturas más bajas pueden llegar -30ºC (sí, 30 grados bajo cero). La actividad económica principal es la producción de las minas de carbón, en una cuenca que también abarca la localidad de 28 de Noviembre. La empresa estatal a cargo de la explotación es Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), cuya administración macrista ya echó a 215 mineros y planea llegar a 500 despedidos.

Los casos mencionados fueron elegidos arbitrariamente. Intentan destacar –aunque insinúan apenas– el drama humanitario y social en lugares de pocos habitantes donde se está perpetrando una masacre contra los derechos de las personas y contra sus condiciones de vida. Desde el norte salteño o jujeño hasta el extremo sur santacruceño, lo que allí se sufre tiene menos difusión todavía que lo que ocurre en las grandes ciudades.

Por eso, aun dentro del ocultamiento y manipulación informativa de las cadenas mediáticas aliadas al régimen gobernante, es más conocida la destrucción de organismos que integran el patrimonio público argentino: el cierre de la fábrica militar Fanazul (en la ciudad de Azul, con 250 despedidos/as), el desmantelamiento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-alimentaria, 130 despedidos/as), del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 250 despedidos/as), y del Hospital Posadas (120 despedidos), entre otras situaciones similares.

También el destrozo del sistema de medios públicos de comunicación (Televisión Digital Abierta, TV Pública, Radio Nacional, Encuentro, Paka-Paka, DeporTV), la disolución del Ballet Nacional de Danzas (dirigido en su última etapa por el extraordinario bailarín platense Iñaki Urlezaga), y la liquidación y cierre de Lotería Nacional (que facilitará el descontrol del juego online, y de ese modo dará vía libre al lavado de dinero clandestino surgido de actividades criminales como la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando y la corrupción estatal y privada).

Crímenes políticos, víctimas e impunidad

El mismo poder que lleva adelante semejante reestructuración de la sociedad y del Estado para defender a las clases sociales privilegiadas y a los intereses del capitalismo trasnacional ejecuta como parte de su plan de dominación una estrategia de violencia estatal que el año pasado tuvo consecuencias mortales: los asesinatos de los jóvenes Santiago Maldonado (“se ahogó”, dice el relato oficial) y Rafael Nahuel.

Los presos políticos son parte de la misma estrategia, desde Milagro Sala y otras/os integrantes de la organización Tupac Amaru, hasta los exfuncionarios o dirigentes kirchneristas encarcelados y/o perseguidos por jueces y fiscales. Otra pieza esencial del dispositivo autoritario son los ataques de personal armado del Estado contra las protestas, que hasta el momento tuvo su máxima expresión en diciembre frente al Congreso Nacional (igual que frente a la Legislatura bonaerense).

Las víctimas de la represión durante movilizaciones populares incluyen a manifestantes y también a toda persona que pase circunstancialmente por el lugar. Cualquiera puede ser llevado/da preso/a, sometido a maltratos y torturas físicos y psíquicos, y además arrastrar para toda la vida una acusación penal inventada y la amenaza de volver a prisión. Las decisiones quedan a merced de “jueces” que ultrajan las reglas del Estado de derecho.

En la reciente semana, el régimen volvió a atacar a los pobladores mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), donde Santiago desapareció y luego apareció muerto. El pasado viernes 2, el territorio fue allanado por orden de la jueza Graciela Rodríguez y el fiscal Carlos Díaz Meyer. El portal El Cohete a la Luna, dirigido por Horacio Verbitsky, informó que “en el operativo mantuvieron maniatados a los integrantes de la comunidad sin dejarlos siquiera ir al baño, y secuestraron caballos destinados a una ceremonia”, propia de esa cultura originaria, que iba a realizarse en los próximos días.

La Agencia Cadena del Sur agregó que “igual que hace un año, cuando la Policía ingresó al territorio bajo una orden de Díaz Meyer con apoyo logístico de Benetton, esta vez también participaron del allanamiento vehículos de esa empresa italiana”. La compañía es el mayor terrateniente extranjero en Argentina y en la última década se apropió de unas 900 mil hectáreas, en su mayoría en la Patagonia.

Esa concentración de la propiedad sobre campos argentinos por parte de capitales del exterior fue prohibida –hacia adelante, sin efecto retroactivo– por la Ley de Tierras sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero Macri derogó las cláusulas principales por decreto, en una maniobra ilegal e inconstitucional que sin embargo fue avalada por el sistema judicial. Derogación de facto, como antes sólo hacían las dictaduras.

La violencia autoritaria tiene distintas formas y niveles de gravedad. Puede llegar a extremos criminales (como con Maldonado y Nahuel), a la agresión física y la privación ilegal de la libertad para las personas (como meter presos a luchadores/as populares o dirigentes opositores), o tener forma de violación de las normas jurídicas (como derogar leyes por decreto).

Asimismo, puede perpetrarse mediante hechos políticos que fomentan el accionar criminal y la impunidad de los miembros de instituciones armadas del Estado. Eso acaba de ocurrir con el impune respaldo presidencial al policía Luis Chocobar, quien en diciembre asesinó por la espalda a un joven que había asaltado y apuñalado a otra persona en el barrio porteño de La Boca.

Macri no sólo procede de tal forma porque posee una matriz ideológica de derecha, donde la violencia contra sus enemigos y la violación del Estado de derecho son parte de sus creencias, sino porque emite un mensaje que lo beneficia políticamente: refuerza con gestos potentes la adhesión de importantes sectores de la sociedad que tienen similar ideología (aunque no lo sepan, ya que las ideologías son dimensiones de la subjetividad humana generalmente inconscientes, no elaboradas intelectualmente, sino internalizadas durante los procesos de socialización pero vividas como si fueran “naturales”, de “sentido común”).

Lucha y resistencia contra aceptación y apoyo

Los despidos de trabajadores y el aumento atroz e impune de la violencia estatal son dos expresiones –no las únicas– de la masacre social que el bloque de poder dominante está perpetrando en contra de una mayoría social en Argentina. Hasta ahora, los intentos por ponerle freno han sido infructuosos. El tiempo transcurrido desde que dicho bloque llegó al gobierno (algo más de dos años) es corto en términos históricos, pero es desesperante por la gravedad del daño ya consumado y del que se produce día tras día.

La derecha ganó las elecciones legislativas el 22 de octubre pasado –fue un resultado concreto e importante en los principales distritos, pero no un triunfo abrumador o aplastante– y un mes después, el 29 de noviembre, una fuerte manifestación del sindicalismo combativo y los movimientos sociales llenó la Plaza del Congreso.

A mediados de diciembre, también frente al Parlamento, tuvieron lugar las recordadas y multitudinarias protestas contra la rebaja del poder adquisitivo de las jubilaciones, ocasión en la que el régimen gobernante –no solo el gobierno y sus policías, gendarmes o prefectos, sino también los jueces que meten presa a la gente, permiten las torturas y además le inventan acusaciones penales– sacó a relucir toda su violencia represiva.

En este segundo mes de 2018 se realizarán las huelgas convocadas por la Asociación Bancaria para los días 9, 19 y 20, más las que ya empezaron en el Banco Provincia de Buenos Aires. A su vez, el 15 habrá una jornada nacional de protesta de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y de la CTA-Autónoma.

Además, el 22 tendrá lugar la movilización convocada inicialmente por el Sindicato de Camioneros, pero que la hicieron propia otros sectores importantes de la CGT más organizaciones que siempre fueron combativas durante el macrismo, como las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular), el sindicalismo de izquierda, y muchas otras expresiones de los movimientos sociales, de agrupaciones políticas y estudiantiles, de asociaciones pymes y cooperativas, etcétera.

No sólo en Buenos Aires hay expresiones de resistencia a la masacre social, sino que cada provincia o región del país tiene las suyas. Una particularmente significativa se realizará el 19 en Jujuy y Salta: será una caravana interprovincial impulsada por los sindicatos azucareros. Versiones periodísticas señalan que unas 3.000 personas se quedarían sin trabajo en esa actividad.

Nuestro país (sobre el cual se realizan estas observaciones, aunque el fenómeno ocurre también en otros lugares) tiene vasta experiencia en la historia reciente sobre la coexistencia de dos situaciones contrapuestas y simultáneas: por un lado, muestras constantes de oposición a las injusticias y de lucha y resistencia desde la sociedad civil en general y desde las fuerzas populares en particular. Y, por otro lado, un apoyo o tolerancia social extrema a gobiernos que perjudican a la mayor parte de la población. Lo segundo impide que lo primero se traduzca en fortaleza política suficiente para vencer en la disputa y eventualmente construir mayorías electorales.

Así ocurrió, por ejemplo, durante la larga década del menemismo y su continuidad en los dos años del gobierno de la Alianza. Desde el comienzo de las privatizaciones en 1989 hasta 2001, cuando la economía nacional quebró y estallaron la política y la sociedad, hubo más de diez años de lucha popular y múltiples resistencias, por momentos heroicas. Pero al mismo tiempo hubo aquiescencia y aceptación, o bien respaldo vigoroso, por parte de amplios sectores sociales, hacia gobiernos y políticas que perjudicaban los intereses generales, a veces incluso los de esos mismos sectores.

La combinación de ambos fenómenos aparenta ser paradójica, hechos contrarios a la lógica. Pero en verdad sólo reflejan la complejidad humana. Surgen de la diversidad de intereses, heterogeneidades, contradicciones, dinamismo, conflictos y tensiones permanentes que atraviesan a la sociedad, y por eso se repiten nuevamente esta vez.