Incumpliendo la Ley Nacional de Identidad de Género y la Ley de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la provincia de Buenos Aires les niega el derecho a la identidad a –al menos– tres menores trans, según denuncian desde la Asociación Civil Infancias Libres y Abosex (Abogados por los Derechos Sexuales). “Observamos con suma preocupación la decisión del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires de rechazar la modificación registral conforme a la identidad de género de niñ*s y adolescentes”, advierten ambas organizaciones.

Sancionada en 2012, la Ley Nº 26.743 consagra el derecho al reconocimiento de la identidad de género e incluye a niños, niñas y adolescentes en sus artículos 5, 11 y 12, por lo que su negación es una violación a derechos reconocidos por el Congreso y por organismos internacionales a los que nuestro país adhirió.

Ante este panorama, desde Abosex e Infancias Libres instaron a la gobernadora María Eugenia Vidal para que interceda y señalaron que llevarán esto “hasta las máximas instancias locales e internacionales”.

“Están violando la Ley de Identidad, causándoles daños enormes a los menores. Hay una ley que no están respetando y están negándoles la identidad”, dijo a Contexto Matías Veneziani, secretario de la Asociación Civil Infancias Libres, desde la cual acompañan a más de 35 menores trans y a sus familias. “La ley es una ley, le guste a quien le guste, y costó mucho. El daño a los niños, a las niñas y adolescentes es enorme”, remarcó.

Los argumentos esgrimidos desde el Registro Provincial de las Personas plantean una evaluación de un equipo interdisciplinario sobre “el grado de madurez suficiente para prestar un consentimiento válido”. De esta manera, se deja el derecho a la identidad en manos de tal equipo y desoyendo la ley y la palabra de los menores.

“En la Resolución se interpreta caprichosamente, contrario a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación, que un límite de edad (no contemplado en norma alguna) es el único criterio para conferir ‘capacidad’ y considerar con madurez suficiente a un* niñ*. Por otro lado, el derecho a ser escuchad* es echado por tierra”, explicaron desde Abosex.

Cabe destacar que el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires depende del Ministerio de Gobierno, conducido por Joaquín de la Torre, hombre de raíces católicas, abogado de la UCA y con fuertes vínculos con el Opus Dei, uno de los extractos de la Iglesia que se mostraron más críticos a la Ley de Identidad de Género.

Curiosamente, en sus redes sociales, De la Torre difunde la campaña “Garantizar tu identidad” para que padres y madres lleven a sus hijos a hacerse el DNI. Mientras tanto, el mismo organismo niega a niños, niñas y adolescentes trans el derecho a la identidad.

En ese sentido, desde la Asociación Infancias Libres manifestaron que “sorprende bastante” que habiendo una ley desde 2012 “con el cambio de gobierno no quieran entregar los documentos”.

Ante la divulgación de esta noticia, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizaron una presentación de oficio en el Registro de las Personas para que las autoridades den explicaciones al respecto. “Actuamos de oficio por la gravedad y el retroceso que implica esta decisión de apartarse de lo que establece la legislación”, explicó el defensor del pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martello.

De la Torre y el Opus Dei

De la Torre es exintendente de San Miguel y uno de los hombres del Frente Renovador que se sumó a las filas de Cambiemos, encabezando uno de los Ministerios de Vidal.

Antes de su paso por la Universidad Católica Argentina para formarse como abogado, hizo sus estudios secundarios en Colegio Don Jaime. Según precisa Página/12, “ahí se desempeñó como capellán durante la dictadura monseñor Héctor Aguer”. Precisamente, el actual arzobispo de La Plata recientemente prohibió hablar de “teoría de género” en las escuelas, mostrándose como uno de los hombres más conservadores de la Iglesia argentina.

Al cumplirse 35 años del fallecimiento de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, el por entonces jefe comunal de San Miguel asistió a una misa en su honor, según precisa el propio sitio del movimiento religioso. “El obispo diocesano, monseñor Sergio Fenoy, inauguró una estatua de San Josemaría que fue colocada cerca de la entrada del templo, que estaba lleno de fieles, el sábado 26 de junio por la mañana. Al bendecirla, recordó que los santos son amigos de Jesucristo, a quien han seguido con fidelidad. Entre otros, asistió el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, con varios colaboradores.”

Diversos medios señalan al hoy ministro como un hombre de “ultraderecha”, dejándolo él mismo de manifiesto en una solicitada en apoyo a las Fuerzas Armadas en 1989, por haber defendido “a la Nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista.

Perder la voz

En La Plata, Gonzalo, un niño trans de doce años al que en principio el Hospital San Martín le negó el tratamiento hormonal (pudiendo acceder posteriormente tras la lucha de sus padres) también se encontró con una barrera en el Registro de las Personas, donde los trabajadores del lugar “perdieron” la partida de nacimiento. Tras escraches y una fuerte movida mediática, finalmente pudo continuar con el trámite y conseguir el DNI que consagra su identidad.

“El tema es que plantean la conformación de un equipo interdisciplinario para poder dar el consentimiento de él, lo que genera un retroceso enorme porque es el mismo argumento que nos daban en el hospital para atenderlo”, recordó Susana Roussy, mamá de Gonzalo, en dialogo con Contexto.

Generando un equipo evaluador, “lo que están haciendo es poner en tela de juicio el consentimiento del niño”, consideró Roussy. La conformación de un equipo interdisciplinario no sólo está fuera de la ley, sino que también “habilita a que pierda el derecho a la identidad en todos lados”, agregó.

“Esto no solamente se trata del DNI: que el Estado dé una respuesta por escrito como la está dando con rechazo justificando esto, que es totalmente ilegal, deja un antecedente para que no puedan acceder a la salud, a los tratamientos, y para que en el colegio pidan por ejemplo que haya una evaluación psicológica. El niño pierde la voz”, sostuvo la madre de Gonzalo.

“Esto tiene que ver con el avance de una mirada de derecha básicamente, muy atravesada por la Iglesia y con ciertas miradas de ignorancia también, de desconocimiento”, consideró Roussy.