La democracia ha dejado de existir si se la piensa como se hizo en América Latina desde comienzos de los años ochenta, cuando un proceso histórico puso fin a las dictaduras basadas en el poderío militar que existían en la mayor parte del continente.

Desde entonces, abrevando en las fuentes de la democracia representativa concebida como lo fue en sus orígenes históricos universales -donde un hito fundacional fue la Revolución francesa, a fines del siglo XVIII-, las nociones de “democracia” más generalmente admitidas en las sociedades occidentales del mundo, aun por parte de corrientes ideológicas muy diversas, estuvieron asociadas a las libertades públicas, las garantías individuales, los derechos constitucionales, el debido proceso en las actuaciones judiciales, y la vigencia del Estado de derecho en general. Eso se terminó.

La condena al expresidente brasileño Lula Da Silva, que es el disfraz “legal” de una gigantesca maniobra para eliminarlo de las disputas de poder y por esa vía impedir el fortalecimiento de las expresiones políticas que defienden intereses populares, demuestra hasta qué punto ha avanzado la nueva estrategia de Estados Unidos y de los capitales trasnacionales, ejecutada por las clases dominantes locales en Suramérica -o América Latina, ambas son denominaciones discutibles-, para sostener y reproducir el sistema económico y social que somete a todo el mundo: el capitalismo globalizado.

Para advertir el carácter de farsa de la presunta búsqueda de “justicia” de los jueces y fiscales brasileños, hay que recordar que jamás fueron juzgados los militares -y civiles- que gobernaron ese país entre 1964 y 1985 mediante la más prolongada dictadura que haya existido en América, y que precisamente tuvo lugar en la nación más importante del sur continental. Allí, los grandes criminales consiguieron impunidad para siempre.

Nunca una investigación y un juicio, jamás una condena. Una “Justicia” implacable con un dirigente democrático, pero que garantiza encubrimiento e impunidad para los usurpadores de las instituciones del Estado y asesinos del pueblo. Más claro, agua.

En Argentina, por ahora, una condena y un eventual encarcelamiento de Cristina Kirchner se encuentran en la etapa de amenaza. Los poderes de facto sometidos a los intereses norteamericanos y del capitalismo trasnacional saben ser “gradualistas”. La expresidenta sigue siendo la líder política más importante del país y tiene un respaldo sólido ratificado electoralmente hace pocos meses, pero quizás en un futuro mediato -solo quizás- no tenga virtualidad mayoritaria.

Esto quiere decir que, observando virtualmente con la información de encuestas y otros indicadores disponibles hasta el momento, y a diferencia de Lula, ella no podría obtener una mayoría electoral -sobre todo en un eventual balotaje-, y por lo tanto no asoma como ganadora segura en la elección presidencial venidera, dentro de prácticamente un año y medio. El brasileño, en cambio, tiene altas probabilidades de ganar en los comicios de su país a fines de este mismo año. Por eso, a Cristina solamente la tienen amenazada con la cárcel y la prohibición de actuar en política, mientras que al líder popular del país vecino ya lo condenaron en primera y segunda instancia, y está todo encaminado para impedirle “legalmente” postularse a presidente de la nación.

Paralelamente, en Ecuador está convocado para el domingo que viene (4 de febrero) un referéndum destinado a dar marcha atrás con los grandes avances políticos, económicos y sociales logrados desde 2006 por la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, y al mismo tiempo bloquear también una candidatura presidencial suya en el futuro. El simulacro de participación ciudadana, que tiene fines de persecución política, también está avalado por jueces y fiscales ecuatorianos. De otro modo, no podría realizarse.

En ese país, además, pocos meses después de llegar al cargo por voto ciudadano, fue destituido por decisión judicial y además encarcelado, el vicepresidente Jorge Glas, leal a Correa. El pretexto fue, como es muy habitual, que estaba implicado en coimas pagadas por la empresa Odebrecht. Eliminar a Glas fue parte de la maniobra encabezada por el presidente Lenín Moreno, un tránsfuga que ganó las elecciones en representación del correísmo pero de inmediato cambió la orientación de su gestión y gobierna aliado con la derecha.

Las decisiones que adoptan miembros de la Judicatura -mal llamada “Justicia”- en cualquiera de los países mencionados u otros presentan desafíos a la reflexión y a la acción políticas. Sucede así porque se trata de fenómenos que nunca habían ocurrido con las características actuales, y por lo tanto exigen repensar muchos supuestos y maneras de comprender la política en general y la democracia en particular. Esta última, como se menciona más arriba, ya no equivale a libertades públicas, garantías individuales, derechos constitucionales, debido proceso en las actuaciones judiciales y vigencia del Estado de derecho en general.

En concreto: la persecución judicial hacia Lula, Cristina, el ecuatoriano Glas y posiblemente el propio Correa -con algunas variaciones específicas de cada caso- son manifestaciones flagrantes de las novedosas formas de ataque de las corporaciones contra personajes públicos y fuerzas colectivas que representan construcciones de poder democrático y popular.

Dichas corporaciones tienen como representación político-ideológica a las derechas, y su mando central se encuentra en Estados Unidos. Aunque sólo fuera por la convergencia de intereses o por afinidades de ideologías que son dominantes en gran parte del mundo (y son “dominantes” precisamente porque se conforman debido al predominio de ciertos sectores en pugna en la escena internacional, en detrimento de otros).

Esa funcionalidad a los planes de dominación norteamericana a escala mundial se ejerce más allá de que cada actor político o de cualquier tipo, ya sean personas con actuación pública o bien organizaciones e instituciones, actúe consciente o inconscientemente. Porque no hace falta recibir órdenes expresas desde Washington para actuar servilmente favoreciendo sus intereses.

“Guerra judicial” y golpes “blandos”

La principal novedad histórica es que los bloques de poder dominantes ya no acuden a la violencia explícita de los golpes de Estado ejecutados por militares. Eso ocurrió durante prácticamente todo el siglo XX. Hoy ejercen otro tipo de violencia, particularmente, la jurídica. Una hipótesis conceptual es que el nuevo régimen político que se está instando en América Latina o Suramérica es el de las “dictaduras judiciales”: jueces y fiscales que tienen más poder que las decisiones democráticas de la ciudadanía.

Tanto el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil como Cristina Kirchner en Argentina han denunciado la utilización de la estrategia política llamada “lawfare”, un neologismo del inglés que combina las palabras law (“ley”, o “leyes” en general) con warfare (“guerra”, “combate”). La traducción utilizada en castellano es “guerra judicial”.

Los blancos a los cuales se apunta son opositores a las corporaciones locales y los centros de poder internacionales -como ocurre en nuestro país con dirigentes kirchneristas encarcelados-, o con luchadores/as populares de las más diversas características -desde Milagro Sala y líderes mapuches hasta referentes sindicales, o militantes y cualquier otra persona que participa de protestas callejeras-.

A partir del derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia -sí, la Corte hondureña echó al presidente elegido por el voto ciudadano-, luego el golpe parlamentario que en 2012 destituyó a Fernando Lugo en Paraguay mediante un juicio político que duró un solo día, y en 2016 otro golpe parlamentario que derrocó en Brasil a Dilma Rousseff, indican nítidamente que las maneras de atacar los procesos democráticos y populares han cambiado.

Diversos estudiosos denominan esos procesos como golpes “blandos” o “suaves”, en el sentido de que no hay un uso explícito y extremo de la violencia física sobre las personas y los bienes, como hacían las fuerzas armadas durante los golpes de Estado “clásicos”.

Pero hay algo más. Las derechas, cuyo poder concreto se manifiesta en las corporaciones, que a su vez son las estructuras más o menos institucionalizadas que asumen los intereses de los bloques de poder y clases sociales dominantes, actúan no sólo para desalojar del gobierno del Estado a fuerzas políticas y líderes que -bien, regular o mal- reflejan los intereses de las clases sociales subordinadas. También hallaron nuevos métodos y maneras sofisticadas y sutiles para desgastar, y si les fuera posible eliminar de la vida política, a quienes encabezan construcciones de poder alternativas, contrarias a las suyas.

El método, si lo llevan al extremo, tiene un alcance máximo muy preciso: meter presos -o presas- a sus líderes, con el pretexto de que son “corruptos”. Que “se robaron todo”, como ya le hicieron creer a buena parte de la población, tanto de Argentina como de Brasil y Ecuador, en base justamente al formidable poderío articulado de todas las corporaciones, incluidas las empresariales, las de grandes estudios de abogados o economistas, las de periodistas o animadores de radio y televisión ricos y famosos, etc., pero de modo sobresaliente las corporaciones judiciales y de empresas mediáticas.

La eficacia de la modalidad de ataque que los sectores dominantes están poniendo en práctica, lo más importante y ventajoso para ellos, es que el método tiene altos niveles de consenso. Han logrado mediante una acción psicológica sobre la opinión pública que no es de poco tiempo sino que tiene raigambre histórica, que mucha gente de buena fe “crea” en esa “Justicia”. Que supongan que esos jueces verdaderamente “investigan la corrupción”. Que confíen en que son garantes de la moral y la ley, y que por lo tanto están legitimados para “castigar a los culpables”. Porque “si robaron, que vayan presos”.

Y ¿quién juzga a los jueces?, ¿quién puede investigarlos a ellos para saber si son decentes o si también deberían ir presos?, ¿cómo hacen las fuerzas democráticas y sus líderes para protegerse de corporaciones judiciales facciosas, posiblemente mafiosas, que detentan un poder casi ilimitado, como el de los militares en otras épocas?

La estrategia de las derechas latinoamericanas ha escalado en poco tiempo. Planificar y ejecutar esos movimientos en todo el continente no empezó en un momento preciso ni termina nunca, porque las luchas de poder son permanentes. Pero lo concreto es que su ofensiva, siguiendo el libreto escrito en Estados Unidos, dio resultados en los últimos años, y la condena a Lula es su consecuencia más reciente y alevosa.

De todos modos, el poder imperial y las corporaciones locales no están “solos en el mundo”: también existen las sociedades en su conjunto, con sectores que son politizados y proactivos, con circunstancias que pueden escapar aún al control de los más poderosos, y con una parte considerable de la población que respalda y defiende a los líderes perseguidos.

Los estrategas de los bloques de poder dominantes en Argentina, Brasil, Ecuador o cualquier otro país del continente hacen sus propios cálculos de costos y beneficios, políticamente hablando, y saben que la instalación de “dictaduras judiciales” puede ser una jugada riesgosa para ellos mismos.