Por Stella Calloni

A dos meses de haber desaparecido el submarino ARA San Juan de la Armada Argentina, con 44 tripulantes a bordo, y después de una de las mayores acciones de búsqueda, con intervención de países como Rusia, Estados Unidos y otros, nada se sabe de lo sucedido. Pero, a pesar de la criminal complicidad de los medios de comunicación afines al gobierno de Mauricio Macri, han surgido una cantidad de datos y testimonios que demuestran el perverso ocultamiento de la verdad y las mentiras oficiales.

En los últimos días y en medio de la desesperada búsqueda de la verdad por parte de las familias, se intentó una nueva maniobra de encubrimiento mediante algo que se presentó como un informe oficial nada menos que de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, asegurando –sin prueba alguna– que el ARA San Juan habría sufrido una implosión en 46 milisegundos y que por tal motivo los marinos murieron instantáneamente.

El frío informe resumido por la Central de Inteligencia Naval de Estados Unidos sostiene que el análisis de la detección acústica de la pérdida del submarino argentino, y tomando la información publicada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, confirma lo siguiente: “Que la señal originada […] el 15 de noviembre del 2017 fue producida por la implosión del casco de presión del ARA San Juan a una profundidad de 1275 pies. La presión del mar a la profundidad del colapso fue de 570 PSI[…] La frecuencia de la señal emitida durante el colapso (impulso de burbuja) fue de 4.4 Hz”.

Añade que la energía liberada por la implosión fue igual a la “explosión de 12.500 libras de TNT”, y que fue producida por una conversión prácticamente instantánea de energía potencial (presión del agua) a energía cinética, la fuerza con la que el flujo de agua ingresó al casco de presión del ARA San Juan de “aproximadamente 1800 mph”.

Como si esto estuviera comprobado, es decir, como si se hubieran hallado restos para afirmar en forma tan contundente, se dice que el “casco de presión fue completamente destruido” (fragmentado/compactado) “en aproximadamente 40 microsegundos” (0.040s o la 1/25 de un segundo), la “duración de la fase de compresión del colapso”, lo que representa la mitad del tiempo necesario para el reconocimiento cognitivo de un evento. “Aunque la tripulación pudo haber sabido que el colapso era inminente, nunca supieron que efectivamente iba a ocurrir.”

A partir de esto, sostienen que “no se ahogaron ni sintieron dolor. La muerte fue instantánea”, y van por más: los restos del ARA San Juan “se hundieron verticalmente” a una “velocidad estimada de entre 10 y 13 nudos”. El impacto contra el fondo no habría producido un evento acústico detectable a larga distancia.

¿De dónde sacan esta conclusión sin prueba alguna? ¿Deducciones científicas son suficientes? Lo que aparece clarísimo es que se intenta concluir rápidamente con un tema muy grave para el gobierno de Mauricio Macri y para los planes de la virtual entrega de la Patagonia y la colocación de por los menos dos bases estadounidenses en Tierra de Fuego, una en Tolhuin para supuestamente vigilar explosiones nucleares y otra a la que podríamos llamar “la pequeña nueva Escuela de las Américas” en Ushuaia.

El 31 de octubre de 2017, en esa ciudad capital de la isla del fin del mundo se firmó definitivamente el acuerdo para instalar un Centro de Inteligencia (criminal) Regional entre la gobernadora Roxana Bertone y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por varios funcionarios locales y extranjeros.

El 31 de octubre de 2017, en la capital de Tierra del Fuego se firmó el acuerdo para instalar un Centro de Inteligencia (criminal) Regional, entre la gobernadora Bertone y la ministra Bullrich, acompañadas por funcionarios locales y extranjeros.

Bullrich estaba allí cuando el ARA San Juan llegaba a Ushuaia, momentos en que militares y científicos de Estados Unidos estaban desde hacía días en el lugar y también una nave de la NASA y aviones estadunidenses. También la Cuarta Flota de Estados Unidos estaba en esa zona del Atlántico Sur, con portaviones. Una parte llegaba de monitorear desde el mar las maniobras realizadas en una zona de fronteras (con Venezuela) de la Amazonia brasileña, entre fuerzas militares de Brasil, Estados Unidos, Colombia y Perú.

Otros buques de Estados Unidos y Chile llegaban desde la zona del Pacífico Sur donde se realizó una maniobra de supuesta pérdida, búsqueda y rescate de un submarino chileno, lo que transcurrió con normalidad. Es decir, las maniobras que no autorizó el Congreso argentino en la Cámara de Diputados y tenían una media sanción del Senado se realizaron por órdenes del gobierno de la nación, el Ministerio de Defensa y, subordinada, la marina.

Maniobras ilegales, pero tan a la vista que no podían ignorarlas ni Bullrich ni sus acompañantes. ¿No es hora de que el Congreso sesione para demandar una explicación ante tamaña ilegalidad y violación de la soberanía nacional?

La desaparición del ARA San Juan y sus 44 tripulantes develaron una verdad ocultada bajo siete llaves: que Gran Bretaña, además de todas las concesiones que se hicieron a sus compañías durante 2016 y 2017, tiene ahora una zona de exclusión en la plataforma marítima argentina. Todo esto, no sólo violando la soberanía argentina sobre nuestras Malvinas, sino abriendo el camino a la apropiación de nuestra Antártida.

Es razonable que la inteligencia naval de Estados Unidos fabrique un informe para dar por desaparecido sin rastro alguno al ARA San Juan, tratando de “calmar” a las desesperadas familias de los tripulantes sosteniendo irresponsablemente que “la tripulación no sintió nada”. Es una burla para las familias y para el pueblo argentino. Se encubre nada menos que una maniobra con Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile y, posiblemente, Brasil.

Fue Macri y su ministro de Defensa quienes pidieron al Senado –como figura documentalmente en una investigación del portal El Destape– un submarino para intervenir en una maniobra de simulación en la que este se perdía y era ubicado utilizando las nuevas tecnologías, algo que se había probado en Chile más de un mes antes del 15 de noviembre. Allí, el operativo de simulacro “Chilemar VII” se realizó entre la armada de Chile y la U.S. Navy, y consistió en el rescate del submarino “O´Higgins”, que debía descender a 80 metros de profundidad con más de 40 tripulantes a bordo. En este caso, por supuesto, se realizó controladamente. Participaron más de 300 personas en el entrenamiento, entre ellos 60 marinos de la Armada de Estados Unidos.

En el ejercicio participaba un buque científico que monitoreaba el fondo marino –con equipos de sonar– y un buque remolcador que trasladaba un robot con una cámara y dos “brazos” para maniobrar debajo del mar. Lo que en Chile fue un simulacro en la Argentina fue una desesperada acción de búsqueda y rescate verdadero a partir de la desaparición del ARA San Juan.

El jueves 7 de septiembre, el Senado argentino dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa para permitir el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional a fin de llevar adelante el ejercicio combinado “Cormorán”. Esto provocó una fuerte discusión y se conoció que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma de Río Negro cuestionó la aprobación, exigiendo a los diputados de su provincia que no votaran a favor. El dirigente Rodolfo Aguiar advertía que este proyecto estaba destinado en forma secreta a proteger los intereses de “los Benetton y los Lewis” en la región, como reseñaba un analista local.

Benetton, de nombre italiano pero de intereses británicos, compró en los noventa casi un millón de hectáreas en la Patagonia, lo cual era ilegal por lo estratégico de la región y porque se ocuparon tierras arrebatadas a sus dueños naturales, los escasos sobrevivientes mapuches en Chubut. Por otra parte, Joe Lewis empresario y mafioso británico, amigo del presidente Macri, ha comprado también ilegalmente tierras en Río Negro, apoderándose del Lago Escondido, que pertenece al pueblo como uno de sus más hermosos lugares turísticos. Lewis ha construido una base muy extraña. No es la típica de un empresario para aterrizar helicópteros o aviones pequeños, sino que es para aviones de gran porte. Todo esto es absolutamente ilegal.

La solicitud de maniobras se sucedía en el marco del debate y la situación que produjo la brutal actuación de la Gendarmería contra siete (léase bien: siete) mapuches que cortaban una ruta en la zona de Esquel, Chubut, acompañados por un joven de 28 años, artesano desaparecido durante casi tres meses y asesinado a manos de Gendarmería por solidarizarse con la demanda de justicia de ese pueblo.

La brutal represión con balas de goma, de plomo, gases, piedras, disparando como en una guerra contra ocho personas desarmadas, o un tiempo después la de Prefectura disparando contra jóvenes mapuches desarmados, matando por la espalda a Rafael Nahuel, de 23 años, dio la pauta de que se estaba preparando un escenario falso para introducir tropas extranjeras en el país, donde ya hay una cantidad de asesores de Estados Unidos e Israel instruyendo a las fuerzas de seguridad.

No se podía separar esta situación del intento de maniobras que significaba la entrada de tropas de Estados Unidos por las bases de la Armada de Trelew, Bahía Blanca y otras. Por esa razón el proyecto quedó bloqueado en la Cámara de Diputados, donde en la Comisión de Defensa tenía la aprobación del bloque de Cambiemos pero el veto mayoritario de la oposición. Diputados no dio el acuerdo para realizar las maniobras Cormorán en esa fecha ni para que entraran naves de Estados Unidos y otros países a la zona del Atlántico sur.

El gobierno tiene que rendir cuentas. Debe rendir cuentas ante el país y los familiares, y los sectores de la marina que se prestaron a esto también deben hacerlo. Los familiares tienen toda la razón para sospechar de este inesperado informe de la inteligencia estadunidense, cuando organismos científicos europeos han producido informes y hasta documentales que apuntan a un “error” o una acción predeterminada de una nave británica disparando un certero misil o un torpedo contra el ARA San Juan. Esta sería la única explicación por la cual los tripulantes no tuvieron tiempo de lanzar ninguna señal de ayuda. Porque tenían como hacerlo.

Por otra parte, voceros rusos citados en entrevistas televisivas entienden que se perdió tiempo al delimitar el espacio de búsqueda, al demorar aceptar la ayuda ofrecida por Rusia, que está muy avanzada tecnológicamente, para descender a mayores profundidades en una acción de rescate.

Los familiares saben que se les está mintiendo y esto se confirma porque han sufrido amenazas y persecuciones, e intentos de degradación por parte de mercenarios del periodismo –porque eso es lo que son los que mienten y falsean datos e informaciones–. Aquí hay dos temas de extrema gravedad: la situación humanitaria ante la inacción para saber el destino de 44 tripulantes y la entrega de soberanía nacional no sólo en el Atlántico Sur, traicionando nuestros derechos soberanos en Malvinas, sino también en esa extensa y rica zona de la Patagonia, apropiada en forma mayoritaria por capitales extranjeros.

En diciembre pasado, la ministra Bullrich citó a gobernadores patagónicos para comunicarles que de ahora en adelante actuarán fuerzas de seguridad conjuntas en toda esa región. El ensayo ya lo hemos visto contra familias mapuches, aplicando el sistema israelí, con familias enteras detenidas, con niños pequeños, como en un territorio ocupado palestino.

Sin prueba alguna, ayudados por los mercenarios del periodismo para ocultar represiones contra protestas justas o despidos que se preparan para este año contra trabajadores petroleros o por el cierre de instituciones y la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que ya ha comenzado, todos estos sucesos en el sur se unen para declinar la soberanía argentina si no hacemos una lectura correcta de los hechos. El futuro del país está en manos de sectores mafiosos dependientes de los proyectos imperiales contrainsurgentes para América Latina en el siglo XXI.


*Este trabajo está dedicado a los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan, víctimas de un sistema no sólo responsable de estas desapariciones, sino de la entrega de la soberanía nacional.