Por Verónica Piovani

A través de un nuevo decreto presidencial, el 52/2018, el gobierno deroga la paritaria nacional docente. En realidad fue el año pasado, en momentos en que debía ser convocada para la negociación correspondiente, que comenzó a articularse lo que hoy se materializa. En aquel contexto, y pese al insistente reclamo de los sindicatos y del colectivo docente, la masiva marcha federal y la presentación de un amparo, fue “clausurada” de hecho. Sin embargo, con este paso se busca “legalizar” aquello que ya había sido puesto en práctica. Un modus operandi probado y utilizado.

El argumento gubernamental para declarar innecesarias las paritarias surge del punto 4 del acuerdo paritario de 2016 que establecía que el salario inicial docente estaría un 20% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta particular interpretación desconoce que este porcentual es un piso y no un techo, y, por otra parte, excluye a los trabajadores del conjunto amplio de temáticas que son abordadas en la mesa paritaria. Frente a los contundentes reclamos, la respuesta del gobierno fue la publicación de los resultados de las pruebas Aprender, violando el compromiso del entonces ministro de Educación Esteban Bullrich con los ministros de Educación provinciales de no publicarlos como mecanismo de desautorización de los educadores.

Un hecho que pasó inadvertido tuvo profunda relevancia. Ante un amparo presentado por uno de los sindicatos nacionales (UDA) en aquella oportunidad y que diera lugar a la cautelar que ordenaba la inmediata convocatoria a paritarias nacionales, el gobierno presentó una apelación que fue resuelta a través de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNT) del 23 de mayo de 2017, que revocó la cautelar y sentó un precedente cuyas secuelas están a la vista. El decreto que acaba de firmarse pretende culminar la tarea iniciada y pone de manifiesto que a los sindicatos los asistía la razón cuando afirmaban que era ilegal no convocar a paritarias, mientras las autoridades sostenían lo contrario.

EL DECRETO PRETENDE CULMINAR LA TAREA INICIADA Y PONE DE MANIFIESTO QUE A LOS SINDICATOS LOS ASISTÍA LA RAZÓN CUANDO AFIRMABAN QUE ERA ILEGAL NO CONVOCAR A PARITARIAS.

Sin embargo, esta disputa no es nueva y forma parte de una escena más amplia. No hay hechos aislados, por el contrario, son de un proyecto que tiene en el disciplinamiento de los trabajadores un pie de apoyo fundamental. Buena parte de los docentes, por añejas tradiciones culturales, han tenido dificultad para concebirse como trabajadores. Las organizaciones sindicales, especialmente la Ctera, dirimió tempranamente esta discusión al momento de su creación, en el año 1973, al definirse como Confederación de Trabajadores. No es un tema menor ni una cuestión de palabras, si para el neoliberalismo los trabajadores son un costo, los que se desempeñan en el campo educativo no son la excepción.

Por eso es clave una mirada de conjunto que no aísle la discusión educativa de la totalidad del proyecto de país que hoy se está aceleradamente instalando. Es en sintonía con la reforma previsional, con los cambios en el IPS en la provincia de Buenos Aires, la pretendida reforma laboral, tributaria y fiscal, con las acciones de desprestigio y las persecuciones a sindicalistas, con la campaña del gobierno provincial promoviendo la desafiliación de los gremios docentes, con la convocatoria a “voluntarios” del año pasado, las evaluaciones estandarizadas, con la anunciada modificación del Estatuto, y con el Plan Maestro, que surge el Decreto 52/18.

Y principalmente, en consonancia con el Presupuesto aprobado para 2018 que no discrimina los fondos para el Programa de Compensación Salarial (que prevé la Ley de Financiamiento Educativo) para que todas las provincias puedan alcanzar el piso común que se acuerda en la paritaria nacional. De allí la necesidad de eliminarla, y junto con ella las transferencias a las provincias más necesitadas. Por ello, ante la despolitización y la lectura parcial es necesario reponer las miradas integrales. Sólo así podemos comprender el sentido de lo que está en juego.

En la misma dirección, tal como recomiendan los organismos internacionales a través de sus recientes documentos, el objetivo es modificar estructuralmente las condiciones del trabajo. En el caso docente, propiciar contrataciones sin estabilidad, contratos con pérdidas de derechos (el nombre elegante del área responsable de tales contrataciones es “gerencia operativa”). Por eso los trabajadores son criminalizados y por eso los docentes atacados, por eso la paritaria nacional desactivada.

El reclamo sindical por paritarias nacionales y por la participación en las decisiones sobre el presupuesto educativo tiene larga historia. En ese camino fue significativo el año 1988. Fue entonces que, Marcha Blanca mediante, se logró una Ley de Paritarias, aunque se conjugaron las trabas que la propia norma imponía y la voluntad política neoliberal para impedir su funcionamiento. Sin embargo, varias provincias en tanto lograban normas de paritarias jurisdiccionales que constituyeron avances. Recordemos que por la Ley de Transferencia de Servicios Educativos (1991) las instituciones y las negociaciones pasaron a las provincias, y así se mantuvieron durante los años noventa y entrado el nuevo siglo, lo que se expresó en profundas desigualdades y parálisis en la actualización salarial docente. Esas desigualdades son las que hoy volverán a horadar la dignidad de los/as docentes argentinos.

Los avances en los derechos, la historia lo atestigua, han ido de la mano de gobiernos populares. Fue recién con la sanción de la Ley N° 26.075/06 que se instituye la paritaria nacional. Vale señalar que la provincia de Buenos Aires constituirá su paritaria a través de la Ley N° 13.552 del año 2006. El artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo establecía expresamente: “el Ministerio de Educación con el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán pautas generales referidas a: a)condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. Además, el Decreto N° 457/2007 reglamentaba dicho artículo, por lo que existía marco legal específico regulando esta cuestión.

La paritaria ha sido y es una herramienta fundamental de los trabajadores contra la arbitrariedad, la unilateralidad y la exclusión en la discusión sobre las propias condiciones de trabajo, reconocida por el derecho laboral y normas internacionales. El funcionamiento de la paritaria nacional permitió abordar las disparidades entre provincias. Al establecer el salario mínimo docente en todo el país para el “cargo testigo” (docente que recién inicia la carrera y que tiene un solo cargo) y las pautas para su adecuación, fija un fondo compensador financiado por el gobierno nacional para aquellas provincias que tienen dificultades para solventar el salario acordado, dando un marco de referencia salarial para las discusiones provinciales, asegurando un piso común. Sin este instrumento, los trabajadores pierden un derecho esencial que se ve sustituido por una mesa de discusión ajena al encuadre legal internacional.

LA PARITARIA NACIONAL PERMITIÓ ABORDAR LAS DISPARIDADES ENTRE PROVINCIAS, AL ESTABLECER EL SALARIO MÍNIMO DOCENTE DANDO UN MARCO DE REFERENCIA SALARIAL PARA LAS DISCUSIONES PROVINCIALES, ASEGURANDO UN PISO COMÚN. SIN ESTE INSTRUMENTO, LOS TRABAJADORES PIERDEN UN DERECHO ESENCIAL.

La eliminación de la paritaria nacional trae como consecuencia que las negociaciones quedan sujetas a cada provincia, sin referencia básica. La estrategia del debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores no es novedad, menos en nuestra historia, siendo uno de los objetivos medulares de la dictadura. Una articulada operación mediática y el manejo de las comunicaciones contribuye en la criminalización/demonización de las organizaciones de los trabajadores y sus referentes (“mafias”, según el vocabulario gubernamental), principales obstáculos para el proyecto de disciplinamiento del trabajo en curso. Le “ahorra” al gobierno las transferencias que no previó en el Presupuesto y agudiza las desigualdades entre provincias.

Los sindicatos con representación nacional (UDA, SADOP, AMET, CEA y CTERA) quedarían debilitados y el ámbito federal de la discusión diluido. Con esta atomización de los debates se pretende licuar la organización y adelgazar la capacidad de resistencia de los trabajadores, de allí el posicionamiento asumido por los distintos sindicatos. Esta embestida, sin lugar a dudas, tiene en la Ctera al principal sujeto a doblegar, así lo expresan, sin eufemismos, las notas de los medios hegemónicos, quienes darán batalla y presentarán el caso ante la OIT. Por su parte, desde Sadop vienen señalando la inconstitucionalidad de un decreto que desestructura cuestiones esenciales de una paritaria, como la participación del Ministerio de Trabajo y la desarticulación de la representación gremial.

Desde el inicio de la gestión, el gobierno levanta las banderas del respeto por el federalismo. En su particular versión, la dilución de la paritaria nacional propicia la autonomía de las provincias, cuando lo que en realidad genera es la atomización y fragmentación de lo común, no sólo en términos de salario, sino como ha sido ampliamente señalado, en lo que hace a la garantía de los derechos de niños/as y jóvenes. El fundamento de esta erosión de derechos se produce porque los programas socioeducativos, líneas de trabajo, planes de formación, etc., ingresan en la misma lógica de negociación: la participación jurisdiccional es “a la carta” y los recursos se disputan por competencia entre provincias al “mejor ejecutor”. Esto ocurre toda vez que los derechos dejan de ser los núcleos rectores de la política y la función de los espacios federales la de construir lo común. Si manda el mercado y los negocios deciden, todo lo que vaya en sentido contrario se constituye en un obstáculo.

La tarea de concientización sobre los derechos de los trabajadores y sobre la protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes viene de un largo recorrido en el que la formación del propio colectivo docente fue medular. La organización de los educadores a través de organizaciones gremiales estuvo signada por las características del colectivo que las compone. El matiz individualista, propio de una concepción políticocultural profesionalista que identificaba a los sectores de los que mayoritariamente surgían los/as docentes supuso una dura tarea. Mientras, la paritaria, simbólica y materialmente supone reforzar y fortalecer el carácter colectivo del trabajo docente. La paritaria es el ámbito que lo reconoce y potencia.

Modificar la matriz cultural de la sociedad a través de la educación, la cultura, la ciencia, los medios, dar una disputa profunda que reorganice la vida social y “reoriente la función y discipline” forma parte hoy de las grandes confrontaciones que este proyecto impulsa. Por ello, restringir las áreas de incumbencia e intervención de los trabajadores es para el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro “ordenar”. Ahora sólo deberían ocuparse de carrera docente, capacitación, jornadas de trabajo, vacantes, entre otros. Lo paradójico es que su cartera achica a paso firme el Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP) Nuestra Escuela, primer programa de capacitación paritado, suscripto por los cinco sindicatos nacionales en 2013, sin intervención de la mesa técnica paritaria creada por el propio acuerdo. Pero estas disonancias entre lo dicho y lo hecho ya no sorprenden.

Si este decreto se sostiene, será un retroceso más en los derechos. La labor de denunciarlo y enfrentarlo se asume no sólo como defensa de los trabajadores, sino de la educación en condiciones de mayor igualdad.