El día 24 de este mes será determinante para saber si Lula Da Silva podrá presentarse nuevamente a fin de año como candidato a presidente de Brasil, o si en cambio lo meterán preso. Así de dramático es el dilema que afronta el más grande líder popular brasileño de todos los tiempos, y con él, todos los pueblos de Suramérica que quieren combatir la injusticia social y construir sociedades menos desiguales -aunque sea un poco- entre los de arriba y los de abajo.

Para ese día está previsto que se anuncie la sentencia en segunda instancia de la causa judicial inventada para impedir que el exjefe del Estado vuelva al poder. El “juez” Sergio Moro, del estado de Curitiba, lo condenó en julio pasado a nueve años y medio de prisión, y, tras la apelación, ahora debe pronunciarse un tribunal de la ciudad de Porto Alegre.

Moro es el juez más propagandizado por las derechas brasileña, argentina y suramericana en general. El pretexto para frenar la carrera política de Lula mediante un fallo judicial es que un departamento de tres pisos -en realidad es de dos, y en el tercero solo hay una churrasquera- que el expresidente posee en un balneario de clase media ubicado en el litoral del estado de Sao Paulo surgió de un “soborno” que le pagó una empresa constructora a cambio de la adjudicación de obras públicas.

La mentira y la gravedad antidemocrática son las primeras características del fallo, luego el ridículo. Los jueces y fiscales de los regímenes de derecha que azotan al continente -instalados mediante un golpe parlamentario, como en Brasil, o a través del voto, como en Argentina- deben acudir a fantasiosos inventos para difamar a líderes que en los años anteriores encabezaron procesos políticos de transformación social a favor de las clases populares.

Así como en el caso brasileño la supuesta coima se pagó con una propiedad que en realidad puede ser adquirida por cualquier familia de ingresos medios, en nuestro país el aparato judicial afirma que Cristina Kirchner, su hijo y su hija, y allegados que administran sus propiedades, fueron coimeados por el empresario Lázaro Báez mediante el pago de falsos alquileres por habitaciones hoteleras que funcionan en inmuebles cuya propiedad pertenece a la expresidenta y su familia (bienes que son parte de la sucesión civil, tras la muerte de Néstor Kircher).

Si eso fuera verdad, tanto Lula como los kirchneristas serían corruptos que ni siquiera fueron inteligentes para coimear. Habrían aceptado sobornos de un valor económico ridículo, insignificante comparado con los multimillonarios negocios de las empresas que supuestamente pagan las coimas.

Los inventos de jueces y fiscales son fantasiosos, pero las maquinarias mediáticas los instalan como verdades en la opinión pública. Así de poderosos son los enemigos que deben enfrentar las fuerzas políticas populares y sus líderes en la actual etapa histórica, donde las clases sociales dominantes no acuden -al menos por ahora- a los militares para tomar el poder, como hicieron en el siglo XX, sino que dominan a la sociedad sobre la base de un sistema judicial corrompido y antidemocrático combinado con el accionar de los grandes aparatos comunicacionales.

Referendum del presidente tránsfuga

Mientras en Brasil la derecha utiliza la estrategia de impedir una candidatura presidencial de Lula enviándolo a prisión, y en Argentina, de forma similar, continúa el hostigamiento judicial contra Cristina Kirchner y también la amenaza de encarcelarla, en Ecuador se puso en marcha un “Referendum Constitucional y Consulta Popular” para conseguir el mismo objetivo: impedir que en el futuro Rafael Correa pueda volver a postularse como candidato y eventualmente gane otra vez la presidencia de su país.

El pronunciamiento fue convocado para el 4 de febrero por el presidente tránsfuga Lenín Moreno, quien ganó la elección hace menos de un año en representación de Revolución Ciudadana, fundado y liderado por Correa, y cuya expresión política organizativa y electoral es la Alianza PAIS, pero tras asumir dio vuelta de inmediato la orientación ideológica de su gestión y empezó a gobernar según los intereses de la derecha.

Para la votación se realizarán siete preguntas que deben ser respondidas por la ciudadanía. Cinco de ellas modifican la Constitución -por eso se llama “referendum constitucional- y dos fueron planeadas para revertir transformaciones profundas emprendidas por el correísmo -es la denominada “consulta popular”-. Entre las primeras, hay dos interrogaciones destinadas a prohibir el regreso al poder del expresidente.

Una de las preguntas dice: “Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?” (Montecristi es la ciudad donde se sancionó la reforma constitucional de 2008, que luego tuvo modificaciones por parte de dicha Asamblea, órgano parlamentario habilitado para hacerlo).

Es decir que, como Correa ya fue jefe de Estado durante dos periodos -además de un primer mandato abreviado, que él mismo acortó para someterse de nuevo al voto ciudadano tras la mencionada reforma constitucional-, nunca podría volver a la Presidencia de la Nación. Pero como esa pregunta deja sin aclarar si el criterio de “una sola reelección” se aplicará solo hacia el futuro o también para quien ya ejerció el cargo en el pasado, el régimen encabezado por Moreno prepara las bases jurídicas para fabricar además, si hiciera falta, una condena contra Correa “por corrupción”.

Para eso elaboró otra pregunta a la que nadie quisiera decir que “No”, y que además es la primera de las siete, como forma de potenciar su efecto psicológico sobre las/os votantes. Dice así: “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?”.

Al interrogar de ese modo a la ciudadanía, con un razonamiento ético prácticamente indiscutible, la derecha ecuatoriana puede perpetrar un engaño feroz como solo los poderosos del mundo saber hacer. Si lo consigue, dejaría todo armado para que cualquier juez invente una condena contra Correa y le impida para siempre volver al poder.

Desde el final de su mandato, el expresidente se radicó en Bélgica (país de origen de su esposa, con quien se conocieron cuando él estudiaba allá un posgrado en la Universidad de Lovaina. También estudió en la Universidad de Illinois, Estados Unidos). Este fin de semana regresó a Ecuador para ponerse al frente de la campaña por el “No” en el referendum del 4 de febrero.

“Populismos” nunca más

El hecho de que en los primeros tres lustros del siglo hayan gobernado liderazgos y fuerzas políticas que según cada situación pueden llamarse de izquierda, nacional-populares, de centroizquierda, reformistas, progresistas, o en algún caso revolucionarias, constituyó un proceso único que escapó al control de Estados Unidos.

Frente al mismo, el poder imperial y las oligarquías de cada país -las derechas- elaboraron distintas estrategias para: eliminar políticamente a tales gobiernos e impedir posteriormente que se repita semejante desafío a su hegemonía.

Una de las múltiples acciones tendientes a esos fines fue esparcir la idea de que los “populismos” son la base de todos los males de la humanidad (aunque pensadores ilustres como Ernesto Laclau enseñaron que ese término puede tener significaciones bien diferentes).

La ofensiva norteamericana comenzó a hacerse efectiva en 2009, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. El mandatario provenía de sectores políticamente liberales, pero estaba en proceso de incorporar su país al ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América), el espacio de soberanía y cooperación continental creado por Chávez para depender menos de los centros de poder del capitalismo trasnacional, que logró integrar particularmente a países con gobiernos de izquierda o centroizquierda.

El método “paso a paso” de las derechas latinoamericanas proestadounidenses siguió en 2012 en Paraguay. El presidente Fernando Lugo, quien desde una posición de mucha debilidad intentaba sostener aunque más no fuera de modo simbólico la reivindicación de los derechos populares, fue derrocado mediante un golpe de Estado parlamentario.

Dos años antes, en 2010, había muerto Néstor Kirchner. Sin embargo, aun en medio de un terrible dolor personal, su esposa y sucesora fue construyendo un consenso social y un liderazgo propio que serían convalidados por el voto ciudadano cuando Cristina ganó su reelección en 2011 de forma aplastante.

Pero en 2013 murió Hugo Chávez, y la pérdida de semejante liderazgo nacional y continental, en una región suramericana donde ya se hacía sentir la ausencia de Kirchner, facilitaron todos los planes de Estados Unidos y las derechas locales. Quizás nunca se sepa si el presidente venezolano murió por una enfermedad incurable adquirida de forma natural o fue víctima de un asesinato mediante una enfermedad provocada, como denunció el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro.

Con Venezuela bajo acoso constante, los intereses del imperio consiguieron sus principales victorias en Argentina y Brasil. En nuestro país lograron ganar las elecciones presidenciales de 2015, luego de una estrategia de desgaste del gobierno kirchnerista con la acción concertada de los poderes de facto, especialmente los económicos y los mediáticos.

Para ese entonces ya estaba en marcha el hostigamiento judicial contra Lula y todo el PT (Partido de los Trabajadores), hasta instalar en amplios segmentos de la sociedad la creencia de que se trataba de un gobierno que “se robaba todo”. Manipulada de esa forma la opinión pública, en 2016 el corrompido Parlamento brasileño derrocó a Dilma Rousseff.

En Ecuador, la oligarquía respaldada por Estados Unidos utilizó para ejecutar sus planes a un tránsfuga (“persona que pasa de una ideología o colectividad política a otra”, dice el diccionario de la Real Academia Española, o, en una acepción más específica todavía, “persona que al ocupar un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”). Lenín Moreno ganó las elecciones como continuador del correísmo, pero rápidamente se puso a gobernar en sentido contrario. Como parte de ello, junto con jueces aliados hizo meter preso al vicepresidente Jorge Glas -leal a Correa- y lo reemplazó en el cargo. Sintetizando, Correa afirma sin dar vueltas que Moreno es un “traidor”.

Los métodos y estrategias tienen sus variantes y particularidades, según las condiciones específicas de cada situación nacional. No obstante, la base de la política norteamericana de dominación para esta parte del mundo tiene una prioridad absoluta: que no vuelva nunca más lo que ellos llaman “populismo”.

Que vaya a conseguir o no sus propósitos no puede saberse de antemano. Las causas que determinan los hechos políticos son infinitas, y entre ellas están las luchas populares y la influencia de la sociedad civil en los diferentes países. Pero la sentencia judicial sobre Lula prevista para el 24 de este mes y el resultado del referendum ecuatoriano del 4 de febrero serán fundamentales para definir cuánto poderío acumula cada parte y cómo seguirán las disputas en el futuro.