Los propósitos que consiguió el gobierno en las últimas semanas de 2017 son contundentes a favor de los sectores económicos y sociales a los cuales representa, de su proyecto político y del modelo de sociedad que aspira a diseñar. Logró aprobar en el Congreso la rebaja del poder adquisitivo de las jubilaciones, y también las modificaciones impositivas (“reforma tributaria”) que favorecen a los grandes empresarios y a los especuladores, mientras se perjudican el consumo y la producción nacional y se quita dinero a ANSES con la rebaja de cargas patronales (o sea, menos plata para pagar las jubilaciones en el futuro).

Paralelamente, los triunfos políticos del régimen gobernante se manifestaron en la arremetida de la fracción dominante del Poder Judicial para garantizar impunidad por crímenes y otros delitos de la dictadura genocida. En la última semana del año, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa “Papel Prensa”, donde entre otros estaban acusados los empresarios que en los años setenta fueron jerarcas de los diarios Clarín y La Nación, y el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 de La Plata concedió la “prisión domiciliaria” al condenado criminal Miguel Etchecolatz.

La apropiación de la única empresa en el país que fabricaba papel para diarios y revistas -insumo que antes de Internet y de la comunicación digital era el material imprescindible, irreemplazable, para publicar medios periodísticos gráficos- deriva hoy en una prolongación de los negociados surgidos de aquella operación delictiva: el Grupo Clarín, constituido como tal en la década de los noventa pero cuyo inmenso poderío se edificó luego del pacto político y comercial que hace cuarenta años le permitió ser copropietario de Papel Prensa, acaba de obtener el aval del gobierno macrista para fusionar las empresas Cablevisión y Telecom. Crímenes impunes de ayer, negociados monopólicos de hoy.

En el medio de esa historia de cuatro décadas, estuvo el extraordinario esfuerzo político del kirchnerismo por democratizar la comunicación a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Ley de medios”), entre otras medidas y políticas públicas, y de buscar justicia para aquellos delitos mediante una investigación monumental hecha pública en 2010 junto con la presentación de las denuncias penales correspondientes, respecto del pacto de la dictadura con los diarios más poderosos de su época (Clarín, La Nación y La Razón) para asaltar entre todos la estratégica empresa papelera y quedarse como socios propietarios.

Como se sabe, Mauricio Macri derogó de facto las cláusulas antimonopólicas de la ley de medios apenas asumió -lo hizo por decreto, lo cual es ilegal e inconstitucional-, para iniciar de ese modo el proceso que derivó recientemente en la fusión de Cablevisión y Telecom. De forma paralela, distintos jueces y fiscales ejecutaron los pasos del simulacro de legalidad que concluyó recientemente con el cierre del caso penal Papel Prensa.

La libertad para los partícipes del genocidio no es solo para el condenado Etchecolatz, quien acaba de irse a su casa de Mar del Plata, sino además para empresarios beneficiados por grandes negocios de origen criminal que se prolongan y multiplican hasta hoy y también hacia el futuro.

Pero la estrategia violenta del régimen gobernante tiene múltiples contracaras en las acciones incansables y pacíficas de luchadoras/es populares. En uno de los ejemplos de perseverancia más imponentes de todos los tiempos, las Abuelas de Plaza de Mayo acaban de recuperar con pocos días de diferencia a dos personas robadas al nacer por el terrorismo estatal de los años setenta: la “nieta 126” -Adriana-, hija de Eduardo Garnier y de Violeta Graciela Ortonali, secuestrados en 1976, ella embarazada; y la “nieta 127”, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, ambos desaparecidos desde 1977.

Por otro lado, el aberrante beneficio para Etchecolatz fue motivo de diversos repudios y protestas. Entre esas reacciones se destaca la de ex hijas e hijos de genocidas, un grupo de afectadas/os que desde hace pocos meses han dado a conocer su actuación pública, tan inédita como valerosa y admirable (el sitio web El Cohete a la Luna, creado hace pocas semanas por Horacio Verbitsky, publicó su comunicado el viernes 29).

Violencia estatal y modelo económico

El gobierno y el aparato judicial aliado concluyeron 2017 con genocidas libres y, por primera vez desde que se recuperó la democracia en 1983, opositores presos.

Contra todas las normas vigentes y violando una por una las garantías constitucionales, jueces y fiscales del régimen encarcelaron desde fines de octubre a Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo), Luis D’Elía, Fernando Esteche y el dirigente de la comunidad argentino-iraní Jorge “Yussuf” Khalil. Asimismo, amenazan con meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, si le quitan los fueros parlamentarios.

No conforme con todo eso, el macrismo cerró diciembre con el acelerador a fondo: a través de un funcionario del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, en el último día hábil del año (viernes 29) inventó una denuncia penal para tener amenazados también a once legisladores de la oposición: a los/as diputados/as nacionales Marcos Cleri, Daniel Filmus, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Leopoldo Moreau y Horacio Pietragalla, y también al parlamentario del Mercosur Gabriel Mariotto, todos/as del Frente para la Victoria. Además, al diputado nacional Nicolás del Caño y a la legisladora de la ciudad de Buenos Aires Myriam Bregman, ambos del Frente de Izquierda.

Se completó así el año en que personal armado bajo órdenes del gobierno nacional perpetró múltiples operativos de violencia estatal contra comunidades mapuches en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, y en dos de esos procedimientos fueron víctimas mortales el joven de veintisiete años Santiago Maldonado -quien estuvo 78 días desaparecido hasta que su cuerpo sin vida apareció en el río Chubut y el relato oficial dice que “se ahogó-, y el chico de veintidós años Rafael “Rafita” Nahuel, asesinado por la espalda.

A su vez, el próximo 16 de enero se cumplirán dos años de la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, a quien en lugar de otorgarle la prisión domiciliaria la recluyeron de forma humillante, rodeada de personal armado y cámaras de vigilancia, en una vivienda que no es su casa.

Su captura, junto con las posteriores de otras integrantes de la organización barrial Tupac Amaru -entre ellas Mirta “Shakira” Guerrero, quien tiene graves problemas de salud y ha intentado suicidarse en prisión-, fue el primer atropello grave perpetrado tras la asunción de la alianza Cambiemos contra las libertades democráticas, las garantías constitucionales y las bases del Estado de derecho.

También en las primeras semanas del actual gobierno se iniciaba la persecución al periodismo opositor, la derogación de facto de leyes de la nación y los despidos a mansalva de trabajadores/as del Estado para reemplazarlos/as por adictos/as al régimen.

En ese entonces comenzaba, al mismo tiempo, una política económica que hizo su aparición propagandística con la “liberación del cepo” cambiario. Esa medida fue en los hechos una brutal devaluación, y producto de ella los salarios, jubilaciones y asignaciones familiares empezaron a perder poder adquisitivo frente a una inflación incontrolable.

El aumento gigantesco de la deuda externa, los tarifazos y la invasión de artículos importados fueron otros pilares de la estrategia del macrismo para desarmar el modelo económico anterior y sentar las bases de otro, congruente con los intereses de las clases sociales privilegiadas a las cuales vino a representar.

Crisis poselectoral

Pasaron dos años, y en la última semana de 2017 el dólar volvió a dispararse, como anticipo de una nueva oleada de subas de precios que, junto con otros tarifazos ya anunciados, afectarán al conjunto de la población, especialmente a las clases bajas y medias. Además, día a día y en cuentagotas, miles de personas en todo el país se quedan sin trabajo, mientras la maquinaria mediática dominante oculta la desocupación.

El 22 de octubre, Cambiemos consiguió el 42% de los votos -en el total nacional- cuando ganó las elecciones legislativas en los principales distritos del país. En medio del triunfalismo, una semana después Macri anunció las infames “reformas” jubilatoria, impositiva y laboral.

Pero a partir del 15 de noviembre, el país se conmovió y el gobierno quedó descolocado por una tragedia humanitaria, civil y militar, también disimulada por la maquinaria mediática: la desaparición del submarino ARA San Juan, con el costo atroz de 44 vidas humanas. A ello le siguieron el misterio total, la impunidad política y el desprecio oficial hacia las familias de los/as tripulantes desaparecidos/as.

Por una combinación de factores, el corto tiempo transcurrido desde la votación muestra una crisis del respaldo electoral obtenido por la derecha y un descontento social creciente, aunque conserve intacto el apoyo de las corporaciones económicas, judiciales, mediáticas, etc., y de los centros de poder extranjeros.

El rechazo mayoritario contra el saqueo a los jubilados; las multitudes que protestaron en distintos días en la Plaza de los dos Congreso a pesar de una violencia represiva que no se vivía desde el estallido del país en 2001; la nueva aparición de los “ruidazos” (podrían llamarse así, aunque en general se los llama “cacerolazos”), ahora como forma de repudio a decisiones del macrismo; el surgimiento de un frente sindical-social que actúa como contrapeso a la cúpula de la CGT que es cómplice del gobierno; y la postergación obligada del tratamiento parlamentario de la denominada “reforma laboral” que aplastará derechos de la clase trabajadora, son todas expresiones de genuina resistencia y oposición a las políticas de Macri y al bloque de poder que él representa.

Frente a ello, el oficialismo nacional y sus representantes provinciales utilizan cada vez más la violencia para reprimir las protestas -como lo hizo por ejemplo en diciembre frente al Congreso y la Legislatura bonaerense, o contra obreros del ingenio La Esperanza de Jujuy-, así como la violencia jurídica para meter presos a dirigentes kirchneristas y luchadores/as políticos y sociales. Y ahora también para amenazar con la cárcel a diputados opositores.

El régimen no tiene escrúpulos ni límites legales. Solo los límites que le puedan poner las fuerzas populares y la movilización de la sociedad civil. Empieza 2018 y la lucha continúa.