A los amparos judiciales presentados por abogados previsionales, la Confederación de la Economía Popular (CTEP) y excombatientes de Malvinas, se le suma ahora el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra el recorte jubilatorio y el Decreto 1058/17. Según esta entidad -que logró otrora frenar los tarifazos-, la nueva legislación “atenta contra la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en especial, contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Protección de los DDHH de las Personas Mayores”.

Aprobada a pesar de un fuerte rechazo popular, la reforma jubilatoria impulsada por Cambiemos modifica el cálculo de movilidad en los haberes de los jubilados, logrando así una disminución del poder adquisitivo de los mismos.

“La acción judicial se debe a que, con los nuevos índices aprobados por la norma atacada, más de 18 millones de beneficiarios de la seguridad social verán restringida la capacidad adquisitiva de su prestación. Mientras que en forma mediata el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras verán, en su momento, afectado su derecho”, plantean desde el CEPIS.

mariano lovelli: “a medida que se le van reconociendo y otorgando derechos a estos sectores de la población, cualquier reforma que salga de los Estados no puede ir para atrás”.

“Creemos que es un retroceso porque las prestaciones de la seguridad social en definitiva hacen es poner en pleno ejercicio derechos básicos de las personas, como el derecho a la seguridad social”, explicó a Contexto Mariano Lovelli, titular del CEPIS.

“Este tipo de derechos tiene raigambre en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Estos tratados establecen que, a medida que se le van reconociendo y otorgando derechos a estos sectores de la población, cualquier reforma que salga de los Estados no puede ir para atrás”, agregó.  

Según explicaron desde el CEPIS, la reforma de Cambiemos viola los principios jurídicos de progresividad y de no regresividad. “Con el cambio de fórmula, lo que se hace es retrasar ese ensanchamiento y esa consolidación de derechos que tenían esos sectores”, sostuvo.

Teniendo como uno de los ejes fundacionales la promoción de los derechos humanos, sobre todo para los sectores más vulnerables, desde CEPIS decidieron presentar esta acción judicial, la cual quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo del Adolfo Gabino Ziulu, a donde también recayeron las medidas judiciales de los excombatientes de Malvinas.  

Estos amparos “son procesos colectivos. Es decir que los efectos son para todo el universo de beneficiarios y no sólo para quien peticiona”, explicó el Lovelli.

cecim: “Está más que claro que este Fiscal no quiso adentrarse en un tema que es claro: el ajuste previsional”.

El reclamo de excombatientes

Sin embargo, el amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, conjuntamente con el Centro de Veteranos de Guerra de Berisso (CEVECIM), podría verse trabado por la intervención de un fiscal.

Según advierten desde el CECIM, el Fiscal Federal Héctor Ferrara (Fiscalía Federal N° 2 de La Plata), en su dictamen firmado del día jueves, entiende que el juez federal debe rechazar la acción de amparo presentada “y sostiene que los organismos carecen de legitimación procesal para litigar frente a cuestiones previsionales porque ello no está puesto así, clarito, en sus respectivos estatutos”, desconociendo así la trayectoria de las organizaciones de excombatientes.

“Según el fiscal, las asociaciones u organizaciones que representen diversos sectores deberán redactar (según el criterio “Ferrara”) estatutos con la inclusión de todas y cada una de las hipótesis de eventuales conflictos por afectación de derechos humanos. Está más que claro que este fiscal no quiso adentrarse en un tema que es claro: el ajuste previsional es regresivo, discriminatorio y vulnera derechos humanos”, denuncian desde el CECIM.