Sin consultarle al sector cooperativista, el martes fue aprobada en la Cámara de Diputados y ratificada después en la de Senadores una nueva normativa que las obliga a pagar Ingresos Brutos y les quita el carácter de exentas en materia impositiva. De esta manera, con un tratamiento exprés, se logró la sanción de una ley que sembró el repudio entre los cooperativistas, que la califican de “ajuste” e irán a la Justicia a denunciar a la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Esta es una medida más en contra de los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares. Sería mucho más fácil sacarles a los sectores más concentrados porque manejan muchos más recursos, pero esto no es parte del esquema de construcción ni de los intereses que defiende y representa este gobierno”, expresó Christian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) luego de que se conociera la noticia de la sanción.

A pesar de que la Constitución de la provincia reconoce que aquellas operaciones entre asociados y sus cooperativas no son de carácter lucrativo (por lo tanto, no pueden ser gravadas por ingresos brutos), entre las reformas aprobadas esta “no sujeción” impositiva se transformó en una exención. En principio no hay modificación en términos tributarios, pero fija un presente para que esa exención, que reconoce un hecho imponible, pueda ser levantada.

“Hasta hace 48 horas no sólo estaba exento, sino que el Estado reconocía
que no había hecho imponible al no haber actividad comercial”, explicó a Contexto César Basañes, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar). “Si ahora hay una exención, están reconociendo que en cualquier momento puedo cobrar el impuesto. Eso es inconstitucional”, agregó.

Por otro lado, esta normativa impone a las cooperativas de trabajo el pago de Ingresos Brutos en sus ventas, del cual estaban exentas. Tal modificación podría afectar en los retiros, el salario de cada cooperativista.

“Es más complejo que esto”, advirtió en diálogo con Contexto Joaquín Fernandez Sacha, referente de la CNCT. “Lo que ha puesto ARBA, a través del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), es un piso a esto: viendo los balances de las cooperativas más grandes, con más facturación, estableciendo un piso de la recaudación. Lo que quiere decir esto es que, a grandes rasgos, una cooperativa tendría que pagar en este nuevo impuesto 600 mil pesos al año, y no todas tienen esa capacidad”, explicó.

En este marco, el referente de la CNCT informó que, junto con otras confederaciones, van a llevar esto a la Justicia denunciando penalmente a Vidal y a la provincia de Buenos Aires en los próximos días. “Es la única herramienta que nos queda. Después podemos ver en la reglamentación, pero el espíritu de la ley es un espíritu anticooperativo, y eso es lo que queremos manifestar”, sostuvo Fernández Sacha.

“Seguramente haremos un planteo de inconstitucionalidad en la Corte Suprema”, detalló Basañes.

Desde el sector cooperativista vienen reclamando políticas públicas para el sector, teniendo en cuenta la caída del consumo, los tarifazos, y, en el caso de las fábricas recuperadas, los vetos. Esta nueva normativa de Vidal viene a complejizar aún más la situación que atraviesan.

“Vemos desde que asumió el gobierno, con los tarifazos, la cantidad de impuestos y trabas, evidentemente un plan para que la industria nacional caiga, y en esto también estamos las cooperativas de trabajo”, remarcó Sacha.

“Vemos desde que asumió el gobierno, con los tarifazos, la cantidad de impuestos y trabas, evidentemente un plan para que la industria nacional caiga, y en esto también estamos las cooperativas de trabajo”

El sector cooperativista ha sido uno de los más golpeados por el autoritarismo de Vidal, quien se ha dedicado sistemáticamente a realizar vetos en las empresas recuperadas. Cabe recordar que tras el veto del presidente Mauricio Macri en el Bauen, la gobernadora hizo lo propio y apuntó a las fábricas recuperadas con reiterados vetos que pusieron en jaque la continuidad laboral de los trabajadores: en abril de 2016 vetó la expropiación de la ex Petinari en Merlo, en enero hizo lo mismo con la ex Rench, denominada Cooperativa de Precisión Limitada (CDP), ubicada en Don Torcuato, y un mes después avanzó con la metalúrgica Presidente Néstor Kirchner, ex Raimat, de Quilmes. Una de las últimas víctimas de Vidal fue la fábrica de pinturas Cintoplom, recuperada en 2003 por sus trabajadores.