La reestructuración propuesta por María Eugenia Vidal, que tiene a los trabajadores estatales en vilo, sigue avanzando. Así como en la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda mantienen un plan de lucha contra la idea de reducir las estructuras existentes, en el Centro de Protección a la Víctima –perteneciente al Ministerio de Justicia– y la Unidad Ejecutora Provincial –del Ministerio de Educación– se organizan frente a posibles despidos. En el primero de estos organismos peligran alrededor de noventa puestos laborales entre las dos sedes, mientras que en el segundos, 380.

El Centro de Protección a los derechos de la Víctima (CPV) de la provincia –a cargo de Silvina Giles y dependiente de la cartera de Justicia encabezada por Gustavo Ferrari– es un organismo que cuenta con equipos interdisciplinarios para brindar acompañamiento, asesoramiento y contención de víctimas de delitos graves. Hoy los trabajadores están atravesando un período de incertidumbre luego de que les confirmaran que iba a haber una reestructuración general en el área.

“No nos terminan de decir de qué se trata, pero entendemos que afecta al funcionamiento, independientemente de los puestos de trabajo, y además incluye despidos de compañeros: contratos que no se van a renovar y plantas temporarias que no van a continuar. No nos dicen quiénes y cuántos, pero sí que va a haber despidos”, explicó a Contexto Marina Font, delegada de ATE en la CPV.

Ante este panorama, teniendo el total de los trabajadores precarizados con contratos, desde ATE señalan que corren riesgo todos los integrantes de la CPV, por lo que ayer realizaron una asamblea con “pecheras de despedidos”. “Entendemos que el 100% del personal del CPV está en riesgo”, remarcan.

Los trabajadores vienen peleando hace tiempo por el pase a planta permanente y mejores condiciones laborales. Finalmente, el año pasado les anunciaron el pase a planta pero no fue efectivizado, sino que les advirtieron que no estaban en la agenda del gobierno. Ante esta situación, llevaron a cabo una serie de reclamos que concluyó con el descuento de sus sueldos y el despido de una psicóloga con doce años de antigüedad, quien era una de las personas que encabezaba la lucha.

“Podríamos centrar nuestras preocupaciones en dos: por un lado, en la situación de precarización laboral en la que nos encontramos hoy, con el riesgo de ser despedidos con esta reestructuración, y, por otro lado, en cómo va a continuar la política pública”, remarcó Font, quien advirtió que de avanzar los despidos, al ser tan pocos trabajadores para toda la provincia, afectaría profundamente el funcionamiento del organismo.

Situación similar atraviesan los estatales de la Unidad Ejecutora Provincial, quienes advierten una constante amenaza de despidos, materializada en el pedido de “una lista” por parte de las autoridades del organismo dirigido por Diego Taurizano que contenga aquellos a despedir.

Son 380 los trabajadores de la UEP, dependiente del Ministerio de Educación encabezada por Gabriel Sánchez Zinny, que están con contratos de locación de obra, por lo que se teme que se vaya también por esos contratos y no sean renovados.

“Siendo diciembre, vienen a apurar con esto para no recontratar. Ellos no lo llaman despido, sino ‘no recontratación’, pero nosotros tenemos una continuidad laboral que sostienen a nuestras familias”, dijo a Contexto Martín Pretz, delegado de ATE en la UEP, quien remarcó que esta avanzada “se da en el marco de la reforma laboral y la Ley de Ministerios”.

Al igual que en la CPV, en la UEP señalan que por el nivel de precarización que tienen con sus contratos están todos en riesgo. “No sabemos quiénes pueden ser los despedidos”, remarcó Prezt, quien adelantó que van a seguir en asamblea permanente al tiempo que no descartan movilizarse en los días venideros.