Al referirse a las elecciones presidenciales en Honduras, bien se podría parafrasear el título de una de las obras más conocidas de Gabriel García Márquez y sentenciar que se trató de la crónica de un fraude anunciado.

El golpe contra Manuel Zelaya en 2009 fue el precedente más importante para entender que la derecha difícilmente iba a aceptar la voluntad popular.

Si se tiene en cuenta que el garante de la transparencia electoral era la más que cuestionada Organización de Estados Americanos (OEA), la Embajada de Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea (UE), el fraude era una posibilidad más que cierta.

Este martes, los líderes del partido Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron la falsificación de actas, la utilización de falsas identidades y la compra de votos.

Los dirigentes cuestionaron a la OEA, a la Unión Europea y a la Embajada norteamericana y exigieron que se respete la decisión popular y se le dé “al pueblo el presidente que escogió”.

El candidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que “votaron los muertos, se utilizaron identidades de personas que viven en Estados Unidos y se pagaron votos. Ellos asumieron que con eso ganaban en las mesas”.

Nasralla aseguró que el gobierno también tenía preparado un “Plan B: mandaron a hacer más de 5 mil actas dobles”. Según afirmó el dirigente, al darse cuenta de que la primera parte del fraude no le alcazaba al gobierno para ganar, cambiaron las actas originales por las 5 mil copias y así fraguaron los resultados.

Tanto Zelaya como Nasralla pusieron en duda el rol que está jugando Washington y la Organización de Estados Americanos. Nasralla señaló: “La OEA, si tienen ganas de resolver el problema, la Unión Europea, si tiene ganas de resolver el problema, y la Embajada americana, si tiene ganas de resolver el problema, y resolver el problema es darle al pueblo el presidente que escogió, tienen que revisar las 18.128 actas”.

Es más que llamativo el silencio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los mandatarios de la región que dicen preocuparse por la democracia y el respeto a la voluntad. Una vez más, con esta actitud cómplice demuestran que sus acciones sólo representan los intereses de Washington y poco tienen que ver con el respeto a los valores democráticos.