A los magistrados que responden al gobernador jujeño Gerardo Morales ya no les queda margen para mantener a Milagro Sala en las mazmorras de Alto Comedero. Su salida inmediata la pidieron las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y ahora también la Corte Suprema de Justicia.

Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal argentino ordenó a las autoridades judiciales de Jujuy que cumplan “con urgencia” la medida provisional dictada por la Corte IDH el pasado 23 de noviembre.

En esa resolución, el organismo de la OEA requirió al Estado nacional que adopte, antes del 15 de diciembre, medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

Salvo el macrista Carlos Rosenkrantz, que votó en contra, los demás cortesanos consideraron una “obligación” constitucional “dar cabal cumplimiento con lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y aclararon que, en el caso del arresto domiciliario, “deberá llevarse a cabo en su residencia o donde habitualmente vive” la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

La aclaración no es menor, ya que durante el breve periodo en que Sala estuvo bajo prisión domiciliaria –del 31 de agosto al 14 de octubre– debió hacerlo en una casa que no era la suya y que el juez Pablo Pullen Llermanos había convertido en una “mini Guantánamo”, como señaló en su oportunidad el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.

“Esperamos que esta vez los magistrados jujeños estén a la altura de las circunstancias y dispongan, como mínimo, el traslado inmediato a su domicilio en el barrio de Cuyaya (San Salvador de Jujuy) y sin ninguna de las restricciones ilegales que dispusieron al momento de cumplir parcialmente la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, remarcó ayer la defensa de la dirigente social.

Una de las abogadas, Elizabeth Gómez Alcorta, recordó que “la Corte IDH determinó que la situación actual de Milagro es de extrema gravedad y urgencia y cabe la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable, por lo cual el Estado debe adoptar medidas para garantizar su vida, integridad personal y salud”.

“Para llegar a esta conclusión, el tribunal hizo un análisis minucioso de toda la información aportada por las diferentes partes, incluida la del Estado y los informes médicos del Poder Judicial, entre otras. El Estado no tiene ya más excusas para dilatar el cumplimiento de esta resolución, que ahora ratificó con este fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, completó la letrada.

Horas después, Pullen Llermanos anunció que tomará una decisión luego de que se conozca el veredicto de este jueves en el insólito “juicio de las bombachas”, donde sin ningún elemento consistente se acusa a Sala por supuestas amenazas a policías en 2014.

“La Corte Suprema resolvió que hay que otorgarle prisión domiciliaria a Milagro Sala porque así lo solicitó la Corte Interamericana, y estaríamos resolviendo dependiendo del juicio que tiene en ciernes. No nos podemos adelantar”, sostuvo el magistrado jujeño.

Tras conocer el fallo del máximo tribunal, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala (CLMS) reclamaron que se disponga cuanto antes la salida de la dirigente del penal de Alto Comedero.

“La Corte es taxativa: habla de la implementación inmediata de la domiciliaria o de algo morigerado, como puede ser la libertad con una pulsera electrónica. Si la Justicia de Jujuy elude esto, ya nos encontraríamos con una provincia en secesión que desconoce el sistema de ordenamiento jurídico federal e internacional de la Argentina”, sentenció en diálogo con Contexto Estela Díaz, integrante del CLMS y secretaria de género de la CTA de los Trabajadores.

Díaz se refirió, por otro lado, a los dos recursos extraordinarios presentados por la defensa de Milagro –en relación con la prisión preventiva y los fueros parlamentarios de la dirigente–, que fueron rechazados por el máximo tribunal.

“Forma parte de un fallo de época. Esta es una Corte Suprema que fue capaz de dictar el 2×1 a los genocidas y que se acopla a la derechización del gobierno. Está muy lejos de aquella Corte que nos enorgulleció al alejarse de la mayoría automática menemista. Hoy vuelve a tener una perspectiva neoliberal que se posiciona en contra de los derechos de los trabajadores y de los derechos en general”, reflexionó la gremialista.

Al mismo tiempo que ordenaba la domiciliaria, la Corte confirmó la prisión preventiva de Sala al convalidar el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que consideró que existe “riesgo de obstaculización del proceso” en contra de la diputada del Parlasur por “los delitos de asociación ilícita, fraude a la Administración pública y extorsión”.