Argentina es un país que por momentos tiene un ritmo político de vértigo. Situaciones muy diversas y contradictorias, de proyección histórica y/o de gravedad terrible, suelen ocurrir en muy pocos días.

Los hechos más atroces advierten que con el gobierno de Mauricio Macri, y con él todas las corporaciones locales y factores de poder extranjeros que conforman en conjunto el bloque dominante, volvieron al país los crímenes políticos perpetrados por personal armado del Estado contra militantes populares, agravados por el encubrimiento de las autoridades y por el desinterés o negligencia del sistema judicial para investigar y castigar a los culpables.

No solo asesinatos políticos perpetrados por personal armado del Estado, que hubo muchos durante la etapa democrática. Asesinatos más encubrimiento e impunidad.

Rafael “Rafita” Nahuel (veintiún años, nacido el 5 de agosto de 1996) es la víctima más reciente, desde el pasado sábado 25. Santiago Maldonado (veintisiete años) desde el 1º de agosto, hace cuatro meses. De este último, el relato oficial dice que “se ahogó”. Sus muertes son el resultado más irreparable, cruel, violento e inhumano del proceso histórico que empezó cuando la derecha asumió el control del gobierno a fines de 2015.

La desaparición del submarino ARA San Juan agrega otra tragedia, esta vez con el atroz costo de 44 vidas humanas. No se trata de situaciones parecidas porque los crímenes contra los dos jóvenes son consecuencia de decisiones gubernamentales y, en cambio, el hundimiento del navío con toda su tripulación a bordo puede obedecer a diversas razones –aun no se sabe, al menos públicamente–, pero no es producto de una decisión política. Aunque lo que sí podrían caber son responsabilidades políticas.

Son sucesos que tienen lugar al mismo tiempo e inciden en la realidad política del país. Además, y sin perjuicio de lo que eventualmente pueda saberse de aquí en adelante sobre qué pasó con el submarino, hay rasgos de la crueldad oficial que se repiten en todos los casos, aun cuando sean tan distintos: los intentos por ocultarlos o que pasen lo más inadvertidos posible, y el desprecio por el dolor de las familias víctimas –los familiares de los muertos también son víctimas. Aunque generalmente la frivolidad de los discursos públicos solo consideran como tal a las víctimas mortales–.

Dentro de ese contexto, y ante las incertidumbres que plantea el caso del submarino, es fundamental que se realice un profundo debate público acerca de la política de defensa –¿será de defensa?– argentina, y de la presencia y actuación militar extranjeras en el territorio o el mar de nuestra patria. En los últimos días hubo valiosas contribuciones en ese sentido desde ámbitos políticos, periodísticos y académicos.

Uno de los aportes al debate lo hizo el diputado mendocino Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, quien es vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. El legislador alertó sobre la “peligrosa sobreactuación de Estados Unidos y Gran Bretaña en la cooperación ante la tragedia”, y analizó los “enigmas y misterios” de la desaparición del ARA San Juan.

Otro aporte fue realizado por Stella Calloni, una de las periodistas argentinas que más ha trabajado a lo largo de décadas los temas de política internacional, y dentro de ello la injerencia de potencias extranjeras en países soberanos. En una nota reciente, aludió a la presencia de “poderosos capitales británicos, norteamericanos e israelíes” en tierras de la Patagonia, y mencionó además la posible “instalación de bases militares en Comodoro Rivadavia”.

Las desapariciones en el mar y las luchas

En el mismo país y en el mismo tiempo en que desde el poder estatal asesinaron a dos jóvenes que participaban de protestas populares –más precisamente, en las luchas de la comunidad mapuche–, y en el que por otro lado se hundió un submarino en el mar y con él desaparecieron en las aguas 44 personas, ocurrió un hecho que remite a otras luchas populares y a otros desaparecidos/as, muchos/as de ellos/as también en el mar. Pero aquella vez sí por decisión política. Nada menos que por la decisión de ejecutar un plan criminal de terrorismo de Estado por parte de una dictadura genocida.

Se trata de la finalización del tercer juicio de la llamada “magacausa ESMA”, donde el tribunal emitió sentencias de trascendencia histórica para Argentina y el mundo. El juicio comenzó en 2012. Se juzgaron 789 delitos de lesa humanidad –que lesionan u ofenden a toda la humanidad, además del sufrimiento o muerte de las víctimas directas–, entre ellos, los asesinatos de prisioneros políticos que eran arrojados vivos al mar desde aviones militares.

Al principio hubo 65 imputados, pero 11 de ellos murieron durante el proceso. Finalmente, fueron condenados a prisión perpetua 29, entre ellos los responsables del secuestro y desaparición de 12 personas que se reunieron en la iglesia de la Santa Cruz para reclamar por sus familiares desaparecidos antes que ellas, como también del secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonié Duquet, y de tres de las mujeres fundadores de Madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos.

Entre los condenados hay criminales emblemáticos del genocidio argentino, como Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta y Ricardo Miguel Cavallo. Otros 19 recibieron penas de entre 8 y 25 años de prisión, y 6 fueron absueltos.

Para llegar a esa reparación jurídica de crímenes tan horrendos que eran inimaginables hasta que ocurrieron, fueron necesarias cuatro décadas de heroísmo y valentía –especialmente en los primeros tiempos, aun bajo el régimen militar–, y también de abnegación, tesón y persistencia obcecada, de numerosos pero siempre minoritarios grupos de personas, algunas públicamente conocidas y muchas anónimas. Ejemplos de ética y dignas de gratitud por siempre.

(Casi como digresión, un dato que amerita quizás un análisis profundo: los crímenes de hace cuatro décadas y ahora condenados judicialmente ocurrieron en los dominios de la Armada, la misma institución militar de la que dependía el ARA San Juan. “ESMA” significa “Escuela de Mecánica de la Armada”, y la identificación internacional “ARA” que forma parte del nombre del submarino hundido significa “Armada de la República Argentina”.)

Mientras tanto, en la misma jornada en que se emitió esa sentencia histórica, un amplio y heterogéneo grupo de sindicatos y otras organizaciones tuvieron el protagonismo de la multitudinaria protesta contra la reforma laboral y el saqueo del sistema jubilatorio realizada el miércoles pasado en Plaza Congreso.

El conjunto de fuerzas que convocaron constituyen, en principio, un nuevo frente social que probablemente ocupe un lugar esencial como oposición a la masacre que el régimen gobernante está perpetrando con sus políticas –llamadas “reformas”– que atentan contra los puestos de trabajo, el poder adquisitivo de los sueldos y jubilaciones, la industria nacional, los pequeños y medianos comerciantes y empresarios, y, en definitiva, contra el bienestar de la población en general.

Esa nueva plaza llena de gente que reclamaba por los derechos de todos y todas ocurre simultáneamente y en el mismo país donde hay familias y comunidades originarias que, junto con militantes populares y referentes de derechos humanos, tuvieron que encarar –trágica y necesariamente– nuevas luchas para exigir investigación, juicio y castigo por muertes recientes, las de Rafael “Rafita” Nahuel y Santiago Maldonado, también perpetradas por personal armado del Estado, como el genocidio de hace cuatro décadas.

Es igualmente el país y el tiempo donde los familiares de la tripulación del ARA San Juan exigen saber desesperadamente qué pasó con sus seres queridos y por qué ocurrió el hundimiento y aparente implosión, en un reclamo acompañado por el conjunto de la sociedad.

El gobierno es, ante todo, el impulsor y principal interesado en las “reformas” que perjudican derechos de trabajadores/as y jubilados/as. A su vez, frente a los crímenes del personal armado que actúa bajo su mando, justifica, defiende, encubre y amenaza con repetir. Y, frente a las familias víctimas de esos delitos y de la tragedia en el mar, ostenta indiferencia, desparpajo y desprecio.

El Congreso, donde la minoritaria coalición Cambiemos consigue mayorías gracias a la complicidad de la oposición oficialista, apenas unas horas después de que fuera del edificio legislativo una multitud repudiara el ajuste y el saqueo, aprobó en el Senado la rebaja de las jubilaciones y el pacto contra las finanzas provinciales.

Del Poder Judicial, como siempre, poco puede esperarse. En general trabaja a desgano y es negligente o cómplice cuando tiene que investigar, por ejemplo, delitos de violencia institucional (como los de los dos chicos asesinados en protestas mapuches). Para lograr condenar los crímenes del genocidio en la ESMA, hicieron falta cuarenta años de esfuerzos de luchadores populares. A su vez, ante un hecho como el del submarino, la Judicatura no tiene la menor capacidad institucional ni competencia técnica para investigar. Lo que debería ser el “servicio de justicia” también contiene estructuras burocráticas e inútiles, y eventualmente también corrompidas.

En los tres casos –gobierno, Congreso, sistema judicial– se muestran comportamientos en los cuales, como ocurrió antes del estallido del país en el año 2001, los poderes estatales que deberían representar el interés general actúan como corporaciones burocráticas sometidas a su vez a otras corporaciones –los intereses de los grandes poderes de facto locales e internacionales–, y que al mismo tiempo defienden sus conveniencias y privilegios.

La república como forma de gobierno y la representación democrática significan exactamente lo opuesto. Fueron creadas para respetar y defender los intereses, conveniencias y derechos del pueblo.