Una detención arbitraria que ya lleva 685 días, incumplimiento de las resoluciones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una prisión domiciliaria totalmente irregular revocada en menos de un mes, el regreso al penal de Alto Comedero y al hostigamiento permanente, varias causas armadas y una condena por un par de huevos que nunca tiró contra Gerardo Morales. Cuando se creía que nada más absurdo y grotesco podía verse en la persecución a Milagro Sala, arrancó el “juicio de las bombachas”.

La primera audiencia se realizó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Antonio Llermanos, Mario Puig y Luis Ernesto Kamada. Tanto Milagro como sus abogados la calificaron como “una farsa” y dijeron no tener ninguna expectativa favorable. “Hoy vengo a una sentencia, directamente”, señaló la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur al ingresar a la sala escoltada por tres penitenciarios.

Si bien se trata de un juicio oral y público, los magistrados decidieron desarrollar el proceso a puertas cerradas. Los periodistas sólo pudieron estar presentes unos pocos minutos para filmar y sacar fotos antes de que Llermanos los invitara a retirarse con la excusa de “lo estrecho del lugar”.

Pero en ese breve lapso, Milagro aprovechó para expresar algunas consignas, como “Patria sí, colonia no”, “No a la reforma previsional”, “No a la reforma laboral”, y sugerirles a los trabajadores de prensa que “tengan dignidad” y “no se dejen llevar por Gerardo Morales, que no toda la vida va a estar gobernando”.

“A todos los que están acá los conozco de pibitos, han peleado la calle, se han roto el traste laburando para poder llegar a ser periodistas. Y que hoy venga el (el intendente de San Salvador, Raúl) ‘Chuli’ Jorge, Gerardo Morales… ¿Saben quién es el que a mí me pedía coima? El Walter Morales. El Tucán Robles me pedía coima”, sostuvo al apuntar contra el presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo y el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, respectivamente.

No fueron los únicos funcionarios provinciales denunciados por Sala. También mencionó al actual ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, “que pedía retorno para la venta de las tierras” a su antecesor, Luis Cosentini, quien “nunca habló por temor a ir preso”.

“Hablemos de los funcionarios de Gerardo Morales. ¿Por qué no están presos? Y a ustedes, los periodistas, los usan para que hablen mal de mí. Dos años hablando estupideces mías, dos años hablando a los jujeños que soy la peor basura de Jujuy, cuando acá hay peores basuras que se están llenando los bolsillos. Hablemos de la megacausa. Hablemos de las empresas mineras. Hablemos de cómo corren a los pueblos originarios del Norte. Hablemos del ingenio La Esperanza, que está en manos de Rizzotti, que tiene prohibido tener cheques, está inhibido […] Hablemos del ingenio Ledesma, cómo están despidiendo a los trabajadores”, completó antes de que se fueran de la sala.

“quieren hacer esto lo más secreto posible porque es un escándalo, una descarada persecución política”

La defensa de Milagro hizo un planteo para que los medios pudieran permanecer durante la audiencia, pero el tribunal ni siquiera lo tomó en consideración. “Los echó sin ninguna resolución judicial fundada, algo sumamente irregular”, explicó a Contexto el abogado Marcos Aldazabal, y remarcó que los jueces “quieren hacer esto lo más secreto posible porque es un escándalo, una descarada persecución política”.

Bombachas y bombas

La “causa de las bombachas” se inició el 13 de octubre de 2014, cuando Natalia Vargas, hija de María Molina, cercana a Milagro, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto donde estaban vendiendo ropa que le habían robado a su madre. La policía demoró a la vendedora y a la denunciante, pero mientras la primera quedó muy pronto en libertad, Vargas siguió detenida.

Al enterarse de lo que sucedía, Milagro se comunicó telefónicamente con la Comisaría 56 y les dijo a los oficiales: “Quédense con las bombachas, pero dejen ir a la hija de María”.

La jefa de la seccional, Ángela Silvina Cabrero, y el oficial Rubén Vázquez acusaron a la dirigente social por “amenazas” recién diez meses después, cuando Gerardo Morales se encontraba en plena campaña como candidato a gobernador. Sus abogados fueron nada menos que Gastón Morales, hijo del actual mandatario, y Luciano Rivas, quien ahora se desempeña como secretario de Gobierno provincial. Más tarde se hizo cargo de la querella Eduardo Vergara, el mismo abogado que representó a Morales padre en la “causa de los huevos”.

“Está claro que es algo totalmente armado. Crearon una causa en un momento político oportuno e, increíblemente, esa causa llegó a juicio sin ninguna prueba”, indicó Aldazabal.

“Está claro que es algo totalmente armado. Crearon una causa en un momento político oportuno e, increíblemente, esa causa llegó a juicio sin ninguna prueba”

Cabrero se presentó a declarar ayer en la audiencia, pero Vázquez aún no dio la cara ante el tribunal. La comisario aseguró a los jueces que Milagro le dijo en aquella comunicación de 2014 que “cuando pusiera una bomba y volara todo la iban a conocer”.

Consultada por la defensa sobre si había tomado alguna medida ante la presunta amenaza, Cabrero sostuvo que llamó a la comisaría para preguntar quién le había dado su teléfono particular a la dirigente social y que al día siguiente fue a trabajar con normalidad. Luego le preguntaron cómo había conocido a Gastón Morales y a Luciano Rivas, a lo que respondió que “estaba buscando abogados y se los presentaron”.

En tanto, la testigo más importante de la querella es una mujer con una severa discapacidad producto de un ACV sufrido hace más de una década: “Tiene dificultades para caminar y, sobre todo, para comunicarse. El fiscal le preguntó: ‘¿Usted concurrió a la seccional 56 por algún trámite?’, ‘No me acuerdo’, dijo. ‘¿La llamaron para alguna declaración?’, insistió el fiscal. “Que yo sepa, no”, dijo. Le mostraron entonces el acta de la declaración testimonial que realizó dos días después del hecho, en la regional. Si bien reconoció su firma, no recuerda haber dicho lo que figuraba escrito. Desde ese momento, en los dos años que duró la instrucción, nunca fue citada a declarar”, informó la defensa de Milagro.

Durante la primera audiencia declararon dos testigos más. Uno de ellos es un policía que el día de los hechos se desempeñaba en el móvil de la comisaría y dijo haberse enterado del incidente por terceras personas. El otro es un cuartelero que sólo había escuchado que la comisario llamó a la seccional, pero no tenía ningún detalle de la comunicación. Para este viernes se esperan otros siete testimonios.

Milagro, por su parte, rechazó todos los cargos en su contra: “Nunca amenacé a nadie con unas supuestas bombas, como dicen. Ese no es mi léxico. Todos saben que putear, puteo. Todos saben que cuando me tuve que agarrar a piñas, me agarré a piñas. Pero todos saben que nunca he amenazado con una supuesta bomba, como dicen. Eso es mentira”.

“En las dos horas y medida del juicio nos dimos cuenta que Milagro tiene razón. Estos jueces ya tienen escrita la condena”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, otra de las abogadas de la dirigente social, que incluso fue apercibida durante la jornada por oponerse a preguntas sugestivas del fiscal.

La letrada también se quejó por “lo ridícula” que es la causa y agregó que no esperan justicia porque todo el proceso no es más que “una ficción” y “una farsa”.

Fallo de la Corte IDH 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el lunes pasado al Estado argentino que adopte “de manera inmediata” medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos. En ese mismo fallo, consideró incluso que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”.

El gobierno de Mauricio Macri tiene hasta el 15 de diciembre para cumplir la medida provisional, aunque por el momento sólo delegó la responsabilidad sobre la Justicia jujeña.

Aldazabal aclaró que esta resolución “sin precedentes” le exige al Estado nacional que “saque a Milagro del penal de Alto Comedero”, y debería cumplirlo porque los fallos de la Corte IDH son “vinculantes y obligatorios”, tal como establecen los artículos 63.2 y 68.1 de la Convención Americana, que tiene rango constitucional para la Argentina.

“Incumplir la medida de la Corte colocaría a nuestro país en una situación muy mala ante el concierto de naciones en relación a las políticas de derechos humanos. Sería sencillamente un escándalo”, subrayó el abogado.