Aunque solo el paso del tiempo permitirá una apreciación más rigurosa, provisoriamente puede afirmarse que en esta segunda quincena de noviembre se terminó el clima de fiesta vivido por la derecha desde que ganó las elecciones legislativas un mes atrás.

La tragedia del submarino tendrá repercusiones políticas imprevisibles. No es seguro que todas sean “malas” solo para el gobierno. Eso es difícil de anticipar porque los humores de la opinión pública son muy manipulables por quienes tienen el poder suficiente para hacerlo, aunque no siempre lo consiguen en un cien por ciento. Además, los hechos políticos que se pueden producir desde la sociedad civil –por ejemplo, en este caso, el “actor político” en el que se constituirán, dolorosamente, los familiares de los tripulantes– no son controlables para los aparatos de dominación. Desde allí siempre pueden surgir novedades que nadie previó.

Al mismo tiempo, y con un sentido político inverso, es posible –al menos eso: posible, no seguro– que la tragedia pueda ser otra carga en la mochila del kirchnerismo. Ello ocurriría si la maquinaria comunicacional del régimen gobernante logra instalar en la opinión pública, como intenta hacerlo desde el primer minuto, que “la culpa fue de los K” porque “igual que siempre se robaron todo” y la reparación de mitad de vida del navío fue otro acto de “corrupción” que determinó su implosión en el fondo del mar con el costo atroz –aunque hasta ahora no confirmado– de 44 vidas humanas.

Si esa falacia se instalara socialmente, luego vendrían jueces y fiscales inventando nuevas causas penales contra Cristina Kirchner, esta vez acusándola por el hundimiento del submarino y las muertes consiguientes. Esa fantasía delirante pasa a ser una posibilidad eventual en un país donde la fracción dominante de la Judicatura –mal llamada “Justicia”– actúa como aparato de acción política para perseguir a la oposición.

Pero más allá de estas y cualquier otra especulación sobre lo que podría pasar a futuro, hasta el momento el efecto político constratable es que la catástrofe humanitaria y militar del ARA San Juan le cambió la agenda al gobierno y las corporaciones aliadas. Con una población conmovida y con la natural solidaridad que este tipo de sucesos generan hacia quienes sufren inmenso dolor, Mauricio Macri y todo el oficialismo quedaron descolocados y ante el desafío jamás imaginado de tratar de pagar el menor costo político posible por una catástrofe en el fondo del mar.

Es el primer imprevisto de importancia que le aparece en medio de la euforia poselectoral y cuando estaban en plena ejecución de la ofensiva que, con ese aval en las urnas, desataron contra los derechos e intereses populares a través de las llamadas “reformas” laboral, jubilatoria e impositiva.

Senado, decisiones y motivos

Completamente por fuera de la tragedia del submarino, hubo otro hecho que no puede considerarse totalmente imprevisto pero sí es el primer obstáculo de importancia para los planes de la derecha en su ambicioso y hasta el momento impune intento por arrasar con las conquistas de la clase trabajadora: la oposición oficialista (“opo-oficialismo”) informó que la “reforma laboral” no sería tratada por el Senado de forma inmediata, sino cuando hayan asumido los nuevos miembros de la Cámara surgidos de la elección del 22 de octubre.

La decisión fue comunicada por el senador Miguel Pichetto, presidente de la bancada del PJ-Frente para la Victoria –el nombre del bloque cambiará a partir del año que viene–, quien desde ese rol legislativo es el jefe de los colaboracionistas parlamentarios del macrismo.

(Digresión: dentro de su tarea de favorecer al régimen gobernante, Pichetto se encarga de acentuar cada vez más su prédica antikirchnerista y hace todos los esfuerzos retóricos para que esa identidad política creada por Néstor Kirchner y hoy liderada por Cristina parezca ajena al conjunto del peronismo. Es más: para atacar a la exjefa del Estado utiliza un verbo/concepto con una carga de significación sumamente beligerante y agresiva, al acusarla de querer “dinamitar todo”).

La postergación del tratamiento del proyecto para eliminar derechos y conquistas de los trabajadores y trabajadoras es un módico pero concreto freno para el oficialismo. Sus pretensiones eran que se aprobara cuanto antes, “en caliente”, con el viento a favor de su triunfo electoral, pero sobre todo antes de que Cristina Kirchner empiece a ejercer efectivamente su mandato como senadora a partir del 10 de diciembre.

La presencia institucional de la expresidenta en el Congreso es garantía de que se harán explícitas y en cierta medida visibles situaciones que hasta el momento se ocultaban, entre ellas la gravedad del daño que provocan y provocarán al conjunto de la sociedad y al futuro del país las medidas que toma el gobierno.

La mencionada “visibilidad” será probablemente modesta y relativa debido al sabotaje informativo y la propaganda ideológica antikirchnerista, disfrazada de periodismo, que ejecutan minuto a minuto las cadenas mediáticas dominantes junto con las redes digitales envenenadas por la acción psicológica de la derecha. Aun con esa limitación, el desempeño de Cristina como legisladora significará un avance respecto de la anemia opositora sufrida por el país desde que asumió Macri.

De cualquier modo, lo más importante del caso es observar las motivaciones por las cuales los senadores opo-oficialistas resolvieron que no estaban dadas las condiciones para avanzar, al menos por ahora. Y esas motivaciones/razones se pueden encontrar en que, desde un amplio y heterogéneo espacio sindical en plena construcción, respaldado por movimientos sociales y otras organizaciones populares, está en marcha un proceso creciente de oposición y resistencia a los planes de Macri y los poderes de facto.

Un nueve frente social

A pesar de la complicidad de la fracción dominante del gremialismo con todas las tropelías del gobierno iniciado hace casi dos años, complicidad ratificada y simbolizada en el aval del triunvirato de conducción de la CGT hacia el proyecto de “reforma laboral”, de a poco va tomando forma el surgimiento de un polo opositor con base en un grupo de gremios y que además cuenta con apoyos diversos en la sociedad civil.

La gestación del realineamiento sindical tiene, quizás, la misma antigüedad que el macrismo en el gobierno, es decir, dos años. Algunas muestras del proceso fueron las acciones conjuntas de las dos CTA, encabezadas respectivamente por Hugo Yasky y Pablo Micheli, las cuales se habían separado durante el kirchnerismo y tuvieron estrategias contrapuestas frente a aquel gobierno. También fue muestra de ese proceso la creación en 2016 y el fortalecimiento de la Corriente Federal de Trabajadores, liderada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Con la misma orientación política puede interpretarse la distancia respecto de la cúpula de la CGT que fue tomando paulatinamente Pablo Moyano, quien reemplaza a su padre Hugo en la conducción del sindicato de Camioneros y en los años anteriores fue un furibundo antikirchnerista, pero hoy es uno de los pilares en que se asienta el novedoso agrupamiento gremial contrario a la embestida del gobierno.

En similar sentido, y sin que esta enumeración sea estricta, sino solo orientativa, en las últimas semanas también se produjeron importantes avances en posicionamientos y acciones conjuntas para enfrentar el ajuste y el saqueo por parte de sindicatos de provincias como Córdoba y Santa Fe, muy importante por su peso poblacional y político, donde Cambiemos ganó ampliamente tanto la elección presidencial de hace dos años como la legislativa reciente.

Como resultado de ese complejo y extendido proceso, los referentes sindicales resolvieron realizar el próximo miércoles 29 una movilización frente al Congreso de la Nación. Los nombres más destacados entre los convocantes son los de la CFT (Corriente Federal de Trabajadores), las dos CTA y gremios disidentes de la cúpula de la CGT.

Pero la diversidad de organizaciones que sustentan la convocatoria abarcan a los movimientos sociales con arraigo en territorios y sectores de las clases populares más emprobrecidas, como la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular) y la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), así como a entidades del empresariado pyme, militantes por los derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, trabajadores de la cultura y otras múltiples expresiones de la sociedad civil.

Emerge, quizás, un nuevo frente social que eventualmente –el futuro no puede adivinarse, pero sí pueden interpretarse señales de la realidad– logre constituir un obstáculo contra las políticas de devastación nacional que se vienen ejecutando desde diciembre de 2015.

Tal vez, para el gobierno y las corporaciones –las económicas, judiciales, mediáticas, etcétera– ese fenómeno político surgido desde las bases sociales sea también un imprevisto. No tan imposible de anticipar como la tragedia del submarino ARA San Juan, pero que por obra del azar ocurre al mismo tiempo y posiblemente marquen el final de la fiesta que vivía la derecha hasta ahora, y el comienzo de una etapa más prometedora para la defensa de los intereses del pueblo y de la nación.